Pereira estaba preso en la cárcel de Domingo Arena por el ataque a los militantes de la Unión de Juventudes Comunistas (UJC). Los delitos que se le adjudicaron fueron abuso de autoridad y privación de libertad con triple reiteración.
Según el fallo judicial, el expolicia se dedicaba a «tareas de detección y represión de conductas ilícitas protagonizadas por integrantes de grupos de personas ideológicamente opuestas al Gobierno de la época» y tomó «activa participación en el mantenimiento de la privación de libertad y la producción de malos tratos (torturas)», informó M24.
El homenaje «agravia a las propias víctimas y a la sociedad toda», sentencian. Y no solo eso, sino que también «incumple con las obligaciones del Estado de acuerdo a los compromisos internacionales y regionales suscriptos por nuestro país desde la participación en la aprobación de los principios del Tribunal de Nuremberg».
Crysol solicitó que el Estado investigue lo sucedido y adopte «enérgicas sanciones al respecto de acuerdo a las normas vigentes».