Aseguran que el actual parlamentario es «firme defensor de la prepotencia policial y del gatillo fácil, un punitivista empedernido y de la LUC, ley de la cual casi 800.000 personas han manifestado su decisión de anular 135 artículos y meta que acompañamos como colectivo organizado».
Remarcan «la importancia de lograr objetivos como la más profunda democratización del Poder Judicial» en defensa de la institucionalidad democrática.
«La propia sentencia deja en claro que se trató de una actividad convocada públicamente por varias organizaciones sociales, cubierta por medios masivos de comunicación, pacífica, momentánea y transitoria, que no generó daños y fue disuelta rápidamente por la policía sin necesidad de emplear medios de disuasión de ningún tipo», sentenciaron.
Al final, ratifican su «solidaridad y apoyo con los procesados». Recuerdan que algunos fueron presos políticos durante el terrorismo de Estado. Además, «redoblaremos nuestros esfuerzos militantes para lograr que los responsables de las grandes violaciones a los derechos humanos de la dictadura, crímenes de Lesa Humanidad, sean juzgados, condenados y cumplan los castigos penales que las normas establecen».