La organización argumenta que se trata de “una iniciativa destinada a mitigar el castigo penal impuesto por la Justicia al reducido grupo de criminales en prisión” y que, “adicionalmente, actúa de manera preventiva para los nuevos procesamientos que puedan ocurrir y desalienta a los operadores judiciales que promueven las causas”.
También recuerda que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, “ya ha expresado públicamente que considera positiva la iniciativa, al igual que algunos referentes gubernamentales”.
Por lo anterior, la asociación solicitó a la CIDH “que se expida negativamente sobre la iniciativa, recuerde al gobierno los compromisos asumidos internacionalmente en materia de justicia y las recomendaciones de los Relatores Especiales de la ONU pendientes de implementación en materia de resarcimiento a las víctimas del terrorismo de Estado”.