Ante esta realidad, la respuesta de la oposición política ha sido desoladora. El senador colorado Gabriel Gurméndez expresó con ligereza: “No se garantiza que el dinero vaya para la alimentación o la salud del niño. Puede terminar en cigarros, cajas de vino o algo peor”. Para no ser menos, la senadora nacionalista Graciela Bianchi —infaltable en este tipo de debates— remató afirmando que “lo peor que se le puede hacer a los pueblos es regalarles plata porque no se esfuerzan ni se educan”. A este coro se sumó el senador colorado Pedro Bordaberry, quien criticó en conferencia de prensa: “Cobran la transferencia para los niños y se compran un celular nuevo, cobran la transferencia para los niños y se van a gastarlo, vayan a saber a gastarlo en qué”.
Estas expresiones de los que tienen todo, con generosos patrimonios y salarios de $250.000, se disfrazan bajo el supuesto celo por el control del dinero de los contribuyentes y la defensa de lo público. Sin embargo, lo que verdaderamente subyace a estas afirmaciones es la persecución, estigmatización y criminalización de la pobreza. Es una postura que busca obsesivamente poner el foco en cómo gastan los pobres, como si ese fuera el principal problema del Estado uruguayo, cuando en realidad el desafío más crítico que compromete nuestro presente y futuro es la infantilización de la pobreza y sus efectos devastadores.
Además, son afirmaciones cargadas de prejuicios que chocan de frente con la realidad. El propio Mides se ha encargado de aclarar que sus monitoreos demuestran que las familias en situación de extrema vulnerabilidad destinan de forma natural la enorme mayoría de sus recursos a necesidades básicas como comida, vestimenta y calefacción. ¿Pueden existir casos aislados en los que se malgaste el dinero? Sí, por supuesto que puede ocurrir; pero para esos casos deben activarse los mecanismos de acompañamiento social y las herramientas de corrección del Estado, no el castigo preventivo y generalizado. Cabe preguntarse, además, cómo pretenden resolver la pobreza quienes hoy critican, cuando durante su propio período de gobierno la desigualdad se profundizó.
La doble vara de los "malla oro" del Parlamento
De acuerdo con los datos publicados por el economista y diputado Bruno Giometti, en Uruguay el gasto tributario, es decir las exoneraciones fiscales que recibe el capital, supera los 5.000 millones de dólares anuales. Esto representa el 6,7 % del PBI, casi el doble del promedio latinoamericano (que ronda el 3 % o 4 %). Los principales tributos que el Estado resigna son el IVA (44 %), el IRAE (22 %) y el Impuesto al Patrimonio (21 %).
El propósito aquí no es cuestionar en sí misma la promoción de inversiones que son necesarias para el desarrollo del país. Lo llamativo y éticamente inaceptable es que estos enormes beneficios fiscales se otorguen, por ejemplo, a shoppings, grandes cadenas de supermercados y al sector financiero, sin que a los legisladores de la oposición se les mueva un pelo.
Para los grandes grupos económicos no hay reclamos a viva voz exigiendo contraprestaciones ni controles estrictos sobre los miles de millones de dólares que todos los uruguayos financiamos indirectamente. Nadie en el Parlamento se pregunta, con tono inquisidor, si los empresarios del campo o de las finanzas se compraron una nueva camioneta 4x4 o el último iPhone, o si se fueron a un all inclusive con la riqueza que el Estado les permitió no tributar. Al parecer, la rigurosidad fiscal y el ojo juzgador se aplican únicamente cuando el dinero va al plato de comida de un niño de contexto vulnerable.
¿Son efectivas las transferencias?
A lo largo de los años se ha demostrado que las transferencias directas a las familias son un instrumento indispensable para combatir la indigencia y la pobreza. Es cierto que por sí solas no van a resolver la complejidad de la problemática social, pero en lo inmediato salvan vidas porque aseguran que los hogares más empobrecidos puedan servir un plato de comida en su mesa.
La transferencia es una urgencia hoy impostergable. Sin embargo, Uruguay debe apuntar a un horizonte mucho más amplio. El camino de salida definitiva exige resolver los problemas de acceso a la salud, al empleo de calidad, a la vivienda digna, a la educación de primer nivel, a la cultura, la recreación y la seguridad pública. Solo abordando estas dimensiones estructurales lograremos dejar de depender de las transferencias. Pero mientras construimos esa sociedad del futuro, el crecimiento y desarrollo de los niños no puede esperar, y mucho menos pueden ser rehenes de la mirada mezquina de quienes lo tienen todo.
