Este dato de partida muestra el ingreso a una zona gris, que se ennegrece cuando las autoridades del Mides se niegan a proporcionar el contrato firmado con Uruguay Adelante (UA), la ONG en cuestión, cuyos responsables dicen trabajar de forma honoraria. Todo lo que se ha difundido sobre ella y su gestión solo se conoce a través de sus propios voceros y ahora por sus empleados.
Por su parte, el gobierno, caracterizado por el firme impulso a las auditorías de gestiones pasadas, fundamentándolo en la búsqueda de la cristalinidad, no es transparente en este caso. Para empezar, contrató a la ONG citada por un procedimiento de compra directa sin efectuar un llamado público basado en artículo 482 de la Ley 15.903, modificado por la LUC. Esta norma dicta que «los convenios o acuerdos específicos deberán contener cláusulas que establezcan detalladamente los requisitos en materia de rendición de cuentas, evaluación del cumplimiento de los objetivos y resultados esperados, así como los instrumentos y formas de verificación requeridos por la entidad estatal contratante».
Nada más natural sería que, en ejercicio de la cristalinidad postulada, el gobierno diera a conocer espontáneamente el contrato firmado con la ONG. También sería esperable que explique cuáles son los mecanismos gubernamentales aplicados al control de la gestión de la ONG para conocer cómo esta invierte el dinero de todos los uruguayos.
Se trata de saber a quiénes compra y a qué precios lo hace, cuáles con los costos de los fletes que paga y el alquiler de los depósitos que ocupa. El conocer ahora que se están pagando sueldos en negro a 20 trabajadores cuando se los definía como voluntarios muestra que la contabilidad de esta organización, si existe, no es presentable en términos formales.
Tampoco se conocen los montos de las donaciones de particulares que la ONG requiere a empresas ni cuáles son estos. Sobre el punto, Santiago Pérez -uno de los dos rostros visibles de UA- contestó que no puede dar esa información porque «los que ponen la plata piden reserva, pero han sido unas cuantas empresas y personas», informó la diaria en su edición del 13 de mayo. De manera que toda la gestión de esta ONG creada para la ocasión está en medio de una espesa neblina. Una neblina que tristemente se espesa cuando el gobierno posterga indefinidamente su respuesta a dos pedidos de informes sobre su adjudicación.
