Como resultado del operativo fueron detenidas dos mujeres: la propietaria de la vivienda y la encargada del establecimiento, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.
Tras la evacuación, los organismos públicos coordinaron el traslado y la asistencia inmediata de los residentes. El Ministerio de Salud Pública, junto con el Ministerio del Interior y otros servicios estatales, dispuso un operativo para garantizar alimentación, limpieza, controles médicos y cuidados permanentes para las personas afectadas.
Cuidado de ancianos
El caso volvió a poner sobre la mesa una realidad que desde hace años preocupa a las autoridades y a las organizaciones vinculadas al cuidado de las personas mayores: la proliferación de residenciales que funcionan de forma clandestina.
El presidente de la Asociación de Residenciales, Sabino Montenegro, sostuvo que el episodio ocurrido en La Unión está lejos de ser un hecho aislado. Según indicó, actualmente existen alrededor de 1.200 residenciales que operan sin la habilitación correspondiente del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
Las imágenes difundidas tras el allanamiento mostraron habitaciones superpobladas, escasas condiciones de higiene y un evidente deterioro de las instalaciones, reflejando una situación de vulnerabilidad extrema para quienes residían allí.
Montenegro señaló que la existencia de estos establecimientos irregulares representa uno de los principales desafíos del sistema de cuidados para personas mayores, ya que funcionan al margen de los controles estatales y, en muchos casos, ofrecen servicios sin cumplir los requisitos mínimos de infraestructura, personal capacitado o atención sanitaria.
El desafío de fortalecer los controles
El envejecimiento de la población uruguaya ha incrementado la demanda de centros de larga estadía, pero también ha favorecido la aparición de ofertas informales que operan sin supervisión oficial.
Especialistas en gerontología advierten que los residenciales habilitados deben cumplir exigencias relacionadas con la infraestructura, alimentación, higiene, atención médica, seguridad y cantidad de personal, condiciones que buscan garantizar una atención digna y proteger los derechos de las personas mayores.
El operativo realizado en La Unión reabre el debate sobre la necesidad de reforzar las inspecciones, mejorar la fiscalización y ampliar las alternativas de cuidados para evitar que personas en situación de dependencia terminen alojadas en establecimientos clandestinos, donde su salud y su integridad pueden verse seriamente comprometidas.
Mientras continúa la investigación judicial para determinar las responsabilidades de las detenidas, las autoridades trabajan en la reubicación y el seguimiento sanitario de las personas rescatadas, con el objetivo de asegurar que reciban la atención adecuada luego de haber permanecido en condiciones que, según constataron los equipos intervinientes, no eran compatibles con una vida digna.
