Ese enfoque deja en un segundo plano preguntas igualmente relevantes: ¿qué ocurre con el aparato productivo?, ¿cómo evolucionan el empleo de calidad y los ingresos reales?, ¿qué efectos tienen los recortes del gasto sobre la educación, la salud, la ciencia o la infraestructura?, ¿quiénes soportan el costo social del ajuste?. ¿a quien está beneficiando el modelo?. ¿Quiénes pagan más impuestos y tarifas más altas y quienes está exonerados?-
La experiencia latinoamericana muestra que la estabilidad macroeconómica es una condición importante para el desarrollo, pero difícilmente suficiente. El crecimiento sostenido requiere inversión productiva, innovación, fortalecimiento institucional, políticas sociales eficaces y un Estado con capacidad para impulsar el desarrollo. Cuando el éxito de un programa se mide casi exclusivamente por variables fiscales y financieras, el riesgo es confundir la estabilidad contable con el bienestar social. Y en este caso la Argentina de Milei ni esto pasa.
No es la primera vez que el FMI respalda con entusiasmo programas de ajuste más que profundo perverso. A lo largo de su historia en América Latina, el organismo ha acompañado estrategias que priorizaron la consolidación fiscal y la apertura de mercados bajo la premisa de que los beneficios terminarían derramándose sobre el conjunto de la sociedad. Los resultados han sido heterogéneos y continúan siendo objeto de intenso debate entre economistas y responsables de políticas públicas.
Resulta llamativo que, aun reconociendo desafíos pendientes vinculados al empleo, el crédito, la infraestructura y la sostenibilidad política de las reformas, el mensaje institucional del Fondo sea esencialmente celebratorio. Este respaldo adquiere además una dimensión política inevitable. Argentina es el principal deudor del FMI y concentra una parte sustancial de la cartera de préstamos del organismo. La continuidad y credibilidad del programa tienen implicancias que trascienden la economía argentina y alcanzan a la propia reputación institucional del Fondo.
Desde una perspectiva crítica, esto obliga a preguntarse si el éxito del programa se está evaluando principalmente desde la óptica de los mercados financieros y de la capacidad de repago de la deuda, más que desde sus resultados sobre el desarrollo humano y productivo.
Una señal que también interpela a Uruguay. Para Uruguay, este debate no debería pasar inadvertido.La reciente visita de la directora gerente del FMI volvió a colocar al organismo en el centro de la agenda económica regional. Más allá de la cordialidad diplomática propia de este tipo de encuentros, conviene recordar que las recomendaciones del Fondo nunca son políticamente neutras: expresan una determinada visión sobre el papel del Estado, el mercado, la política fiscal y el desarrollo. Por eso, más que celebrar fotografías protocolares o construir relatos de cercanía institucional, el desafío consiste en debatir abiertamente qué modelo de desarrollo necesita Uruguay y cuáles son las condiciones para crecer con estabilidad, productividad e inclusión social.
La discusión de fondo no debería reducirse a si un país logra el equilibrio de sus cuentas públicas. La verdadera pregunta es otra: ¿ese equilibrio fortalece las capacidades productivas, mejora la vida de la población y amplía las oportunidades de desarrollo, o simplemente garantiza la confianza de los acreedores internacionales?. Es precisamente allí donde la evaluación del caso argentino continúa abierta. Porque la macroeconomía puede mostrar señales positivas, pero el verdadero juicio sobre un modelo económico siempre termina realizándose en la vida cotidiana de las personas.
