Estudio de cobranzas fue denunciado por inventar deudas, extorsionar familiares y amenazar empleados

Paz adjuntó 16 GB de material probatorio (documentos internos, guiones de cobranza y grabaciones de audio) en los que se describen “simulaciones de créditos inexistentes, el uso o la amenaza de cortes de servicios básicos (agua, electricidad, telefonía) como mecanismo de presión y amenazas a familiares de deudores”.

El material también refiere a la “posibilidad de descuentos automáticos de sueldos y jubilaciones sin habilitación legal y al cobro de deudas prescriptas”, advirtió.

Los socios de la empresa denunciada

Norres S.R.L., cuyo nombre de fantasía es Vitriol Company, fue creada a mediados de 2017, y tiene como principal objeto comercial “realizar por cuenta propia o de terceros y/o asociadas a terceros de forma telefónica y/o personal: recupero de soluciones integrales en gestión de cobranzas deudas, gestión de mora, compra y venta de carteras de deudores, asesoramiento para recupero de pasivos, promoción y venta del servicio”, según consta de la publicación en el Diario Oficial.

Inicialmente, la sociedad fue formada por la uruguaya Tatiana Ximena Milano Astor (10 cuotas) y el argentino Laureano Pardo Toconac (10 cuotas), un conocido productor musical que saltó a la fama trabajando con bandas locales como Marama y Rombai.

Posteriormente, en diciembre de 2017, Pardo Toconac cedió 5 cuotas al abogado Matías Fabricio Consonni De León, exasesor del Ministerio de Relaciones Exteriores (2011-2012), que desde julio de 2025 es el secretario general del Tribunal de Cuentas de la República Oriental del Uruguay (TCR), lugar en el que se desempeña desde 2012.

En julio de 2018, Pardo Toconac cedió las 5 cuotas que aún percibía a Consonni De León (3 cuotas) y Milano Astor (2 cuotas). Finalmente, en 2022, Consonni De León cedió todas sus cuotas a Milano Astor, menos una que fue cedida a Javier Milano Pérez.

Por lo tanto, la empresa Vitriol Company (Norres S.R.L.), actualmente está conformada por su directora y administradora Tatiana Ximena Milano Astor (19 cuotas) y Javier Milano Pérez (1 cuota).

“Los medios empleados son violentos, deshumanizantes e ilegítimos”

Paz narra que el 1° de abril de 2025 comenzó su relación laboral con la empresa Vitriol Company, la cual se dedica a la gestión extrajudicial de activos, debiendo los empleados de esta, como tarea principal, cobrar deudas por vía telefónica.

“Lo que inicialmente se perfilaba como una experiencia laboral formativa mientras esperaba la expedición de mi título de abogado, terminó convirtiéndose en una situación preocupante, en la que fui testigo directo de conductas irregulares y presuntos hechos delictivos”, relató el exempleado de la empresa en la denuncia.

Aseveró que “en los hechos denunciados no solo me incluye a mí como víctima, sino también a terceros”, debido a la “metodología de trabajo contraria a derecho” que presuntamente utilizaba la empresa para ejecutar el cobro de las deudas.

Si bien aclara que cobrar deudas es un fin legítimo, apuntó que “los medios empleados son violentos, manipuladores, deshumanizantes e ilegítimos, tanto con los deudores, como con los propios trabajadores” de la empresa. Los empleados “no son meros ejecutores, sino víctimas de un aparato corporativo que los obliga a mentir, presionar, manipular y transgredir sus propios principios éticos y profesionales, bajo un régimen de vigilancia, sanciones, violencia y miedo”, acusó.

Según el denunciante, “el funcionamiento de la empresa se sostiene sobre un esquema de engaño sistemático, no limitado a un par de falsedades o mentiras aisladas, sino estructurado como una auténtica maniobra escénica cuidadosamente elaborada en todos sus detalles, cuyo fin es obtener pagos indebidos lesionando bienes jurídicos, al mismo tiempo que obliga a los trabajadores a actuar contra sus propios derechos”, acusó el abogado.

El manual de “Malas Noticias”

Indicó que a los empleados “se les impone —bajo violencia y amenazas— que repitan un guion (nombrado como “speech”) a la exactitud, hasta con tonos y pausas marcadas”, que incluye advertencias como que se le descontará del sueldo o la jubilación de forma automática al deudor, “siendo esto jurídicamente falso por cuanto la normativa no permite retenciones automáticas y si iniciaran el proceso judicial, tampoco podrían retenerlo ni del sueldo ni de la jubilación”, explicó.

El denominado guion de “malas noticias” utilizado para trabajar, comienza con un “¡Hola! ¿María? Que suerte que puedo hablar con usted (tono grave y preocupado), pero lamentablemente no le tengo buenas noticias (pausa), le habla Juan desde el despacho de Vitriol, por una diligencia privada, es para informarle sobre un descuento automático del sueldo/jubilación que va a empezar a percibir, ya que nosotros no hacemos cobranza”. Paz afirmó que el speech “hay que repetirlo con las palabras, los tonos y las pausas exactas, de lo contrario al trabajador se lo someterá a violencia y amenazas”. Indicó que los supervisores obligan a los empleados -y los corrigen si no lo hacen- a utilizar la expresión “descontar” en vez de “retener”, para causar “más impresión”, puesto que “descuento impacta más” en el deudor.

“También es obligatorio mencionar que la deuda impedirá contratar servicios públicos como UTE, OSE y ANTEL, cuando dicha consecuencia no existe en la normativa vigente”, advirtió Paz. “Decir que una persona no va a poder contratar luz, agua o teléfono por una deuda con una financiera es: jurídicamente falso, fácticamente irreal y éticamente escandaloso. Los organismos estatales no niegan servicios básicos por deudas con empresas privadas, y mucho menos actúan como órganos de castigo extrajudicial. Los trabajadores se ven obligados, mediante violencia y miedo, a decirlo y repetirlo cientos de veces al día”, denunció Paz.

Cuestionó, además, que los trabajadores son instruidos a “decirles a los deudores ingresarán a la central de riesgos del Banco Central del Uruguay (BCU), aun cuando ya están allí desde hace años, usándose esta amenaza como si tuviera efectos prácticos inmediatos”. El guion “hace parecer que el ingreso a la base de deudores del BCU es una consecuencia futura de no pagar ahora”. Se les intenta hacer sentir a los deudores que "lo peor está por venir", explicó el denunciante.

Asimismo, criticó que se le engaña diciendo que las deudas no prescriben, “negando abiertamente el principio de prescripción consagrado en nuestro sistema jurídico”. Afirmó que, en muchos casos, “las obligaciones -reclamadas- se encuentran prescriptas”, por ejemplo, indicó “un caso extremo del año 2003”. “Gran parte de las amenazas se basan en deudas carentes de viabilidad legal”, denunció.

Paz añade que “al trabajador se le instruye que, al momento de comunicar el monto adeudado, no debe hacerlo en base a cifras reales, sino que debe inventar el importe, fijándolo en valores que triplican el valor real actualizado. Además, se le exige que las cifras presentadas no sean redondas, sino que contengan números específicos y aleatorios para conferir mayor apariencia de veracidad. Por ejemplo, en lugar de informar que la deuda asciende a $150.500, debe afirmar que el monto actualizado es de $167.452, a fin de reforzar la ilusión de precisión y legitimidad”.

“Manipulación, engaño y coacción a nivel extremo”

Advirtió que en el inicio de las conversaciones “se les dice a los deudores que la empresa no hace cobranzas, y que solo llaman para notificarle del descuento que percibirá”. “Luego de realizar una simulación con las más diversas y originales mentiras, se le dice al deudor que hay un descuento que figura en la carpeta que no sabe si se le llegó a informar. Ahí aparece la figura del abogado —inexistente— en donde los supervisores se hacen pasar por abogados al teléfono y los trabajadores deben hacerle saber al deudor que hay un equipo jurídico a punto de ejecutarlo si no acepta pagar el “descuento” que en su momento supuestamente se le ofreció”.

El denunciante señaló que se menciona que hay abogados físicamente en el estudio “para generar intimidación, simulando la presencia y asesoría legal que jamás existió”. “Hacen poner “mute” o gritar “abogado/doctor” en el teléfono para engañar al deudor”, acusó. “El operador debe simular una consulta legal con alguien inexistente o con el supervisor, para luego "volver" con una oferta de pago supuestamente aprobada por un profesional”, indicó Paz. “Esta práctica no es esporádica ni improvisada: es enseñada de forma premeditada e incluso monitoreada como indicador de desempeño”, aseveró el exempleado.

Denunció también que “les mienten a los deudores haciéndoles creer que tienen su documentación en su poder y que la “carpeta”, la cual también es inexistente, se va de la empresa en dos días, siempre a la hora 14:30”, precisó el abogado.

“La obra escénica está tan cuidadosamente diseñada que se instruye a los trabajadores para que manipulen hojas sueltas cerca del micrófono, generando el sonido del movimiento de papeles, con el único fin de reforzar la ilusión de actividad jurídica real. Incluso se les exige fingir la lectura de documentos como si fueran parte del expediente que, supuestamente, está a cargo de un abogado que iniciará el proceso en el plazo indicado”, detalló Paz sobre el modus operandi.

El extrabajador apuntó que la empresa apelaba a la “manipulación emocional de manera sistemática, dañando a los deudores y a los propios trabajadores”.

“La empatía real está totalmente prohibida, pero la empatía falsa no solo se permite, sino que se obliga a demostrarla. Se instruye al personal para que finja empatía mediante relatos personales completamente ficticios: trabajadores jóvenes deben afirmar tener hijos y ser padres de familia, tener enfermedades graves, situaciones precarias o experiencias traumáticas que jamás vivieron, con el fin de generar culpa o identificación emocional en los deudores”, denunció Paz.

El denunciante acusó que “la empresa amenaza y agrede a cualquier ser humano que se le cruce por el camino, no importa que sea vecino, amigo, hermano, hijo, madre, abuela, tío, esposo o expareja, hasta obligan a llamar al trabajo o a números que ni siquiera conocen al titular de la deuda”. En esos casos “se amenaza a los terceros con el fin de que informen el número de celular del deudor con cosas como ‘están perjudicando al titular de la deuda’, o les mienten diciendo que es para un descuento comercial, haciéndole creer que es por algo bueno”, apuntó Paz.

Después de que a algunos deudores “ya los han torturado anteriormente sin éxito, obligan a los empleados a cambiar el guion a ‘buenas noticias’, ofreciéndole al deudor financiar en cuotas el triple del monto real actualizado”, señaló.

Además de “lo irreal” de las “buenas noticias”, “todo el entorno laboral resulta tétrico y profundamente hipócrita. La vulnerabilidad de los deudores —ancianos, enfermos, personas en situación de fragilidad— no modera el guion impuesto, sino que, paradójicamente, lo refuerza. Lejos de atenuarse, las prácticas abusivas se intensifican sobre quienes menos posibilidades tienen”, advirtió el abogado.

La estructura “elaborada, persistente y lesiva, cuya gravedad excede con creces los antecedentes conocidos, exige una respuesta proporcional por parte de las autoridades”, señaló Paz. Sostuvo que “el daño generado es inconmensurable” y la gravedad se puede resumir citando un comentario de una señora llamada Silvana, que, en la página de la empresa, refiere que las tácticas empleadas “la han llevado a pensar en la muerte”. “No está exagerando, es un resultado esperable del nivel de violencia ejercido ante los deudores, de lo que fui testigo directo”, aseveró.

Asimismo, mencionó que “la gran cantidad de víctimas, el nivel de daño causado a sus derechos, y el hecho de que muchas de ellas se encuentran en situación de vulnerabilidad, hacen imprescindible una intervención con celeridad”, indicó.

“Hostigamiento y maltrato” a los trabajadores

Paz enfatizó que la empresa utiliza una “técnica de intimidación basada en mentiras tan grotescas que rayan el delirio institucionalizado”. Explicó que este modelo de funcionamiento “alcanza un nivel de contradicción institucional difícil de justificar: en la misma sala donde el supervisor E.N.A. (de 25 años, quien se presenta como ‘Rodrigo’ ante deudores para ocultar su identidad) ejerce hostigamiento y maltrato sobre más de quince trabajadores, se exhiben frases motivacionales como ‘creemos un buen ambiente’ o ‘lo único imposible es lo que no intentas’; mientras los empleados son sometidos a una vigilancia constante, gritos, humillaciones públicas y coacciones para repetir un guion con exactitud bajo amenaza, se construye una fachada discursiva de bienestar laboral completamente disociada de la realidad”, apuntó el extrabajador de la empresa.

También hizo hincapié en que “el guion impuesto por la empresa -a sus empleados- fabrica procedimientos inexistentes y ejerce presión psicológica basada en simulaciones jurídicas ilegítimas”. En ese sentido, advirtió que la empresa despliega un notable nivel de planificación y esfuerzo en la elaboración de las simulaciones. No se trata solo de un guion detallado -que incluye entonaciones y pausas a repetir de manera exacta-, sino que su estricto cumplimiento es exigido bajo un contexto de violencia, coacción y temor, con un cuidado minucioso en los detalles, orientado a reforzar la credibilidad del engaño ante los deudores”.

A su vez, indicó que “en medio de las llamadas, los supervisores se colocan a espaldas de los trabajadores, sacan un auricular y gritan lo que deben decir, literalmente utilizan la violencia explícita para que realicen un acto o digan lo que ellos piden. Algunas veces hasta retiran las vinchas, interrumpen la conversación con el deudor y hablan ellos. Los golpes en la mesa por parte de los supervisores son todo el tiempo, se utilizan para enfatizar los mensajes”, afirmó Paz.

“El trabajador debe seguir un guion que directamente promueve la teatralización emocional como política institucional, y eso es de lo más macabro que se puede encontrar en el sector”, remarcó Paz. Apuntó que los supervisores realizan una “vigilancia permanente, tanto visual como auditiva, donde el trabajador debe modular cada palabra, cada gesto y cada expresión facial, generando un estado de hipervigilancia emocional constante”, donde el trabajador “no tiene posibilidad real de resistirse sin ser agredido o violentado. Se convierte así, paradójicamente, en víctima y vehículo de un mecanismo de intimidación, operando en condiciones coaccionadoras, restringiendo la libertad del trabajador y obligándolo con violencia a realizar la conducta exigida”, apuntó el denunciante.

Según Paz, “los trabajadores son la primera víctima del sistema. En efecto, la exposición permanente a situaciones de hostigamiento, presión desmedida, amenazas y humillaciones genera cuadros severos de estrés, ansiedad e insomnio, cuya traducción física resulta evidente en síntomas como cefaleas crónicas, contracturas musculares persistentes, dolores auditivos, aumento de la tensión arterial y fatiga extrema”. El abogado concluyó que la empresa Vitriol Company no cobra una deuda, sino que “se asfixia al deudor y se sacrifica al cobrador”.

“Se verifica que los daños físicos padecidos por los trabajadores no son fenómenos aislados, sino que constituyen la manifestación corpórea del daño psíquico inducido sistemáticamente en el ámbito laboral”, denunció el exempleado.

Por otra parte, señaló que “los empleados solo reciben tres horas de capacitación antes de comenzar a trabajar. La empresa no invierte en capacitaciones, en tecnología ni en formación. Es una empresa de máxima violencia y mínimo costo”.

Además, indicó que “las evaluaciones individuales iniciales, bajo apariencia de instancias formativas, son utilizadas como mecanismos de control para uniformar el comportamiento, además de reforzar los guiones impuestos y las técnicas utilizadas”. Advirtió que, “lejos de tener un fin formativo, estos mecanismos buscan anular la voluntad individual del trabajador y someterlo a un modelo rígido que impide toda autonomía”. Aseguró que “el trabajador no es un actor improvisado, sino que, por el contrario, es una marioneta de un guion ya escrito”.

Paz aseveró que, como en su caso, “la gran cantidad de empleados que ingresan y renuncian a los pocos días”, lo cual entiende que “es un indicio gravemente preocupante y confirmador de la hipótesis de que nadie resiste estar allí adentro”.

Una “asociación para delinquir”

“Todo esto prueba que, en los hechos relatados, mediante violencia y amenazas, se obliga a personas —tanto trabajadores como deudores— a actuar contra su voluntad y en perjuicio de sus propios derechos, con el fin de generar un beneficio económico indebido para la empresa”, indicó el denunciante acerca de “un modelo de funcionamiento conformado por sujetos que distribuyen roles, generan estrategias para simular legalidad y ejecutan acciones ilícitas de forma coordinada y reiterada, que se aproxima con claridad —a juicio del denunciante— al concepto de asociación para delinquir previsto por el art. 150 del Código Penal”.

Paz apuntó que “no se trata de un desvío puntual en la actuación de una empresa, sino de una estructura montada específicamente para actuar bajo parámetros ilegítimos con apariencia de legalidad”. Enfatizó en que “no es una conducta aislada o esporádica: hay un modus operandi montado, con capacitaciones, documentos internos, y supervisión jerárquica para que los trabajadores cometan ciertos actos bajo presión”. Advirtió que es “una estructura organizada y estable, con distribución de roles, donde hay como mínimo al menos cinco personas (gerente, socio, supervisor, y otros dos supervisores temporales o colaboradores) se coordinan para ejecutar una actividad ilícita de manera sistemática”.

En ese sentido, acreditó que hasta el propio supervisor E.N.A. “tiene conocimiento de la ilegalidad de su conducta”, y presentó en Fiscalía un audio que prueba lo denunciado, donde el supervisor habla sobre los “montos ficticios que utilizan para engañar a los deudores: “Pasa que eso no lo usa nadie... Lo usamos nosotros nomás, porque legalmente no se puede hacer”. Para el abogado este fragmento “no es menor”, sino que “es una revelación crítica, de altísimo valor probatorio”, puesto que el supervisor E.N.A. “reconoce, sin rodeos, que lo que hacen es ilegal”.

“No hay error, ni duda: hay conciencia plena de estar operando fuera de la ley”, señaló. “No les importa el medio, solo llegar a sus fines y si es necesario cometer delitos y someter trabajadores a la fuerza, no tienen inconveniente”, cuestionó.

Los presuntos responsables

“Como el engaño no es un error, sino un modelo de negocio se debe definir quién lo diseñó, quién lo dirigió, y quién se benefició de él”, apuntó Paz. En ese lugar identificó a la gerente y socia mayoritaria de la empresa Tatiana Ximena Milano Astor, como la persona que “da las órdenes y ejerce la violencia de forma directa”.

Paz presentó como prueba un diálogo en el que E.N.A. menciona: “Sí, Tatiana es la dueña, gerenta y directora de la empresa. Es la que hace todo”. Para el abogado esa calificación es una “delimitación concreta de mando, control y responsabilidad” de Milano Astor, señalada no solo como la principal socia, sino como “jefa operativa”.

En tanto, para el denunciante, Matías Fabricio Consonni De León “también puede ser responsable por su calidad de socio”, por lo que “debe ser investigado, dado que es improbable que desconociera las prácticas sistemáticas contra los derechos humanos desarrolladas por la empresa que coadministró, así como las prácticas con apariencia delictiva que realiza en el desarrollo de su actividad empresarial”.

En un rango de responsabilidad menor, apuntó contra una supervisora (de iniciales E) que, en la organización, “ejercía con gran entusiasmo funciones de colaboración jerárquica directa, pues en varias ocasiones tuvo el control directo y realizaba tareas delegadas por su jefe supervisor E.N.A., quien a su vez tiene un poder muy similar al de la gerente y socia, tomando decisiones estratégicas como contratar y despedir trabajadores, negociar acuerdos clave, ser la cara visible ante terceros, entre otras funciones que le son delegadas directamente. En varios días e incluso hasta semanas, ha quedado a cargo total de la empresa”, afirmó el abogado.

Consultada por Caras y Caretas, Tatiana Ximena Milano Astor, negó todas las acusaciones contenidas en la denuncia de Paz, sobre quien dice no haberlo conocido, puesto que en el lapso que este trabajó en la empresa, ella se encontraba de vacaciones. Asimismo, informó que lo denunció por “difamación e injuria”.

INDDHH y Ministerio de Trabajo también investigan a Vitriol Company

Según averiguó Caras y Caretas, todavía no hubo indagados ni testigos citados a declarar en esta causa que tiene la fiscalía de Flagrancia de 14° Turno (que no debería ser la que investigue este caso, sino una especializada en Delitos Económicos, que también está colapsada de estafas).

No obstante, en paralelo a la denuncia penal presentada por Paz contra Vitriol Company, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) inició una investigación sobre los hechos, enfocada en la posible vulneración de derechos de las personas afectadas por las prácticas de cobranza.

A su vez, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) abrió un expediente por presuntas violaciones a los derechos fundamentales de los trabajadores, considerando el ambiente laboral descripto, caracterizado por vigilancia constante, presión por objetivos, métodos de control excesivos y acoso laboral.