Después de muchos años, siguió Chargoñia, "hoy la jueza Silvia Urioste procesa con prisión a Yanone y a Rosell, dos de los agentes que formaban parte del operativo junto con otro, el más conocido, Eduardo Ferro, respecto al que tendrá que haber una resolución también en este caso. En este operativo también participó un agente militar que actualmente está prófugo en España, de nombre Carlos Bassani".
La jueza Urioste "no hizo lugar al argumento de que los delitos están prescritos, son crímenes de lesa humanidad. Esta es una posición que tiene este juzgado desde hace mucho tiempo. Y por lo tanto se debe juzgar porque además el Estado uruguayo está obligado a avanzar en esta causas de violación de los Derechos Humanos".
Debate interno
En la actualidad, explicó Chargoñia, en el Poder Judicial uruguayo hay un debate interno. "No todos los jueces piensan igual respecto a la categoría jurídica de los delitos cometidos por la dictadura. Efectivamente no hay coincidencia absoluta. Yo mencioné acá el caso de alguien que forma parte de esa corriente de jueces o de ministros de tribunal de apelaciones, o también de ministros de la Suprema Corte de Justicia, que consideran que en la década del setenta formaba parte del derecho uruguayo la categoría de crimen de lesa humanidad, por tanto ya se estaba cometiendo en esa época este tipo de crímenes".
Otros jueces, en cambio, "consideran que esa es una categoría que recién aparece a través de una ley del año 2006. Claramente la posición de la doctora Silvia Urioste, con respaldo del tribunal de apelaciones en lo penal que actuó en este caso, considera que los delitos cometidos durante la dictadura eran crímenes de lesa humanidad imprescriptibles, aún cuando se impute privación de libertad o violencia privada y no específicamente el delito de tortura que también ocurrió en este caso, efectivamente. La denuncia implica que Lilián y Universindo fueron torturados por estos agentes uruguayos. Pero el delito que se imputa es el que estaba vigente en aquella época, caracterizándolo como de lesa humanidad porque fue cometido por funcionarios del Estado a través de la propia organización estatal. Se dan entonces las características propias de un crimen de lesa humanidad y por lo tanto son imprescriptibles. Esta posición, entonces, no es unánime pero señalamos que va creciendo lentamente".
Caso Roslik
En esta entrevista difundida por Radio Fénix, el doctor Chargoñia informó que la fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad presentará "una solicitud de formalización de varios agentes que formaban parte del cuartel de Fray Bentos, en el que ocurrió la represión no solamente contra el médico Vladimir Roslik, sino también contra otros vecinos de San Javier. Por lo tanto es altamente probable que haya novedades al respecto el año que viene, seguramente después de la feria judicial".
