El paisaje actual, que todavía se caracteriza por la predominancia del verde, la calma del humedal y el ritmo pausado del Municipio F, se ha convertido en el tablero de una pulseada político empresarial y social. En el centro de la escena aparece la empresa Bislun S.A.S. con la propuesta de un megaproyecto de 226 hectáreas que promete viviendas, oficinas y un parque que presentan como sostenible. Todo eso al borde de los bañados, entre Avenida Punta de Rieles y Camino Dionisios. Pero para desarrollar esta iniciativa se necesita declarar la iniciativa de "Interés Departamental" y cambiar la categoría del suelo de rural urbano a suburbano. Este proceso inició con el exintendete de Montevideo, Mauricio Zunino, quien un día antes de dejar el cargo firmó la solicitud para darle trámite.
El actual jefe comunal, Mario Bergara, tomó la posta del proceso, pero decidió reiniciarlo e imponer una lista de condiciones ambientales y sociales que entendió necesarias para el avance del proyecto, según confirmó el presidente de la Junta Departamental, Gonzalo Sánchez, a El País. Diagnósticos ecológicos, un desarrollo sostenible, protección del paisaje y la fauna, cuidado estricto del agua y la creación de una comisión de seguimiento con participación ciudadana son algunas de las peticiones del intendente.
Para los vecinos, vecinas y las organizaciones sociales que habitan o están vinculados al entorno de los Bañados de Carrasco, el proyecto traerá un impacto ambiental negativo, una pérdida de suelo rural que tiene un valor estratégico en la producción de alimentos, así como la profundización de las desigualdades. Estas y otras preocupaciones están plasmadas en un documento conjunto, fechado el 30 de abril de 2026, en el que también denuncian la falta de participación ciudadana. “Mientras este proceso avanza con bastante celeridad, las organizaciones sociales y vecinales que habitamos, trabajamos y sostenemos el territorio aún no hemos sido recibidas por la comisión correspondiente de la Junta Departamental”, señaló Luz Cortéz, una vecina de Punta de Rieles.
Además de un intercambio real con las autoridades, las organizaciones vecinales y sociales solicitan que no se avance en la Declaración de Interés Departamental bajo las condiciones actuales, así como evaluaciones hidrológicas y socioterritoriales que consideren toda la cuenca y no solo las 226 hectáreas a urbanizar, ya que entienden que el proyecto no puede analizarse como un predio aislado, sino como parte de un sistema que recorre los departamentos de Montevideo y Canelones. “Los Bañados de Carrasco forman parte de la cuenca del arroyo Carrasco, un sistema hidrográfico de aproximadamente 20.500 hectáreas que articula cursos de agua, territorios urbanos, rurales y periurbanos”, detalla el documento. También informa que en esta cuenca “habitan actualmente 256.753 personas (INE, 2023), aproximadamente el 7,7 % de la población del país”, lo que, según señalan, “da cuenta de la relevancia social y territorial de este sistema a escala metropolitana”. También piden que el Ministerio de Ambiente aclare por qué se han excluido los Bañados de Carrasco de los listados de protección ambiental.
En este contexto, surgen algunas preguntas fundamentales: ¿Qué tipo de ciudad queremos construir sobre nuestros ecosistemas más frágiles? ¿Hasta dónde debe llegar el desarrollo inmobiliario en zonas protegidas? ¿Quién decide cómo se diseña la ciudad? ¿Qué lugar ocupan los vecinos en las decisiones sobre el territorio que habitan? ¿Puede hablarse de progreso cuando crecen las desigualdades territoriales? Para abordar este tema, Caras y Caretas entrevistó a Marcelo Peréz, arquitecto y docente del Programa Integral Metropolitano de la Universidad de la República (PIM), desde donde viene acompañando a la lucha de los colectivos sociales por la protección de los bañados.
¿Por qué vecinas, vecinos y organizaciones sociales se oponen a este proyecto?
El rechazo se fundamenta en, al menos, tres potenciales perjuicios: en primer lugar, el ambiental. El bañado y la cuenca cumplen un rol ecosistémico clave. No solo ayudan a evitar inundaciones ante lluvias copiosas, sino que albergan una biodiversidad que es fundamental preservar y recuperar. Además, mantienen una función de filtrado y depuración de los residuos que genera la ciudad. Es, de alguna manera, lo que impide que toda la basura que baja por arroyos como el Toledo o el Manga llegue directamente a las playas de Miramar o Carrasco. Por esta función, el suelo está catalogado actualmente como rural natural.
El segundo impacto implica una transformación territorial tremenda. En una zona de suelo rural donde habitan fundamentalmente sectores populares; ahora se plantea modificar la categoría del suelo para habilitar desarrollos destinados a sectores que son, a priori, de ingresos altos. Esto conlleva un riesgo de elitización y desplazamiento de quienes hoy viven allí. Es un fenómeno que ya vemos al norte de Camino Carrasco con los barrios privados y semiprivados como San Nicolás, Los Olivos, Polo, y que ahora avanzaría hacia Camino Maldonado. Se está transformando un bañado en parte de la trama urbana, lo que genera fenómenos de expulsión y gentrificación en la periferia, aumentando las brechas territoriales.
El tercer impacto es la ausencia de democratización y participación pública. La Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible [N.º 18.308] establece que “toda persona tiene derecho a la participación en los procedimientos de elaboración de los instrumentos de ordenamiento territorial”. Sin embargo, hasta el momento no hay debate, hay hecho consumado y después vemos cómo se acomoda. Esa ha sido la postura con otras aprobaciones, algo que nos parece grave desde el punto de vista democrático.
Nos parece vital que los actores locales, incluso el Municipio —que por lo que sabemos casi no ha participado— y el Ministerio de Ambiente se involucren en ese debate. Se nos dice que cuando se apruebe el "Interés Departamental" vendrá la evaluación ambiental, pero si ya aprobás ese interés, ya dejaste la mitad del "pastel cocinado".
El colectivo también les ha pedido reuniones a los ediles, a las bancadas y a los municipios. También contamos con el respaldo de actores como FUCVAM, lo que amplifica el debate para que no quede solo en los colectivos barriales que, aunque son muchos y activos, a veces no tienen tanta resonancia pública.
¿Qué precedente crees que sienta que la Intendencia acepte rediscutir la calificación del suelo a demanda de un interés privado?
Me parece que está generando una lógica diferente a la que Montevideo se jactaba de tener respecto al ordenamiento territorial. Con este tipo de acciones, el departamento está tomando una forma más similar a la de Canelones u otros departamentos que resuelven todo el tiempo por excepción. El privado propone algo y, si nos parece más o menos bien, lo aceptamos. Así, termina siendo el privado el que regula o perfora el ordenamiento. Se vienen repitiendo casos donde se perfora el ordenamiento y se saca todo apurado como sucedió con el parque industrial de Zonamerica o el Estadio de Peñarol, que cambió rápidamente de lugar tras el rechazo de hacerlo en el Parque Roosevelt.
Es una lógica donde el Estado se vuelve un facilitador y no un regulador de lo privado y lo social; todo queda librado al actor que tiene más intereses y capacidad de poder económico. Delinear las transformaciones territoriales de esta manera parece escandaloso y contrario a posiciones de justicia espacial, derecho a la ciudad y al cuidado de los bienes comunes.
El interés económico recibe el beneficio y lo que le ingresa a la caja de la Intendencia por el llamado "retorno por mayor valor" (una recuperación mínima de plusvalía cuando hay cambio de categoría de suelo) es algo que se cobra una sola vez. No tiene sentido el tamaño de la transformación o el potencial daño frente a esa caja eventual que pueda hacer el Gobierno departamental.
Los impulsores de este proyecto sostienen que el suelo de esta zona está subutilizado y que la agricultura no es posible allí. También hablan de inseguridad por baja densidad de población y la cercanía con la cárcel, presentando la iniciativa como una "puesta en valor". Desde tu experiencia, ¿crees que la urbanización es la única forma de darle valor a estos territorios?
Evidentemente no. Eso tiene que ver con cierto modelo de "desarrollo", si cabe la expresión. Una zona rural, mientras el suelo no sea urbanizado, puede utilizarse con fines rurales y no solo para la producción de alimentos. Existen otras expresiones vinculadas a la naturaleza que deriven en turismo o desarrollo local, por ejemplo.
Además de lo productivo, están las áreas que, por su valor ambiental, es necesario preservar, aunque no tengan un correlato comercial. Uno preserva el agua porque quiere consumirla, no solo porque pueda venderla; uno preserva la biodiversidad porque necesita que exista. En el caso de Montevideo, el humedal de los Bañados de Carrasco es el más importante y su recuperación tiene un valor en sí mismo.
Sin embargo, la "salida fácil" parece ser que un privado transforme el suelo a través de una decisión del Estado para generar una renta. Es una versión recurrente de algo sin fin: la industria inmobiliaria necesita constantemente suelo y obra nueva para alimentarse. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Ir a buscar un suelo nuevo cada vez que se termine el anterior?
En esa zona particular, el Estado ha tenido una política contradictoria: instala cárceles, luego proyecta barrios privados, y termina segmentando el territorio: sectores de altos ingresos por un lado y sectores populares por otro, conectándolos de forma que los pobres sirvan de mano de obra para los sectores enriquecidos. Es una lógica perversa de diagramar el territorio.
Además, los discursos de empleo y derrame que suelen usar no se cumplen. Los puestos de trabajo mayoritariamente se dan solo durante la obra y los trabajadores no suelen ser del barrio; lo vemos habitualmente con las zonas francas. Ese famoso derrame no se ve: las zonas con alto desempleo y vulnerabilidad no cambian por el desarrollo de estos enclaves.
Sobre el argumento de la inseguridad, hay una parte de razón, pero eso tiene que ver con el repliegue del Estado. El Estado debería tener políticas activas para que allí se desarrollen actividades sustentables. Esta discusión debe centrarse en qué modelo territorial queremos, con el aliciente de que, ambientalmente, esta no es cualquier zona. Al no existir políticas activas que promuevan la actividad rural o la preservación del bañado, se instala la idea de que ese suelo es "improductivo" o "inseguro", y que la única salida es urbanizar con grandes proyectos.
¿Cómo evalúan la reconfiguración del proyecto que planteó el intendente Bergara y qué garantías ofrece?
Se plantearon algunas condicionantes que, hasta donde sabemos, no han sido cubiertas. No tenemos constancia de que se hayan realizado los estudios hidrológicos ni de que se haya conformado la comisión de seguimiento que se prometió. No entendemos qué fue lo que cambió para que el expediente volviera a la Junta Departamental. Creemos que se optó por el camino del "siga para adelante", una decisión política para postergar la discusión real.
Desde nuestro punto de vista, esto es un error. Si se pensaba que había medidas necesarias, estas deberían haberse llevado adelante de forma transparente, comunicándolas y permitiendo la participación de la gente. De hecho, el proyecto detallado de los privados no es público; lo manejan la Junta y la Intendencia, pero no ha circulado.
¿En qué etapa se encuentra el proyecto actualmente y cómo sigue el proceso?
Debe tratarlo la Comisión de Planeamiento de la Junta Departamental y luego elevarlo al Pleno para que se vote si se declara o no el Interés Departamental. Lo que estamos exigiendo es que, antes de que el tema llegue al Pleno, la comisión reciba a los colectivos y a la academia para que podamos esgrimir nuestros motivos, dudas y preocupaciones. Si la Junta vota afirmativamente el Interés Departamental, el siguiente paso es la elaboración del Programa de Actuación Integrada (PAI). Este programa lo elaboran técnicos contratados por el propio privado, siguiendo las recomendaciones que se le hagan. Si finalmente hay acuerdo entre los distintos actores y se aprueba ese PAI, se termina de transformar oficialmente la categoría del suelo y el proyecto queda habilitado para su ejecución.
