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Crysol, la Asociación de ex presas y ex presos políticos de Uruguay, pidió mediante una carta al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que mantenga a los abogados Mariana Mota y Wilder Tyler en lo referido a la búsqueda de desaparecidos.
Mediante la ley 19.822, el Estado uruguayo le adjudicó a la Inddhh la búsqueda de las personas detenidas y desaparecidas durante el período de junio de 1968 a febrero de 1985.
En su misiva, Crysol recordó al mandatario que en noviembre del año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos impuso a Uruguay “la obligación de la búsqueda de los restos de los uruguayos detenidos desaparecidos”.
En ese sentido, resaltan la “solvencia, compromiso y responsabilidad” con que Mota y Tyler han perseguido el objetivo de la búsqueda de desaparecidos.
Desde el colectivo solicitan al presidente “su apoyo para que ambos puedan continuar al frente de la tarea más allá de que el Parlamento no llegara a renovar su mandato como directivos de la institución”.
El pedido de Crysol se da en el marco de los recientes cuestionamientos que la institución de Derechos Humanos ha recibido de parte de algunas figuras de la coalición de gobierno.
Enrique Chalar, secretario de la asociación, dijo al respecto en declaraciones a Subrayado que “hay manifestaciones que nos hacen suponer que el Parlamento no tendría las mayorías necesarias para que los mismo (Mota y Tyler) fueran reelectos”.
En esa oportunidad, también habló de “arremetidas” desde Cabildo Abierto y del Partido Nacional.
Reparación sin renuncia a derechos legítimos
En su carta, Crysol solicitó además a Lacalle que envíe al Parlamento un proyecto de ley que permita a los ex presos políticos cobrar las pensiones reparatorias, sin tener que renunciar a sus jubilaciones y pensiones.
En relación a esto, hacen referencia a la resolución 60/147 de las Naciones Unidas, la cual exhorta a los Estados a “cumplir con sus obligaciones reparatorias con las víctimas y sobrevivientes del terrorismo estatal”, sin “obligar a las mismas a renunciar a otros legítimos derechos para acceder a dichos beneficios”.
Para Crysol, enviar al Parlamento el proyecto solicitado será “un importante aporte al fortalecimiento de la institucionalidad democrática y de respaldo a las normas de Derechos Humanos”. Además, “prestigiará al país y a su presidente” y será “una contribución muy valiosa que el Partido Nacional realizará al proceso de afirmación del Estado de Derecho”.
En relación a esto último, señalan que “desde la recuperación democrática, todas las iniciativas de carácter reparatorio hacia las víctimas de la dictadura cívico militar fueron promovidas por el Partido Colorado y el Frente Amplio”.