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Derecho Humanos

Memoria, verdad y justicia

Desaparecidos: familiares reclaman una decisión política para conocer la verdad

A casi medio siglo de la dictadura, Familiares reclama acceso a los archivos militares, coordinación institucional y medidas concretas.

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Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos reclamó una decisión política que comprometa al Estado en la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura. La organización sostiene que no alcanza con las investigaciones judiciales ni con los esfuerzos aislados de distintos organismos: es necesario establecer una conducción clara, coordinar las acciones y exigir respuestas.

El planteo fue formulado tras una nueva audiencia de supervisión de sentencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), vinculada a los casos Gelman, de 2011, y Maidanik y otros, de 2021. Según la organización, la instancia volvió a dejar en evidencia incumplimientos del Estado uruguayo respecto de sus obligaciones. Entre los avances, destacó el trabajo de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad.

Para las familias, "Uruguay cuenta con leyes, instituciones, equipos especializados, investigaciones, testimonios y archivos acumulados durante décadas. Sin embargo, esos recursos no han permitido conocer el destino de todas las personas detenidas desaparecidas. Por eso, consideran que el problema requiere una decisión política que atraviese gobiernos, partidos e instituciones y convierta la búsqueda en una prioridad permanente".

Reclamos a las Fuerzas Armadas

Uno de los principales reclamos apunta a las Fuerzas Armadas. La organización exige una orden directa para que entreguen toda la información disponible sobre los operativos de detención, los traslados, los centros clandestinos, las torturas, los asesinatos y el destino final de las víctimas, incluida la ubicación de sus restos.

El comunicado cuestiona que, después de décadas, persista la respuesta de que no existe información. Recuerda que en distintos momentos aparecieron documentos, testimonios y versiones que contradijeron lo sostenido anteriormente por mandos militares. En ese sentido, plantea que el poder político debe actuar frente a las resistencias que puedan existir dentro del propio Estado y garantizar la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil.

Desaparición se prolonga

La organización también advierte que la desaparición forzada prolonga sus efectos mientras no se conozca el paradero de las víctimas. El daño no se limita a sus familiares, sino que alcanza a la sociedad, porque estos crímenes también buscaron disciplinar y amenazar al conjunto de la población.

Por esa razón, sostiene que la búsqueda, la investigación de los crímenes, el acceso a la verdad, la actuación de la Justicia y la reparación deben constituir políticas de Estado, y no depender de las decisiones de cada gobierno.

El paso del tiempo agrega urgencia al reclamo. Quienes eran niños o jóvenes cuando sus familiares fueron detenidos hoy son adultos, mientras que muchas madres, padres, hermanos y compañeros murieron sin obtener respuestas.

“No estamos reclamando una respuesta abstracta”, expresa el comunicado, que recuerda que detrás de cada caso hay personas con historias, familias y proyectos de vida.

El planteo concluye con una exigencia dirigida al sistema político: transformar los compromisos institucionales en acciones concretas para esclarecer los crímenes de la dictadura y encontrar a las víctimas. Para Madres y Familiares, el tiempo de espera no puede prolongarse indefinidamente: conocer la verdad y recuperar los restos de sus seres queridos es una tarea pendiente del Estado uruguayo.