Las partes realizaron sus alegatos de apertura. En esa instancia, la Fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, a cargo del fiscal Ricardo Perciballe, expuso su teoría del caso con los aspectos centrales de la imputación y las pruebas que presentarán en el juicio, y las defensas del imputado y las víctimas expusieron sus fundamentos.
Las audiencias continuarán hasta el jueves 15 de diciembre y en ellas declararán 16 testigos. En la última audiencia, las partes presentarán sus alegatos de clausura y el juez deberá dictar sentencia, aunque el Código de Proceso Penal prevé que “excepcionalmente” pueda pedir una prórroga de 15 días, si así lo amerita la complejidad del caso.
En este juicio actúa un juez en lo civil subrogando al juez en lo penal de 4° turno, Humberto Verri, quien se excusó de tomar el caso por tener vínculos personales con personas involucradas en la causa.
La denuncia que inició el caso Los Vagones, que fue el primero sobre crímenes cometidos en la dictadura que se lleva por el nuevo proceso penal, fue realizada por la responsable de la Secretaría de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones, Valeria Rubino, y la Asociación Ágora, en mayo de 2019.
El juez de garantías, Luis Sobot, la archivó en julio de 2021 alegando que los delitos por los que se había imputado a los policías retirados habían prescripto, para lo que computó años de la dictadura y en los que estuvo vigente en su totalidad la ley de caducidad. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones en lo penal de primer turno, en ese entonces integrado por Alberto Reyes, Sergio Torres y Graciela Gatti, revirtió esa decisión y apuntó que se trata de delitos de lesa humanidad y que, por tanto, son imprescriptibles.
