“Integrantes de las agencias de poder punitivo, operando fuera del control del Derecho Penal, procedieron a la detención de Brenda Falero, José Luis Muñoz, Lincoln Bizzozero, Washington Grimón, Walter Silva, María del Carmen Maruri y Fernando Perdomo; los mantuvieron privados ilegítimamente de su libertad, sometiéndolos a tratos crueles, inhumamos y degradantes”, sostiene la jueza Urioste en su fallo.
Además de reconocer a Garmendia en los interrogatorios, algunos de los denunciantes lo identificaron como uno de los que participó en la detención. La jueza sostuvo que Garmendia “participó en la privación ilegítima de libertad de las víctimas (...) permanecieron recluidos ilegítimamente por un largo período de tiempo (...) y sufrieron apremios físicos que pusieron en peligro su vida, con la finalidad de que los prisioneros brindaran información de las agrupaciones políticas a las que pertenecían”.
Urioste rechazó la tipificación de abuso contra detenidos por entender que ello supondría legitimar la detención ilegal por parte de las Fuerzas Armadas.
“No importa cuál fuera el régimen imperante en el momento, es por demás claro y evidente que ningún sistema puede permitir o considerar como válido la detención arbitraria, privación de libertad sin resolución alguna de la Justicia competente y sometimiento a torturas sistemáticas”, sostiene el fallo de primera instancia.
