Para los trabajadores e incluso para el Frente Amplio, si se decide apoyar la campaña, los riesgos son mucho menores. En primer lugar, porque reunir 700.000 firmas está al alcance del núcleo inamovible de la izquierda. Recordemos que en su peor desempeño electoral en los últimos 20 años, el Frente Amplio igual superó los 900.000 votos. Pero, además, en el caso de una iniciativa de referéndum contra una megaley multipropósito, el universo de adhesiones posible supera en mucho al conglomerado del FA. Por otro lado, de no alcanzar el objetivo de reunir las firmas, igualmente habrá movilizado a la población e instalado un debate que, en ningún caso, le significará un retroceso en sus posiciones políticas ni en sus posibilidades electorales posteriores. Eso en Uruguay simplemente no pasa. Y más allá en las conjeturas, si alcanzadas las firmas no alcanzaran los votos, indudablemente la ley contará con una legitimación popular mayor, pero no por ello adquirirá un carácter de otro tipo, y sus artículos seguirán siendo pasibles de modificación o derogación por mayoría de las cámaras, sin otro trámite ni otros requerimientos.
Hay una virtud adicional para el espacio político y social opositor. Esta campaña va a permitir expresar un descontento latente con el rumbo general del gobierno que manifiesta una buena parte de la población, que observa en tiempo real el deterioro de las condiciones de vida, de los ingresos, el aumento del desempleo y de la pobreza y el escaso esfuerzo económico que ha hecho el Estado para alivianar las consecuencias sociales de la pandemia. Ese descontento, que ya es muy grande y que va a aumentar muchísimo en el próximo año, sobre todo cuando se disipe la emergencia sanitaria y se hagan patentes las consecuencias dramáticas del bruto ajuste estructural que está llevando adelante el gobierno de Lacalle Pou, va a tener una vía de expresión rápida y contundente en este recurso de la iniciativa popular.
La izquierda política y social se juega, entonces, dos partidos simultáneamente: derogar una ley mala, cuyo contenido vulnera los derechos civiles y los derechos humanos, y asestar un golpe político que debilite el bloque conservador antes de la mitad de su mandato. Loa mismos desafíos tendrá el gobierno, pero al revés y con un matíz: no puede asestarle un golpe al campo popular, porque eso ya lo hizo cuando aprobó la norma por un procedimiento de urgencia y con toda la población confinada por la emergencia sanitaria; lo que le cabe es evitar que a menos de dos años del inicio de su mandato, el pueblo le derogue una buena parte de su programa de gobierno y le deje tecleando, grogui y con la coalición maltrecha, como un muerto viviente, hasta las próximas elecciones.
