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El despido de la exdirectora del área de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) es considerada como un hecho preocupante por las exjerarcas de esa cartera Marina Arismendi y Ana Olivera.
Begoña Grau, una funcionaria con 12 años en el Mides, fue cesada por las nuevas autoridades encabezadas por Pablo Bartol, pese a estar amparada por convenio en la negociación colectiva, ratificado por el parlamento y posteriormente por el presidente Tabaré Vázquez.
Arismendi y Olivera dijeron a Caras y Caretas Portal que la situación es preocupante ya que en la misma situación se encuentran decenas de funcionarios. “Para mi el despido de Begoña Grau sienta un precedente. De no respeto a la negociación colectiva y a la ley presupuestal”, dijo la diputada Ana Olivera, exsubsecretaria de desarrollo Social.
Para Arismendi el despido de Grau “no correspondería por que es funcionaria contratada y como ella hay decenas, son todos casos que en el quinquenio pasado regularizamos”.
Empiezan por uno y sientan un precedente. Para mi el despido de Begoña Grau sienta un precedente. De no respeto a la negociación colectiva y a la ley presupuestal”
Recordó que “había decenas de funcionarios sin regularizar y en un acuerdo en 2015 entre el sindicato, el Mides, Servicio Civil y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se avanzó en una solución. Lo que luego se incorporó en la ley de Presupuesto. Entre ellos estaba el caso de Grau, pero hay otros. Hay decenas de trabajadores en estas condiciones”.
“Ella es funcionaria desde que nació el Mides prácticamente, desde que Discapacidad pasa de Salud al Mides”, preció por su parte la exministra. Indicó que en el primer gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010) “se considera, de acuerdo a las convenciones Internacionales, que las personas con discapacidad son eso, no es un problema de salud. Hay temas sanitarios pero se trata de un tema mucho más complejo por lo tanto en esa concepción pasa a depender del Mides”.
Caso grave
Para Arismendi se trata de un caso “muy grave, porque se lo comunicaron por telegrama colacionado en el cual le dicen que prescinden de sus servicios. No fundamentan nada”.
“En segundo lugar se violan los acuerdos que se firmaron con el sindicato, el Ministerio de Trabajo, con COFE y el Servicio Civil y que fuera legislado”, agregó.
En este sentido Olivera recordó que en el último periodo se desarrolló el conflicto de los funcionarios por la regularización. “Nosotros hicimos un acuerdo respecto a como íbamos a proceder respecto a aquellas personas que eran funcionarios y no habían ingresado por concurso. Ellos ingresaron por una forma que se llama dos más dos, es decir dos años de contrato por dos años de extensión. Y Begoña, que había sido nombrada para una responsabilidad de carácter político, fue regularizada”.
Se violan los acuerdos que se firmaron con el sindicato, el Ministerio de Trabajo, con COFE y el Servicio Civil y que fuera legislado”
“Cumplió con sus dos años y se extendió a dos más como establece la ley. Sabemos que ahora la están diciendo que prescinden de sus servicios”, indicó.
“Empiezan por uno y sientan un precedente. Para mi el despido de Begoña Grau sienta un precedente. De no respeto a la negociación colectiva y a la ley presupuestal”, sentenció.
Agravante
Señaló por su parte Arismendi que el caso tiene un agravante ya que Grau es nacionalizada uruguaya pero es catalana. “Acá vemos que empiezan a cortar por el hilo más delgado. Por una funcionaria que tiene todo el derecho pero que a la vez es contratada y extranjera. Tiene nacionalidad uruguaya”, sentenció.
“Es como dijimos toda la vida, hoy vinieron por tal, no me importó demasiado, era catalana, y después irán por otros y cuando vengan por mi será muy tarde”, subrayó.