Difícilmente alguien pueda oponerse a la innovación o a mejorar la competitividad. El problema aparece cuando esos conceptos se presentan como si fueran exclusivamente técnicos, ocultando que detrás de ellos existen opciones políticas y modelos de sociedad diferentes. En los últimos años el BID ha profundizado una lógica según la cual el desarrollo depende, fundamentalmente, de mejorar el funcionamiento de los mercados. El Estado aparece como facilitador, regulador e impulsor de condiciones para que el sector privado invierta. La política industrial, la planificación pública o la intervención estatal directa ocupan un lugar mucho menor que décadas atrás.
Esta visión no surge exclusivamente del BID. Forma parte de una agenda más amplia impulsada por buena parte de los organismos multilaterales de crédito desde hace varios años. Cambiaron los nombres respecto al antiguo Consenso de Washington, hoy se habla de innovación, sostenibilidad, transformación digital, resiliencia o inteligencia artificial, pero muchas de las recomendaciones mantienen un mismo núcleo: mayor protagonismo del mercado, fortalecimiento del sistema financiero, apertura económica y reformas institucionales orientadas a mejorar el clima de negocios.
No significa que todas estas propuestas sean equivocadas. Muchas pueden resultar necesarias e incluso convenientes para Uruguay. La cuestión es otra: ¿quién define las prioridades del desarrollo nacional? Resulta llamativo que la estrategia del BID dialogue tan estrechamente con proyectos de ley actualmente en discusión, como la reforma del sistema financiero, las finanzas abiertas, el fortalecimiento del mercado de capitales o nuevas formas de financiamiento privado. Se trata de reformas que aparecen reiteradamente en las recomendaciones internacionales y que hoy vuelven a instalarse como componentes centrales de la agenda económica.
Sin embargo, pocas veces se conocen las evaluaciones de impacto específicas para Uruguay. ¿Qué efectos tendrán estas reformas sobre la banca pública? ¿Cómo modificarán la competencia en un mercado pequeño y concentrado? ¿Qué ocurrirá con el acceso al crédito de los sectores más vulnerables? ¿Cómo afectarán al empleo financiero? ¿Qué riesgos generan en materia de protección de datos, concentración económica o estabilidad financiera?. Las reformas llegan acompañadas por conceptos ampliamente aceptados competencia, innovación, eficiencia, inclusión financiera, pero con escasa discusión sobre sus posibles efectos distributivos o institucionales. Tampoco deja de llamar la atención la creciente capacidad de los organismos multilaterales para definir agendas cada vez más amplias. Hoy ya no financian únicamente infraestructura o programas sociales. Participan en reformas regulatorias, modernización del Estado, digitalización, seguridad, educación, mercados financieros, transición energética e incluso en aspectos vinculados al funcionamiento institucional.
La frontera entre cooperación técnica e incidencia en las políticas públicas se vuelve cada vez más difusa. Para un país pequeño como Uruguay, el respaldo financiero del BID constituye una oportunidad importante. Nadie discute la relevancia de contar con recursos para infraestructura, innovación o servicios públicos. Pero precisamente por esa importancia resulta imprescindible que las prioridades nacionales no terminen subordinadas a las agendas de los organismos internacionales.
Los préstamos se negocian. Las estrategias también deberían. El verdadero desafío consiste en que Uruguay utilice el financiamiento para fortalecer un proyecto propio de desarrollo y no para adaptar su modelo económico a prioridades definidas desde fuera.
La historia económica latinoamericana ofrece suficientes ejemplos sobre los riesgos de aceptar como universales recetas diseñadas para contextos muy distintos. Muchas de las reformas promovidas durante las décadas de 1980 y 1990 llegaron respaldadas por organismos multilaterales con argumentos similares: aumentar la eficiencia, mejorar la competitividad, atraer inversiones y modernizar el Estado. Algunas produjeron avances; otras profundizaron la desigualdad, debilitaron las capacidades públicas y redujeron los márgenes de decisión de los propios Estados.
Hoy el lenguaje cambió y las herramientas son diferentes, pero la discusión de fondo sigue vigente. El desarrollo no es solamente una cuestión técnica ni puede reducirse a indicadores de productividad o competitividad. Implica decidir qué sectores se priorizan, qué papel desempeña el Estado, cómo se distribuyen los beneficios del crecimiento y qué grado de soberanía conserva el país para definir su propio rumbo.
Después de la visita del FMI llegó el BID. Probablemente continúe la ronda de otros organismos multilaterales, cada uno con sus diagnósticos, financiamiento y recomendaciones. El desafío para Uruguay no consiste en rechazar esa cooperación, sino en evitar que las estrategias externas sustituyan el debate democrático sobre el modelo de desarrollo que el país quiere construir. Los organismos internacionales pueden aportar financiamiento, conocimiento y cooperación técnica. Pero la definición del proyecto nacional debe seguir siendo una decisión política de los uruguayos y las uruguayas.
