En el pedido se preguntaba por la cantidad de horas docentes de Mallo, si detentaba algún otro cargo, si gozaba de licencia sindical y si tenía inasistencias injustificadas o algún procedimiento disciplinario en su contra.
Para los senadores del FA, con el pedido de informes, Bianchi “utilizó una potestad que le confiere la Constitución (..) de forma desviada a su fin”, la cual deja ver “una manifiesta hipótesis de desviación de poder repelida por nuestro orden jurídico”.
Los senadores frenteamplistas señalan que el pedido es contrario “al principio de interdicción de las arbitrariedades, inherente a nuestra forma democrático republicana de gobierno”, al tiempo que piden que sea rechazado “sin ambages por el sistema político” y por la Cámara de Senadores.
Sostienen que es necesario para dar “un mensaje claro a la ciudadanía en cuanto a que éste Parlamento es una garantía a la libertad de expresión y a la libertad sindical y a que nadie (..) será perseguido desde el Poder Legislativo cuando haga uso de tales libertades constitucionales”.
Por último, aseveran que dar curso al pedido de informes “mengua la debida imagen institucional de la Cámara de Senadores frente a la ciudadanía”. Además, aseguran que el mismo “deja en mala posición al Gobierno en sí y a nuestro propio Presidente de la República, siendo que Bianchi es hoy en la Cámara la senadora más votada del partido del Presidente”.