“A los astilleros se les mencionó que no se iba a presentar otra vez toda la lista de requerimientos, porque un OPV ya de por sí tiene capacidades que tiene que cumplir”, explicó Wilson en abril de este año, ocasión en la que aclaró que la decisión final de recomendar a Cardama fue exclusivamente de él, más allá de la opinión dividida de la Junta de Almirantes de la Armada, en la que solo 2 de 6 eligieron como mejor opción al varadero gallego.
“Si bien es legal que un ministro pueda decidir por sí y ante sí, obviando informes técnicos, yo actué de otra forma: desde el comienzo decidí que las decisiones políticas —todas las decisiones que toman los ministros son políticas, el 100%—, tenían que estar fundadas en razones técnicas”, afirmó García quien sostuvo que tuvo en cuenta para eso “dos informes técnicos de la Armada”, aunque se refería únicamente a los informes elaborados a principio de junio por el almirante Wilson, que si bien recomendaba a Cardama en detrimento de Kership, reconocía que la segunda empresa en cuestión tenía “una mayor trayectoria y prestigio en la construcción de buques estándares militares o de patrulla que la de Cardama”, por no decir que Cardama nunca había construido una OPV en sus más de 100 años, lo que deja en evidencia que la reducción de 83 a 4 requisitos técnicos fue en beneficio del Cardama, varadero especializado en reparación de buques pesqueros.
Es menester recordar que según informó Wilson y confirmó García en la comisión, la primera oferta de Cardama llegó a manos del excomandante en jefe de la Armada a principios de abril de 2023, por parte de quien era el representante de la empresa viguesa en Uruguay, el capitán de fragata retirado y expiloto de la Armada devenido en lobista financiero naval, Gerardo “Bocha” Moreira, que primero trasladó la oferta a Wilson, quien luego la remitió al exministro de Defensa García.
El mensaje del Tribunal de Cuentas: no fue transparente ni competitivo
Para justificar, en última instancia, la decisión política del MDN de seguir adelante con la contratación de Cardama, García se amparó en la resolución emitida por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) el 16 de agosto de 2023 que dio por bueno el proceso de compra directa por excepción, no obstante, el exministro leyó el punto 16.4 en el que el propio Tribunal de Cuentas cuestionó que el segundo proceso no fue competitivo: “La valoración de las propuestas no se realizan en el marco de un proceso competitivo, pero tiene como cometido asesorar al Poder Ejecutivo en la mejor opción para contratar directamente, al amparo del numeral 9, literal D) del artículo 33 del Tocaf”, por lo que advierte que no era necesario y sugiere que fue una puesta en escena el llamado a otros siete astilleros cuando podía optar por Cardama directamente, tal como lo afirmó el exsubsecretario del MDN, Rivera Elgue, quien a fines de octubre de 2025, en una entrevista en Desayunos Informales de canal 12, admitió que el 13 de abril de 2023 recibieron en Torre Ejecutiva la orden política de seguir adelante con la propuesta que Cardama le había hecho llegar a Wilson y que se decidió llamar a otros astilleros para darle un marco de "transparencia" al proceso que no era competitivo sino “comparativo”, dijo.
Es menester recordar que, si bien el gasto no fue observado por el tribunal, el presidente de la institución, Miguel Aumento, elaboró un detallado y contundente informe justificando su voto discorde a los otros dos miembros del TCR en base a un informe de la División Jurídica de la institución de contralor presupuestal.
El mismo decía que “con este obrar se conspiró contra los principios de igualdad, transparencia y buena fe que deben regir todo procedimiento administrativo. En efecto, en el presente procedimiento debieron existir unas bases de condiciones sin errores, precisas, completas, claras y previas a la presentación de ofertas que indicaran los interesados en presentarse al llamado que deben reunir las mismas, las características de lo que se demanda y aspectos tan importantes para los proponentes, como la modalidad de la cotización, forma de pago, precio, garantías, entre otras” especificaciones que brillaron por su ausencia en 2023.
Con respecto a la elección de Cardama en detrimento de las otras participantes, Aumento hizo hincapié en que “no hay informe alguno agregado que exprese los motivos fundados por los cuales fueron descartadas las ofertas de las intermediarias", ni tampoco cómo se llegó a la selección inicial de tres propuestas, por ser “las más adecuadas por sus características” y con base en ello a la selección del astillero Cardama. En efecto, en el oficio Comar 217/31/B/23 del comandante en jefe de la Armada, de fecha 31 de mayo, recomienda el OPV-87 del precedente referido astillero sin fundamentación alguna”, advierte el informe de Aumento.
En las conclusiones del informe de la División Jurídica, se expresa: “Teniendo en cuenta la naturaleza competitiva del procedimiento, la falta de bases, de condiciones particulares, claras y completas, precisas y accesibles para los potenciales oferentes, con factores cualitativos y cuantitativos a valorar o ponderar y sus respectivos puntajes, así como el descarte de empresas sin otorgarse los fundamentos al respecto, la filtración de informes oficiales de circulación interna y reservada y la aparición de indefiniciones, ambigüedades y requisitos indispensables recién en la instancia de evaluación de ofertas, no contribuyeron a asegurar la claridad necesaria para los oferentes”, concluyó el presidente del TCR.
La sospechosa reunión en la sala de honor del MDN
Luego de la decisión política del 13 de abril de 2023 de seguir adelante con la oferta de Cardama (sin haber recibido otras propuestas), de la inocua votación de la Junta de Almirantes de la Armada (26 de mayo de 2023) que sirvió de justificación técnica para una decisión política ya tomada por el gobierno de Lacalle Pou, incomoda mucho a los exjerarcas una irregular reunión celebrada el 13 de junio de 2023 en la sala de honor del MDN (al lado del despacho del ministro) entre autoridades de la cartera y de la Armada con Mario Cardama y el “Bocha” Moreira, de la que García aseguró que no estuvo presente.
“Cualquiera que afirme que yo estaba ahí miente”, dijo el exministro sobre Wilson, quien expresó en comisión: “Estimo que debe haber estado, porque si el señor Cardama se había movido para ahí”; y el contralmirante Héctor Magliocca, quien manifestó ante la comisión investigadora: “No recuerdo si estuvo, si estuvo todo el período o si estuvo un rato”.
La primera irregularidad de esta reunión no es que se haya realizado antes de que el MDN oficializara la contratación de Cardama el 17 de julio de 2023, sino que fue secreta (no constaba en actas) hasta que Wilson la dio a conocer en abril de 2023.
“Si quisiera hacer algo mal, no lo voy a hacer en la sala de honor del Ministerio de Defensa. ¡Hay que ser muy tonto! No hay cosa más transparente y prístina que tener reuniones oficiales en las dependencias oficiales”, se defendió García.
Sin embargo, el nerviosismo que genera entre los participantes el encuentro con Cardama del 13 de junio deja en evidencia que el pescado estaba vendido y derrumba por completo la narrativa del proceso competitivo, ya que en ese momento ni siquiera estaba en funciones la comisión de asesoramiento conformada por miembros de la Armada y del ministerio el 22 de junio de 2023.
Entonces, si el proceso fue tan transparente como manifestó García ¿Por qué no hubo acta de la reunión? ¿Por qué hay tantas dudas sobre los jerarcas presentes y los temas que se trataron más allá de aspectos técnicos detallados por Wilson?
Castaingdebat quedó encallado por las prórrogas y la garantía trucha
Por último, consultado sobre la garantía (trucha) de fiel cumplimiento de Eurocommerce, presentada por Cardama y aceptada por el exministro Armando Castaingdebat, luego de más de 11 meses de prórrogas a favor de la empresa, y a pesar de las continuas advertencias del Estudio Delpiazzo, García se excusó: “En cuanto al tema garantías, yo puedo hablar hasta el 4 de marzo (fecha en la que dejó su cargo para dedicarse a la campaña electoral). Después cambiamos de ministro”.
Sobre la gestión de su sucesor (Castaingdebat) sostuvo que actuó “con la misma transparencia, con la misma meticulosidad y con el mismo ánimo de defender los intereses nacionales”, sin embargo, el exdirector de Secretaría del MDN, Fabián Martínez reconoció que nadie del ministerio examinó la legalidad y el respaldo financiero de las garantías y que el ministro Castaingdebat las dio por válidas a pesar de continuas advertencias del Estudio Delpiazzo sobre las desprolijidades del empresario gallego y la falta de documentación que respalde la validez de la garantía de Eurocommerce.
El lunes de la semana que viene será el turno en el que comparezca ante la comisión parlamentaria el exministro Castaingdebat, que queda cada vez más solo en el berenjenal de irregularidades que marcaron el proceso desde la firma con Cardama, la aceptación de una garantía trucha —que debió dejar sin efecto la puesta en vigor del contrato pero en cambio se validó y permitió a Cardama cobrar el primer pago— y hasta el último mes de gestión ministerial del gobierno de Lacalle Pou en el que se habilitó un segundo pago tan irregular como el primero, por orden de Wilson y no de José Ruiz, quien era el jefe de proyecto y por ende el encargado de analizar la documentación relativa al hito B, que debía tener como principal componente el plano de la cuaderna maestra aprobado definitivamente.
Wilson reconoció el 27 de abril en la comisión que él no tenía la expertise necesaria para reconocer si lo que había enviado Cardama eran los planos definitivos o uno provisorio distribución general preliminar sin cálculo alguno, como determinó la auditoría técnica de la clasificadora Bureau Veritas.
"Como dije, yo no puedo evaluar, más allá de la propuesta y de cualquier investigación que se le pueda hacer a ese astillero si verdaderamente tiene capacidad o no", dijo Wilson en esa ocasión y admitió que nunca prestó servicio en el dique de la Armada; "únicamente entré tres veces", reconoció quien asumió la responsabilidad de recomendar a Cardama al ministro García.
La coartada de Javier que se herrumbra como chatarra
Con relación a la inexperiencia de Cardama en construir patrulleras oceánicas, García confirmó que esto “es así”. No obstante, el senador sostuvo que una “OPV es un barco muy sencillo de hacer porque es un barco civil con utilización militar”. “Lo que hace el astillero es aplicar un plano. Hay una empresa que se llama Cintranaval y es una de las más importantes del mundo que, a su vez, hizo este mismo barco para otro país con otro astillero; utilizó el mismo plano. Se trata de aplicar”, expresó García en la comisión faltando a la verdad en esta ocasión, puesto que el plano del OPV presentado era un diseño nuevo (prototipo) que Cintranaval expuso en Navalia (feria de la industria naval que se realiza en España), pero que no había sido construido por nadie, comentó a Caras y Caretas una fuente de la Armada.
Luego vendría el informe lapidario de Bureau Veritas quien confirmaría que el plano del C-250 y C-251 (OPV ofrecidas a Uruguay por Cardama) no estaba aprobado por la sociedad de clasificación contratada: Lloyd's Register, quien en su momento advirtió que “Cardama construye a su propio riesgo" las OPV compradas, pero abonadas en más de un tercio del costo (de ambos buques) sin tener aprobados todos los planos y los cálculos correspondientes al proyecto naval.
Entonces, García sabe muy bien que nadie puso en cuestión la capacidad de Cintranaval de diseñar un OPV, sino la de Cardama de construir un OPV de calidad en el plazo (18 meses) y en costo inédito para el mercado (82 millones de euros).
Lo más irónico es que García pretendió usar a su favor —ante los legisladores de la comisión— las conclusiones parciales del informe técnico de Bureau Veritas “sobre la calidad de fabricación, montaje y soldadura, por los bloques ya construidos y montados en el astillero, que verificaron una construcción que es satisfactoria”.
Sin embargo, omitió decir que la auditoría de Bureau Veritas identificó "deficiencias en el proceso constructivo" que requieren corrección, incluyendo “deformaciones en el casco” —a babor y estribor— que “exceden los límites de la Norma IACS 47” (específica para este tipo de buques navales), además de desviaciones dimensionales en algunas uniones de bloques. Errores que también se detectaron en lo poco que Cardama llevaba soldado de la segunda OPV, lo que “resulta aún más preocupante”, según analizó la clasificadora internacional.
El diseño es de un buque civil (similar a un carguero), con mamparos más delgados, sistemas no duplicados y cableado estándar, lo que lo hace “inadecuado” para funciones OPV como resistencia a impactos o vibraciones de armas, indicó.
Asimismo, señaló que la construcción de 16 bloques (de los 44 que debería haber soldados según lo abonado por el Estado uruguayo) ocurrió sin supervisión adecuada de la sociedad clasificadora original (Lloyd's Register), invalidando legalmente algunas soldaduras por la falta de inspecciones y certificaciones. Tampoco se presentó el proyecto técnico ni se solicitó el permiso de construcción para cumplir con la normativa de bandera uruguaya, lo que constituye un “incumplimiento grave del contrato” y pone en riesgo los certificados de bandera.
También advirtió que la producción de los bloques se inició con “planos no definitivos” (cuaderna maestra que igual fue validada por Wilson y Castaingdebat) y que a pesar del incumplimiento, el MDN habilitó el 27 de febrero de 2025 (último día del gobierno de Lacalle Pou) el segundo pago, dejando el tema del plano "a riesgo" del astillero. Pero lo más preocupante es que un año después se evidenció que el conjunto de los planos presentados por Cardama al ministerio nunca pasaron de preliminares a definitivos, “pues permanece condicionado a las observaciones formuladas por la sociedad de clasificación y en consecuencia, sujeto a ajustes”.
A su vez, Bureau Veritas se descubrió que el estudio de estabilidad en daños está “inconcluso”, impidiendo la emisión de los certificados internacionales de seguridad. Además, el informe cuestionó la viabilidad del proyecto como OPV militar, apuntó que el diseño civil (y no militar) presentado, hace que las chapas delgadas sean susceptibles a deformaciones, exigiendo controles de calidad más estrictos.
También advirtió que la OPV carece de mamparos estancos en el pico de popa, incumpliendo los requisitos mínimos previstos en el convenio de Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) —tratado internacional más importante sobre seguridad marítima— para compartimentación, lo que “compromete la flotación, estabilidad y capacidad de supervivencia en inundaciones accidentales”.
Las señaladas acciones de Cardama son "contrarias a las buenas prácticas constructivas"; ya que podría requerir desmontajes, refuerzos y trabajos adicionales, con los respectivos sobre costos para el Estado uruguayo, que ya pagó el 70% del costo de una OPV, mientras su contraparte solo construyó el 43% de la estructura de acero correspondiente a la primera embarcación, chatarra naval que se herrumbra día a día en el varadero de Cardama ubicado en la ciudad de Vigo.
