El otro dilema de los “cincuentones”

Gritos, abrazos, lágrimas de alegría. La decisión del Poder Ejecutivo de impulsar una solución definitiva al problema de los “cincuentones” –personas perjudicadas por el sistema de cálculo jubilatorio de su inclusión forzosa al régimen de las AFAP– generó una sensación de alivio en este amplio colectivo de trabajadores. La propuesta implica que puedan elegir el régimen de jubilación más beneficioso para sus intereses: pasar al Banco de Previsión Social (BPS) o continuar en el sistema mixto. La misma contempla a quienes hayan cumplido 50 años al 1º de abril de 2016 y no estén jubilados. En este marco, un informe de República AFAP –divulgado por el diario El Observador– establece que unas 30.000 personas estarían en condiciones de beneficiarse del cambio de régimen. Los fondos ahorrados por estos trabajadores serían unos 1.600 millones de dólares, los que serían transferidos a la bolsa del BPS. Es decir, un traspaso millonario de fondos al erario público. Tras esta decisión, el debate se centró en otro aspecto: ¿cómo se administrarán esos fondos? Al presentar la propuesta, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, anunció la creación de un fideicomiso. “Se propondrá que el dinero transferido desde las AFAP sea administrado a través de un fideicomiso del BPS que será destinado a atender los requisitos económicos; es decir, el dinero que haya que pagar por jubilaciones”, dijo Vázquez. Sin embargo, con el paso de las horas comenzaron a surgir otras propuestas. El vicepresidente, Raúl Sendic, le entregó a Vázquez un borrador “con algunos números” con los que propone “blindar” el dinero proveniente de las AFAP, pero al mismo tiempo utilizarlo para prescindir del sistema de Participación Público Privada (PPP). El cálculo, elaborado por un equipo de asesores de la Lista 711, indica que esta propuesta permitiría al Estado ahorrar unos 133 millones de dólares al año, según pudo saber Caras y Caretas.   La idea de Sendic Por estas horas, el Poder Ejecutivo definía los últimos detalles del proyecto de ley sobre los “cincuentones” con un dilema central: qué hacer con el dinero que ingresará al BPS. Una de las propuestas, impulsada por el equipo económico, liderado por Danilo Astori, era la creación de un fideicomiso para blindar estos fondos y utilizarlos como instrumento financiero. Ese fideicomiso será administrado por el BPS y se utilizará para el pago de las jubilaciones de forma de atender el déficit del organismo previsional. No obstante, en el medio de ese debate surgió una propuesta de darle otro destino. “Una forma de blindar el dinero que viene de los ‘cincuentones’ es hacer un fideicomiso que blinde ese dinero, que se pueda utilizar en inversión pública y así nos ahorramos ir por las PPP”, afirmó Sendic en el programa Intercambio de M24. El jerarca valoró que el dinero traspasado desde las AFAP al BPS sería “bastante”: entre 1.200 millones y 1.600 millones de dólares. Asimismo presentó detalles de la propuesta: “Si lo blindamos, le establecemos una tasa de repago, que puede ser la tasa que paga la deuda externa soberana, que es 4%, nos ahorramos las PPP, que pagan una tasa de financiamiento de 11%, y bajamos mucho el costo del financiamiento”. De esta forma, “nadie puede tocar ese dinero”, pero el Estado puede lanzar “un plan de obras públicas fuerte que genere y dinamice rápidamente la economía”. “Hay una diferencia muy grande de costos, que, calculada a 25 años, puede dar un sobreendeudamiento importante al país. Si nosotros tomamos una resolución que permita utilizar esto, no para meterlo dentro de la caja del Estado, sino para blindarlo con un fideicomiso, es la mejor de las opciones que podemos tomar y estaríamos generando dos acontecimientos políticos muy positivos: resolverle el problema a los ‘cincuentones’ y lanzar un plan de obra pública fuerte”, expresó Sendic. La Ley Nº 18.786 habilitó el sistema de PPP. De esta forma, se promueve el desarrollo de proyectos asociados a la infraestructura pública, en base a un acuerdo entre el Estado y los privados. El sistema apunta al desarrollo de obras viales, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias, de infraestructura energética, de disposición y tratamiento de residuos, de colonización de tierras, y para obras de infraestructura social, como cárceles, centros de salud, centros educativos, viviendas de interés social, así como complejos deportivos, entre otros. En este sistema los privados se encargan del diseño, construcción y operación de la infraestructura por un período de tiempo determinado y el Estado les paga por su disponibilidad, o sea, por su uso. En ese pago se encuentran los costos de la obra y la ganancia del privado por efectuar la inversión (es decir, el costo de capital y la rentabilidad). El sistema fue utilizado para la construcción de la cárcel de Punta de Rieles (próxima a inaugurarse), al tiempo que se trabaja en la asignación de obras para la reparación de varias rutas y la construcción de centros CAIF. En tanto, la Universidad de la República dejó en suspenso la idea de avanzar en la reforma del Hospital de Clínicas por este sistema, en virtud de los costos. En este sentido, la propuesta de Sendic permitiría subsanar el problema de los costos y, de paso, un ahorro millonario para las arcas del Estado, dijeron fuentes del sector a Caras y Caretas. El cálculo se sustenta en dos variables. Para ingresar al sistema PPP los privados suelen exigir un retorno de 11% de la inversión, al tiempo que la última emisión de UTE de obligaciones negociables –para la construcción de parques eólicos– se efectuó con un interés de 4%. Si estos números se mantuvieran estables y se decidiera recorrer este camino, el Estado evitaría pagar casi 7% de interés anual. Y eso en un período de 25 años supone un monto importante. Un ejemplo: la cárcel de Punta de Rieles implicó una inversión de 120 millones de dólares. La licitación para efectuar la obra fue ganada por la Sociedad Anónima Punta Rieles, un consorcio conformado por las empresas Teyma, Abengoa, Inabensa y Goddard Catering Group. El contrato se extiende por 27 años y medio, y el Estado se compromete a pagar 670 pesos por día y por recluso, hasta que finalice el contrato. Por tanto, la cifra a pagar dependerá de la cantidad de reclusos. El cálculo efectuado –en valores estimados– indica que mediante el sistema PPP y un interés anual de 11%, el Estado deberá pagar unos 15,3 millones de dólares al año a los inversores por los gastos de construcción y de hotelería del servicio penitenciario. Si eso se hubiera efectuado por el sistema propuesto –con una tasa de 4%– la cifra se reduciría a la mitad: debería pagar 7,6 millones de dólares al año. Si se tuviera en cuenta una inversión global de 2.100 millones de dólares para diversas obras, el ahorro llegaría a 133,3 millones de dólares anuales. Sin embargo, estos datos son a modo de ejemplo, ya que en algunos casos sería necesario recurrir al sistema PPP, por el monto de la erogación que representa.