El Centro Uruguayo de Planeadores recibió una resolución de la Intendencia de Maldonado que le fija un plazo de 20 días para abandonar las instalaciones que ocupa desde hace 45 años en el aeródromo de La Alameda, en San Carlos. La institución sostiene que una mudanza implicaría perder la certificación de su escuela de vuelo, afrontar elevados costos y buscar un nuevo predio que actualmente no existe dentro del departamento.
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El conflicto por la permanencia del Centro Uruguayo de Planeadores en San Carlos ingresó en una etapa decisiva. Según publicó Cadena del Mar, luego de que fuera rechazado el recurso presentado contra la resolución adoptada inicialmente por el Municipio, la Intendencia de Maldonado dispuso que la institución debe entregar las instalaciones de La Alameda —el aeródromo público más grande del departamento— en un plazo de 20 días, bajo advertencia de avanzar con el desalojo.
“Recurrimos aquella resolución porque llevamos 45 años allí. Ahora el intendente resolvió no hacer lugar al reclamo y nos dio 20 días para retirarnos”, explicó Ian Borba, integrante de la institución, en diálogo con Cadena del Mar.
El problema, según explicó, no se limita al traslado de aeronaves y equipamiento. El Centro Uruguayo de Planeadores es una asociación civil sin fines de lucro y cuenta con una escuela de vuelo certificada, cuya habilitación está vinculada con el lugar donde desarrolla sus actividades.
“Si tenemos que mudarnos, perdemos esa certificación y debemos comenzar nuevamente todo el proceso. A eso se suman los costos de trasladarnos y el problema principal: hoy no tenemos dónde instalarnos”, advirtió Borba.
La actividad de los planeadores requiere condiciones específicas. No alcanza con disponer de un terreno: se necesita un campo con determinadas características operativas y un espacio cubierto donde puedan permanecer las aeronaves. De acuerdo con el directivo, ninguna de las alternativas conocidas actualmente dentro de Maldonado reúne esas condiciones.
Sin diálogo con San Carlos
Desde el Centro aseguran que durante todo el proceso intentaron mantener abiertas las vías de diálogo con las autoridades de San Carlos, tanto por los canales institucionales como mediante gestiones informales, pero afirman que nunca consiguieron concretar una reunión.
Borba recordó que, un año atrás, cuando la situación comenzó a tomar estado público, desde la Intendencia se había planteado la posibilidad de generar una instancia de diálogo para analizar alternativas.
“Se nos prometió una reunión para tratar de encontrar una solución, ya fuera para permanecer o incluso para retirarnos en condiciones razonables. Ese encuentro nunca ocurrió y lo siguiente que recibimos fue esta resolución”, lamentó.
La institución reconoce que existe la posibilidad de recurrir a la Justicia, aunque considera que esa vía no constituye la solución que busca en primera instancia.
“Siempre quisimos sentarnos frente a frente y resolver esto mediante el diálogo. La alternativa legal existe, pero cuesta dinero y tampoco asegura un resultado”, señaló Borba.
El Centro cuenta con unos 50 socios y desarrolla actividades de formación aeronáutica, pero también recibe visitantes que llegan interesados en realizar vuelos. Sus responsables consideran que esa actividad forma parte de la oferta turística del departamento y que la eventual pérdida de la base afectaría también esa dimensión de su funcionamiento.
Una paradoja vinculada al turismo
Precisamente en ese punto, la institución plantea lo que considera una contradicción en las señales recibidas desde la administración departamental.
Borba señaló que pocos días antes de conocerse la resolución que establece el plazo para abandonar La Alameda, la Dirección de Turismo de Maldonado había convocado al Centro a participar de una mesa vinculada al turismo aventura.
“Nos invitan a formar parte de una propuesta turística y, al mismo tiempo, otra decisión nos obliga a dejar el lugar donde desarrollamos esa actividad. Es muy difícil de entender”, sostuvo.
Grave conflicto
Con el plazo de 20 días ya establecido, el Centro Uruguayo de Planeadores enfrenta ahora una disyuntiva que excede la permanencia física en La Alameda: abandonar una base que utiliza desde hace cuatro décadas y media, perder su actual certificación aeronáutica y comenzar de cero en otro lugar, o conseguir una instancia de diálogo que permita encontrar una salida antes de que la decisión administrativa se concrete.
Para sus integrantes, el objetivo continúa siendo el mismo que plantearon desde el comienzo del conflicto: encontrar una solución negociada que permita preservar una actividad que, además de su dimensión deportiva y formativa, consideran parte del patrimonio aeronáutico y de la oferta turística de Maldonado.