Penas e inhabilitación
El texto plantea que quienes cometan estos actos puedan recibir penas de seis meses a tres años de penitenciaría. Pero además, agrega la inhabilitación por un plazo de diez años para trabajar en cualquier actividad vinculada al cuidado de personas. “Buscamos penar específicamente estas acciones porque son personas que están en situación vulnerable y tenemos un debe como Estado”, afirmó Reisch en diálogo con Montevideo Portal.
Cifras que preocupan
Según datos del último censo del Instituto Nacional de Estadística (INE), realizado en 2023, la población uruguaya mayor de 60 años alcanza el 20% del total, mientras que quienes superan los 65 años representan el 15,8%. Un envejecimiento poblacional que, para la legisladora, exige respuestas más contundentes del sistema.
Uno de los datos más alarmantes que mencionó Reisch es el de la situación de los hogares para adultos mayores. En Uruguay existen entre 1200 y 1300 centros de este tipo, pero apenas 202 están habilitados. Es decir, menos del 20% cuenta con el respaldo oficial. En esos establecimientos residen aproximadamente 5000 personas.
Un caso reciente
La diputada colorada recordó en la entrevista un episodio ocurrido en Florida, que ilustra la gravedad del problema. El 26 de febrero pasado, un hogar de ancianos fue clausurado después de que una residente lograra escaparse. La mujer había sufrido maltratos sistemáticos durante tres o cuatro meses. Según relató Reisch, “la tenían trancada, debía hacer tareas en el centro y en la casa de la dueña del establecimiento”. Además, sufrió la dislocación del hombro sin recibir atención médica, y en el lugar no había alimentación adecuada ni se les suministraban los medicamentos que necesitaban.
Ese caso, lejos de ser aislado, motivó la urgencia de la propuesta. “No es solo un tema de falta de controles, sino de que el derecho penal no contempla específicamente esta realidad”, sostuvo la legisladora.
