A raíz de esa situación, la Secretaría de Género y Feminismos de APU señaló que este tipo de prácticas periodísticas pueden “reproducir estereotipos de género y contribuir a la violencia política contra las mujeres”.
En el comunicado, fechado el 15 de junio, el sindicato destacó que durante la entrevista la legisladora planteó que las preguntas referidas a aspectos personales no estaban vinculadas a su desempeño como representante electa y que el debate abierto por Díaz permitió poner sobre la mesa “una discusión necesaria sobre los sesgos de género presentes en la cobertura mediática de las mujeres que participan en la vida política”.
APU recordó además que la violencia política basada en género es una realidad reconocida por organismos internacionales y citó la investigación Ser candidata en las elecciones uruguayas 2024: violencia contra las mujeres en política, elaborada por ONU Mujeres y la Universidad de la República. Según ese estudio, el 81,3% de las candidatas electas al Parlamento experimentó al menos una forma de violencia durante la campaña electoral.
De acuerdo con APU, los datos muestran que las mujeres que participan en política continúan enfrentando prácticas orientadas a “deslegitimar, desacreditar o desplazar sus voces del debate público”, trasladando la atención desde sus propuestas y responsabilidades institucionales hacia cuestiones vinculadas a su vida privada, su apariencia o su condición de mujeres.
"La libertad de prensa no puede confundirse"
La asociación sostuvo que defiende plenamente el derecho de periodistas y medios a preguntar, investigar y ejercer la profesión con libertad. Sin embargo, advirtió que “la libertad de prensa no puede confundirse con la reproducción de prácticas que refuerzan desigualdades estructurales ni con la normalización de abordajes que afectan de manera diferenciada a las mujeres que participan en política”.
Asimismo, expresó especial preocupación por las reacciones que recibió la senadora cuando intentó discutir la existencia de violencia política de género. En ese sentido, afirmó que “invisibilizar estas situaciones o reducirlas a una supuesta ‘victimización’ contribuye a perpetuar un problema ampliamente documentado en la región y en el mundo”.
Finalmente, la Secretaría de Género y Feminismos de APU reafirmó su compromiso con “un periodismo ético, responsable y libre de discriminación” y subrayó que los medios de comunicación cumplen un papel fundamental en la construcción democrática. Por ello, convocó a reflexionar colectivamente sobre aquellas prácticas comunicacionales que todavía reproducen formas de violencia simbólica y política que afectan la participación de mujeres y disidencias en el espacio público.
