Durante su oratoria en la media hora previa de la Cámara de Representantes, el diputado consideró que la respuesta brindada por ASSE “carece de fundamento jurídico”.
“Todas las oficinas, despachos y lugares del edificio de la sede principal de ASSE son del dominio del servicio descentralizado. Por tanto, es posible concluir que la acción de tener colgado como ornamento un símbolo religioso en una oficina pública, donde se cumplen funciones, violenta las disposiciones constitucionales previstas en los artículos 5 y 58, que dicen que el Estado no sostiene religión alguna y que los funcionarios están al servicio de la nación y no de una fracción política o proselitismo de cualquier especie”, aseguró.
“Todo ciudadano tiene derecho a expresar su fe y practicarla, y eso lo defenderemos siempre, pero no en una oficina pública”, afirmó, al tiempo que pidió un “accionar urgente de las autoridades”.
«El Estado laico, se defiende», concluyó el diputado.