La confidencialidad recaía sobre toda la información que la mujer pudiera tener por haber trabajado con Jisdonian. Esto incluía a redes sociales y conversaciones por medio de WhatsApp.
Sin embargo, el entorno del diputado niega que la mujer fuera más que una militante y colaboradora honoraria, y aseguran que la demanda iniciada en el MTSS es parte de una represalia por una denuncia por acoso que el diputado presentó contra la mujer.
El 23 de agosto, antes de que la mujer iniciara la demanda laboral, Jisdonian radicó una denuncia penal contra ella por el delito de violencia privada. En la denuncia el diputado describió situaciones de presunto acoso hacia su persona y afirmó que existían 50 mensajes sin abrir enviados por la mujer.
Otra de las cláusulas incluidas en el acuerdo por fuera del ministerio que Jisdonian ofreció a la mujer, prohibía a ésta mantener cualquier tipo de contacto con él y su entorno, sus familias y militantes del sector Porvenir Nacionalista liderado por el diputado.
Consultado por la razón de presentar el acuerdo, el abogado de Jisdonian, Julio Pereyra, dijo que “fue a raíz de diferentes posiones jurisprudenciales que hay con respecto al trabajo de voluntariado; entendíamos que era algo razonable, sin perjuicio de que nosotros tenemos la convicción de que no había relación laboral y que es trabajo voluntario”.