Justicia Argentina
La Justicia de Argentina admitió una demanda presentada por diputados de la provincia de Entre Ríos contra la planta de hidrógeno verde que la empresa HIF Global proyecta instalar en Paysandú, Uruguay. El reclamo inicial se basó en la llamada “contaminación visual” que, según los legisladores, afectará la costa del río Uruguay.
“Soy vecino de Gualeguaychú. La contaminación visual de Botnia es innegable y es algo que es el primer efecto que genera este tipo de obra”, declaró a Subrayado el diputado Guillermo Michel, uno de los impulsores de la acción judicial iniciada hace un mes. Michel explicó que el fallo del juzgado de Concepción del Uruguay también ordenó que la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) entregue toda la documentación que la planta haya presentado hasta el momento. “Estamos muy contentos con ese paso”, afirmó.
Pericias ambientales y relocalización
Entre las medidas de prueba dispuestas por el tribunal, se incluye la realización de una pericia ambiental y la toma de muestras de agua. El objetivo es contar con registros previos al inicio de operaciones de la planta, para luego compararlos con futuros estudios y determinar eventuales cambios en el ecosistema.
“Entendemos que, salvo que se demuestre lo contrario, la planta va a afectar también por turbulencia”, advirtió Michel. En ese sentido, los diputados aseguraron que seguirán avanzando con la demanda “hasta que Uruguay se comprometa por escrito a la relocalización de la planta”.
Antecedentes
El reclamo recuerda los conflictos previos entre Argentina y Uruguay por plantas de celulosa, especialmente el caso de Botnia (hoy UPM) en Fray Bentos, que generó fuertes tensiones diplomáticas y bloqueos de puentes internacionales. En aquella oportunidad, la contaminación visual y olfativa fue uno de los ejes del reclamo del lado argentino.
Hasta el momento, el gobierno uruguayo y la empresa HIF Global no han emitido declaraciones oficiales en respuesta a la exigencia de relocalización.
Tensión bilateral
La decisión judicial abre una nueva instancia de tensión bilateral en torno a proyectos industriales en la cuenca del río Uruguay, mientras los legisladores entrerrianos buscan consolidar pruebas técnicas que respalden su pedido de traslado de la planta. El avance de la causa dependerá de los resultados de las pericias ambientales y de la documentación que aporte CARU.
