El exmandatario, que en los comicios de febrero intentó presentarse a la candidatura de vicepresidente desde Bélgica, cuestionó la decisión judicial después de que Pamela Martínez, exasesora presidencial, fuerea liberada y su condena fuera rebajada tras acusar al propio presidente, a pesar de estar ella involucrada en el caso.
El Tribunal no aceptó el argumento de la defensa que aludió afirmando que no hay pruebas sobre el presunto cohecho pasivo. Los magistrados consideraron que Correa instigó y aconsejó a los demás acusados para que reciban sobornos. De hecho, la Fiscalía General del Estado estima que la cuantía de dichos sobornos recibidos entre 2012 y 2016 asciende a más de 7,5 millones de dólares.
La condena inicial ha sido impuesta en el mes de marzo por cargos de funanciar actividades proselitistas de su partido político, Alianza PAÍS, con dinero de empresarios contratistas estatales. El expresidente no fue el único figurante del caso: también fueron acusados el exvicepresidente Jorge Glas; el exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera; y la exministra de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte.
Según la sentencia, el Estado de Ecuador debe recibir una reparación integral de 14,7 millones de dólares.
La Fiscal de la Nación, Diana Salazar, dijo que la decisión del Tribunal deja en claro que la Ley es para todos y no hay nadie sobre la Ley.
Antes de que fuera anunciado el fallo judicial, a las afueras del edificio se reunieron tanto manifestantes a favor de Correa como en su contra.
El expresidente de Ecuador aún tiene varias formas de presentar un recurso, ya sea a través de la Corte Constitucional o tribunales internacionales. Sin embargo, en cualquiera de estos casos su caso tardaría demasiado tiempo en ser resuelto para que pueda rehabilitar su candidatura.
