Dicho todo esto, es crucial denunciar una vez más que el ejercicio de la distracción, llevado adelante por el gobierno y sus adláteres, es profundamente deshonesto y frívolo, en tanto intenta confundir la jerarquía de las cosas: el problema medular hoy en el área metropolitana es la falta de agua potable, y la responsabilidad de gestionar esta crisis es de las autoridades que suspendieron el proyecto de la represa de Casupá para privilegiar el proyecto Neptuno, promovido por grupos empresarios, contra la opinión de la mayor parte de los técnicos, a un costo astronómico para OSE y pasando por arriba del plebiscito del agua y la obligación de mantener toda su propiedad y gestión en el ámbito público.
Si el sindicato de OSE cometió un error, es insignificante cuando de ese error no se derivó ninguna consecuencia ni material ni humana. Convertirlo en un escándalo nacional un mes después de sucedido, trasladarlo al terreno penal, judicializarlo, utilizar todos los medios para demonizar a los trabajadores organizados, es una trampa, una estrategia aviesa y autoritaria para desviar la atención y atacar a los movimientos sociales por una pavada.
Además es de una hipocresía insultante, porque el mismo gobierno que denuncia penalmente a los sindicalistas, cuenta entre sus filas con ministros imputados por la Fiscalía por la comisión de delitos mucho más graves, como la entrega del pasaporte VIP al jefe narco Sebastián Marset, y ni siquiera ha tenido la delicadeza de apartarlos de sus cargos mientras se ventila en los juzgados una causa de esta naturaleza que, entre otras muchas cosas, le produce un daño a la imagen del país en el exterior, donde de lo de Ffose no se habla, pero de la crisis del agua potable, de los pasaportes truchos, de las sospechas de corrupción y de la fuga de Marset sí, se habla, se reseña y se observa con muchísima atención y hasta asombro.
El gobierno de Lacalle Pou, ya en su recta final, no tiene nada para mostrar ni en logros, ni en obras ni en avances de ningún tipo. Es un gobierno de excusas y de echar la culpa, primero a la izquierda que gobernó el país y después a las circunstancias. La pandemia, la sequía, la guerra, todas las calamidades que sobrevinieron fueron gestionadas sin sensibilidad, jugando al achique y el peso de sus perjuicios cayó sobre la espalda del pueblo. La pandemia dejó a miles de personas en la pobreza y comiendo en ollas populares, la sequía dejó a miles de personas sin acceso al agua potable. Cada crisis tuvo en las multitudes más débiles sus principales víctimas. Por supuesto que la pandemia o la sequía no es culpa de nadie en particular, acaso haya culpa de un modelo de producción de vida, de un sistema, pero la forma en que se afronta una situación crítica inesperada, una catástrofe, habla mucho de la idoneidad y del espíritu de los que tienen el poder. Y en todas las circunstancias críticas este gobierno, especialmente el presidente, ha demostrado un clasismo, una indolencia y una incompetencia que lo descalifican para siempre.
