Más allá de estas barbaridades, lo que llama poderosamente la atención es la pasión del presidente por defender a sus amigos en asuntos completamente turbios, olvidando las responsabilidades que le caben por la investidura. ¿Penadés acusado de abuso de menores? Es un amigo y mal haría él en no creerle. ¿Astesiano dirigiendo una asociación para delinquir desde el piso 4 de la Torre Ejecutiva? Lo conozco bien, ¿ustedes creen que le dejaría a cuidado la seguridad de lo más preciado que tengo si sospechara de él? Y ahora lo mismo con Albisu. Cada vez que el presidente hace ese tipo de declaraciones está a la vez brindando su respaldo al implicado y poniendo un límite a las acciones de investigación, judiciales o no. No es una simple declaración de un humano afectado, es presión pura y dura del primer mandatario. Él lo sabe y la ejerce sin ningún tipo de reparos.
Cabe observar que cuando se judicializa alguna causa, tiene la inmensa fortuna de que caiga en fiscalías correligionarias. Lo de Astesiano es emblemático: la fiscal que hizo todo para ponerle una tapa al caso y desviarlo contra la oposición, ahora, retirada, abiertamente expresa su intención de hacer política en el Partido Nacional y los medios le prestan la tribuna para que se lance y manifieste sus expectativas. Esto es para que los que dicen que Lacalle Pou es mufa. Aunque es cierto en algún sentido, es mufa a los efectos del país, tiene una suerte bárbara cuando de lo que se trata es de cuidarse a sí mismo y a sus amigos.
La renuncia de Albisu como presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, que se haría efectiva el próximo martes, intenta salvaguardar al presidente, porque es el presidente el que debería actuar destituyéndolo y poniendo a disposición de la justicia todos los elementos de este caso y, aunque no quisiera hacerlo, estaba metido un brete porque ya hay una interpelación votada por el Frente Amplio y por Cabildo Abierto a la ministra de Economía y al canciller, además de pronunciamientos duros incluso de dirigentes colorados como Pedro Bordaberry y de dirigentes del propio Partido Nacional, aunque no lacallistas, como Sergio Botana o Jorge Gandini.
Si se investiga a fondo, seguramente surgirá que la conducta de Albisu, lejos de ser una excepción, es la norma, porque estamos ante uno de los gobiernos más turbios que se recuerde, incluso incorporando en la comparación el gobierno de su padre, Luis Alberto Lacalle, recordado como el más penosamente corrupto de todos.
Hasta la fecha, se han probado acomodos, una asociación para delinquir en la presidencia, espionaje a senadores de la oposición, a la exesposa del presidente, a dirigentes sindicales y hasta estudiantes; hay dos ministros imputados por darle un pasaporte vip a un jefe narco, un senador desaforado por pederasta y una empresa creada a días de la proclamación de Lacalle Pou directamente para ganar licitaciones vía coimas a Alejandro Astesiano. Todo esto entre otras perlas que serían un escándalo en cualquier gobierno, como el pescado congelado en valija diplomática o las fundaciones que todo lo ganan, pero que en este gobierno no pasan de anécdotas. Simultáneamente, no paran los negociados con privados para desmantelar las empresas públicas, los fondos entregados a los canales para mantener el blindaje y la política de ajuste perpetuo para favorecer a los malla oro. Un gobierno insensible, de derecha, pero, además, un gobierno sucio como una papa. Quedan 13 meses para las elecciones y 18 para su derrota, pero el daño es inmensurable y el desprestigio de Uruguay es cada vez más grande, para afuera y para adentro. Cuando cambie el viento, van a tener que desfilar por los juzgados.
