El veto de Lacalle Pou es un escándalo porque se mantiene un día después de que aprobaran una nueva millonada para los canales de televisión, ahora mediante la ley de financiamiento de los partidos políticos. Es más plata la que se comprometieron a darle a los canales privados, grandes ganadores de este período, que han respondido con un blindaje sin fisuras, que la que se necesitaba para cubrir los adeudos a estos más de dos mil trabajadores de la mutualista liquidada. Pero es un escándalo también, porque abre el camino para una andanada de juicios contra el Estado que caerán como un alud, una avalancha imparable y que, finalmente, le va a terminar dando la razón a los damnificados y le va a costar al Estado mucho más dinero, aunque, naturalmente, dado los tiempos de la Justicia, va a ser un peludo de regalo que se coma entero el próximo gobierno, seguramente del Frente Amplio.
Esta ley que vetó parcialmente el presidente Lacalle Pou apenas cubría esos créditos, aunque tampoco resolvía la situación de los trabajadores que quedaron en la calle, porque no es cierto que todos los trabajadores de Casa de Galicia fueron reubicados de acuerdo a la distribución de los socios. Entonces aquella promesa del Gobierno ante el cierre de la mutualista fue toda una farsa: ni se preservaron las fuentes de trabajo ni el dinero para la cubrir las deudas se garantiza y, por lo tanto, una enorme cantidad de familias han sido completamente estafadas, en un proceso que, además, es discutible que fuera el único camino posible y que ha representado un gigantesco negocio para otras instituciones, negocio que también tiene que ser investigado a fondo. Porque no podemos obviar esta realidad palmaria: se cerró la mutualista, se repartieron los socios, las instalaciones, los IMAE y dejaron tirados a los trabajadores médicos y no médicos. Hubo ganadores y perdedores francos. Y los perdedores más perdedores de todos fueron justamente los que sostuvieron funcionando a pulmón, con su sacrificio y con amor por los pacientes y por la profesión, a una institución ya liquidada.
Ahora mismo, los acólitos del Gobierno intentan comparar esta situación con cierres de empresas y situaciones de insolvencia en los períodos del Frente Amplio y mienten. No porque no se hayan producido desastres empresariales, siempre a la orden del día, sino porque en ninguno se produjo un desfalco de esta naturaleza y, además, porque desde 2018 hay una ley, hay un fondo de garantía, hay un instrumento creado para solventar situaciones de esta naturaleza y ese instrumento lo financiamos todos los trabajadores, como la seguridad social, incluyendo, por cierto, a los trabajadores que dejaron a pata en Casa de Galicia.
La gente le va a cobrar en las urnas muchas cosas a este Gobierno, desde la corrupción hasta cada una de las promesas no cumplidas. Pero esto de Casa de Galicia le va a costar también sus buenos votos, porque es un monumento a la insensibilidad y, en Uruguay, la inmensa mayoría de la población siente repugnancia a este tipo de conductas contra la gente de a pie.
