Para el legislador, el eje de la discusión debe mantenerse en los hechos que motivaron la investigación parlamentaria, en particular las garantías cuestionadas y la documentación presuntamente falsa vinculada al proceso de adquisición de las patrulleras oceánicas.
“Creo que ahí se ha intentado sacar el foco de atención de lo que verdaderamente importa en torno a este tema de Cardama”, señaló, en referencia a lo que considera una estrategia de la oposición para desplazar la discusión hacia las responsabilidades políticas y las intenciones del Frente Amplio.
Cardama: “La ciudadanía tiene el derecho a conocer qué pasó”
Garlo insistió en que el propósito de la comisión investigadora fue esclarecer los hechos y garantizar que la ciudadanía pueda conocer lo ocurrido. “El objetivo de la Comisión investigadora para el Frente Amplio, como decía hace un rato, era conocer la verdad, en virtud de que la ciudadanía es la que tiene el derecho a conocer qué pasó en torno al escándalo de Cardama”, expresó.
En ese sentido, diferenció la investigación sobre posibles hechos delictivos de la discusión sobre las responsabilidades políticas que pudieran corresponder a los jerarcas que participaron en el proceso durante el gobierno anterior.
Según explicó, las responsabilidades políticas se desprenden de las actuaciones y fueron abordadas en el informe presentado por el Frente Amplio. “Las responsabilidades políticas fueron reconocidas por los actores que tuvieron participación en el proceso de Cardama”, sostuvo.
El legislador agregó que los exministros involucrados reconocieron sus responsabilidades y mencionaron el grado de responsabilidad que podría corresponderle al expresidente en su condición de jefe de Estado durante aquel período.
Sin embargo, remarcó que la valoración política no debe desplazar el análisis de los hechos que dieron origen a la investigación. A su entender, corresponde a la ciudadanía evaluar las responsabilidades políticas a partir de la información disponible y de las conclusiones que surjan del proceso.
De la comisión investigadora a la Fiscalía
La decisión de la Asamblea General de remitir las actuaciones a la Fiscalía constituye un paso para que la documentación recabada durante la investigación parlamentaria sea examinada en el ámbito judicial.
Garlo destacó la capacidad del sistema político para conformar la comisión y llevar adelante la investigación hasta alcanzar una resolución parlamentaria. Consideró que ese proceso no debería quedar relegado por las controversias sobre las motivaciones políticas atribuidas al oficialismo.
“Creo que la madurez que ha demostrado el sistema a la hora de desarrollar esta investigación, de lograr la conformación de esta comisión investigadora y, en definitiva, de resolver ayer en la Asamblea General, no se puede ver soslayada por este tipo de discusiones que en realidad creo que no conducen a nada”, afirmó.
De esta manera, el legislador defendió la decisión de trasladar los antecedentes a la Justicia y reiteró que la finalidad de la investigación no es perseguir políticamente a Lacalle Pou, sino esclarecer qué ocurrió en el caso Cardama. La determinación de eventuales responsabilidades penales corresponderá a la Fiscalía y, en última instancia, a la Justicia, mientras que las responsabilidades políticas serán evaluadas por la ciudadanía.
