¡Qué imagen patética de la Justicia que proyecta la fiscal en sus declaraciones! ¡Qué vergüenza! ¡Cómo es posible que no se dé cuenta! Y no es nuevo. Durante toda esta escandalosa causa que tramita en su fiscalía ha intentado con sus declaraciones exculpar al presidente y, en ocasiones, ha acusado a periodistas, como Eduardo Preve, por divulgar que existía el software para recuperar el 100% de la información que Astesiano había borrado, cuando ella ponía en duda que pudiera recuperarse, o tuiteó contra los senadores Bergara y Carrera, luego de que pusieran el grito en el cielo por saberse espiados por orden de Astesiano.
Creo que nunca se había visto, por lo menos en años recientes, una conducta de una fiscal tan ostentosamente negadora de lo que todo el mundo ve, con el propósito de blindar al principal sospechado por la ciudadanía, que no es Astesiano, cuya responsabilidad es evidente, sino el presidente Luis Lacalle Pou, el jefe de todos, como bien dice el ministro Luis Alberto Heber.
Así no hay justicia posible. Toda su independencia técnica no la exime de su responsabilidad de investigar la existencia de los hechos delictivos, y eso no tiene nada que ver con que una víctima se reconozca como tal. Si la mandaron a espiar, entonces hay delito. Es un delito de pesquisa, como está tipificado en el artículo 287 del código penal: “Artículo 287. (Pesquisa) El funcionario público que, con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescritas por la ley, ordenare o ejecutare una inspección o registro personal, será castigado con tres a doce meses de prisión”. Punto, no hay nada más que hablar. Solo hay que probar si se produjo y en los chats está toda la información necesaria para probarlo. Están las fechas, las horas, los números de vuelo, los destinos, el tipo de pasaporte que utilizó la persona espiada, los funcionarios públicos responsables del espionaje y hasta la confesión de Berriel, que no lo negó, solo le echó el fardo al extinto exministro Jorge Larrañaga en una declaración aviesa, tirándole a un fallecido la responsabilidad de actos que se cometieron luego de su muerte a partir de órdenes orales que habría dejado para la posteridad, órdenes trascendentes, por llamarlas de algún modo.
Terminamos el año en una semana para la vergüenza, con un Parlamento que entre Navidad y Fin de Año aprueba normas absolutamente impopulares, a espaldas de la ciudadanía que está, naturalmente, enfocada en las fiestas, y con una fiscal que cierra un caso de gravedad institucional extrema con fundamentos pueriles, desviados e inaceptables. ¡Qué desprotección de la gente! ¡Qué impunidad del poder!
