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Conexión Ganadera apunta a ser, para el Gobierno del Partido Nacional, lo que el Operativo Conserva fue para el gobierno cívico-militar.
“Le expresé que podrá acusarme de haberme enfrentado a los tupas y de haber liquidado algunos para que muchos como él durmieran tranquilos, pero que no puede acusarme de nada deshonesto; pero yo a él sí".
Así se expresaba, en carta del 26 de junio de 1980, el capitán de navío Jorge Nader, segundo subdirector del Servicio de Información de la Defensa, en el marco de las denuncias por corrupción contra el vicealmirante Hugo Márquez, entonces comandante en jefe de la Armada.
Pero a la vez se desmarcaba claramente del círculo de poder que se había instalado después del golpe de Estado de junio de 1973, con objetivos muy diferentes a ese “espíritu de febrero” que prometía combatir los delitos económicos con la misma crueldad con que él había combatido a la guerrilla y tal vez coincidiendo con los “capitanes del Batallón Florida”, quienes decían creer que la corrupción constituía la verdadera causa del surgimiento de la lucha armada.
El 21 de abril de 1982 se produciría un episodio de naturaleza similar. A través de un informe de trece páginas, el entonces presidente de INAC, el mayor Armando Méndez, 40 años después condenado por la Justicia por homicidio especialmente agravado, desnudaba el que con el tiempo sería conocido como “Operativo Conserva”.
El objeto de la cuestión, decía Méndez, era un singular negocio que suponía exportar carne vacuna a la Argentina para ser procesada como “corned beef”, luego importarlo a Uruguay, y finalmente exportarlo al resto del mundo. Un operativo “brillante” que, concebido por algunos “malla oro” de la época, no le llevó a Armando Méndez más que un rato constatar que se trataba de un negocio ruinoso para el Estado uruguayo.
Los actores de la trama eran personajes de la época, como el ministro de Ganadería Carlos Mattos Moglia y el “empresario” agropecuario José María Alori, connotado mandamás de la industria frigorífica integrante del Directorio de EFCSA (Establecimiento Frigoríficos de Cerro S:A) junto al dirigente colorado Edison Rijo y de la empresa Frimacar, procesadora de carne cuyo directorio compartía con la esposa del dictador Rosario Floresl y cuyo representante legal era el Dr. Enrique Tarigo, luego Vicepresidente de la República por el Partido Colorado.
Obviamente no era ajeno al negociado el propio Gral. Gregorio Álvarez también condenado ulteriormente por múltiples delitos de lesa humanidad.
El caso de Conexión Ganadera no sólo guarda cierta semejanza con la “Operación Conserva” por hallar su sustento en la misma y seductora materia prima. Esta última quedó impune al igual que otros negocios corruptos realizados durante la dictadura militar que tuvieron como protagonistas a muchos militares y también civiles del llamado “proceso”.
El caudillo blanco Wilson Ferreira Aldunate fue uno de los primeros en denunciar el “Operativo Conserva”, insistiendo en que la Ley de Caducidad no debía alcanzar a los delitos económicos que habían ocurrido en el período dictatorial y que aún en democracia permanecían sin investigación ni sanción penal.
Treinta años antes, el diputado y secretario general del Partido Comunista, Rodney Arismendi, promovió una investigación de los frigoríficos extranjeros que tuvo una profunda resonancia en la vida política del país. La investigación, iniciada en 1956, documentó la exacción permanente que los frigoríficos extranjeros, con la complicidad de sucesivos gobiernos, perpetraron contra la economía nacional. Quedó probada la sucesión de robos, desfalcos, maniobras dolosas y fraudes contables cometidos por las vías más variadas por estas empresas de capitales norteamericanos, el Frigorífico Armour y el Frigorífico Swift que, descubiertos en su juego en el año 1957 se mandaron mudar, cerraron y se fueron del país.
En contraposición, Arismendi y otros actores técnicos, sindicales y políticos lanzaron el proyecto de creación de una gran industria nacional frigorífica única que hoy parece poco menos que una utopía deseable pero que en 1928 dio lugar a la creación del Frigorífico Nacional, inclusive con el apoyo de la Federación Rural, industria estatal que fue cerrada en 1980 durante la dictadura luego de que, desde 1968, en el gobierno de Pacheco Areco, mientras el ministro de Industria era Juan Carlos Peirano Facio, se llevara una intensa política de desmantelamiento y ahogo financiero del Frigorífico Nacional procurando una privatización acelerada de la industria más importante del país frente a la resistencia sostenida y combativa de la Federación Autónoma de la Carne y la asociación de obreras y obreros del Frigorífico Nacional, que en ese entonces era dirigida por el hoy presidente de ONAJPU Sixto Amaro, que cuenta entre sus héroes a los mártires que cayeron a lo largo de su prolongada lucha y cuyos nombres constan en la plaza del Cerro.
Sin embargo, el 2 de abril de 1987 el entonces ministro Pedro Bonino resolvió clausurar la investigación administrativa del “Operativo Conserva 82”, dispuesta por resolución de su predecesor, Vázquez Platero. Evidentemente, ya en aquella época lo político superaba a lo jurídico, y las necesidades de la transición volvían conveniente enterrar una vez más los delitos económicos, dejando fuera de la cuestión a los civiles que habían rodeado a los generales y promovido todo tipo de negociados.
Curiosamente, el tema volvió a salir a luz en ocasión del procesamiento en 2021 del mayor Armando Méndez. Ante un pedido de acceso a información pública presentado por la organización Madres y Familiares, el 21 de septiembre de ese año el ministro de defensa Javier García declaró la reserva por quince años de las actas del Tribunal de Honor al mayor Méndez. Pero el detalle no menor es que este tribunal de honor no tenía nada que ver con actos o hechos vinculados a la represión, sino que estaba centrado en los delitos económicos denunciados por el exoficial del Ejército y que involucraban a civiles prominentes hasta el día de hoy.
Hoy nos enfrentamos a una nueva etapa de una larga historia de negociados que involucran al sector ganadero y la industria frigorífica, siempre en el centro del entramado de intereses políticos y económicos nacionales. A principios de los ‘70 los intereses de la “rosca” hacían que el sistema político mirara para el costado ante la caída del Frigorífico Anglo, favoreciendo de esa manera los intereses de las familias vinculadas a los frigoríficos Carrasco, del Cerro y Cruz del Sur.
Luego vendría el golpe de Estado del ‘73 y el efímero o más bien simulado intento por investigar los delitos económicos. La realidad es que todos los negociados de años anteriores quedarían rápidamente enterrados, y los mismos grupos de interés que habían sido criticados por el “espíritu de febrero” se encontraron al poco tiempo organizando asados para los miembros de la Junta de Oficiales Generales.
Con la llegada del Frente Amplio al poder en 2005 se produjo otro tipo de transición. Esta vez no se había producido ninguna ruptura democrática, pero el país salía de una gran depresión ocasionada por los negociados financieros de uno de esos grupos que habían conseguido escapar impunes del proceso anterior, que la historia reciente recuerda como la familia Peirano y sus conexiones con el Opus Dei.
En 2019 con una economía muy enlentecida y con los grupos empresariales nacionales debilitados, estas condiciones crearon el campo de cultivo para que algunos grupos multinacionales impusieran durísimas condiciones. Encontramos una soga y, sin otras alternativas a la vista, la agarramos.
Hoy nos enfrentamos a una nueva transición política en medio de una crisis que, como la del ‘71, amenaza con el cierre de frigoríficos y una concentración nunca vista de frigoríficos extranjeros que aspiran a transformarse en un actor casi monopólico de la cadena cárnica. En medio de todo esto se produce un fraude financiero cuyas dimensiones todavía no pueden cuantificarse y que nos trae a la memoria el episodio del Banco de Montevideo durante la crisis del 2002.
Y para colmo de males, en el entorno de la estafa actual reaparecen nombres asociados con episodios anteriores: el ministro de Ganadería es Fernando Mattos, sobrino de Carlos Mattos Moglia, el ministro de aquella “Operación Conserva”; el socio de Gustavo Basso en el Frigorífico Bamidal en Paso de los Toros es Nicolás Alori.
Todo esto en nada contribuye a generar el clima de confianza tan necesario para el comercio y la industria, para ese clima de inversión que pretende obtener el nuevo ministro de Economía, Gabriel Oddone.
La gran pregunta que nos hacemos es si esta vez lograremos limpiar algo la cancha de actores no deseados, o si nos contentaremos con el usual gatopardismo de instituciones y controles que no controlan nada, como ha ocurrido en este caso con los organismos que fiscalizan el sistema financiero, el lavado de activos y la corrupción.
La noticia revelada de que empresas de Basso habrían recibido exoneraciones impositivas por un par de decenas de millones de dólares por parte del Gobierno de Lacalle Pou avalaría esta sospecha, aún cuando quedan por investigar todos los extremos irregulares que pueden ocultarse de analizarse uno a uno los cientos de millones de dólares invertidos en el negocios de los fondos ganaderos, particularmente los que, como los casos del Grupo Larrarte, República y Conexión Ganadera, optaron por mantenerse lejos del control del Banco Central, incurriendo en ilegalidades diversas que hoy deberían ser investigadas por los organismos competentes y particularmente la remolona Fiscalía de Delitos Económicos.
La riqueza del país está siempre en las mismas manos y las utilidades suelen ser exportadas muy lejos de nuestras fronteras. Los actores son a veces los mismos, a veces diferentes y la mayoría de las veces parecidos. Ellos son las grandes empresas trasnacionales y la banca privada, los frigoríficos y las corporaciones empresariales controladas siempre por los más grandes, el capital financiero y un centenar de grandes fortunas, casi todas ellas favorecidas por renunciamientos fiscales y exoneraciones
Ahí está la plata grande y la fuente donde se nutre la pobreza y la desigualdad.
No me parece que haya que buscar en otro lado amputándose recursos que, según los que saben, “siempre salen mal”.
Ojalá me equivoque y alguien tenga la solución para responder a las expectativas y las esperanzas del pueblo sin tocar ni un pelo a los más poderosos.
Me temo que habrá lucha para que no se frustren tales expectativas porque los intocables de siempre van a presionar para que todo siga más o menos igual a como está.