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Tal vez yo esté poniendo el dedo en la llaga al hablar de lo que no se quiere hablar. O tal vez aún no hay nada para decir, máxime que la proximidad de las elecciones obligará a todos los candidatos a ser muy austeros con las promesas.
Los posibles candidatos son muy cautelosos porque todos “saben” que es peligroso hablar de gastos, porque no faltarían los que consideran que hablar de gastos es hablar de impuestos. Y bueno. Si se habla en serio y se prometen proyectos costosos y necesarios habrá que considerar impuestos, pero de eso no se habla.
Todos presumen, además, que los economistas le informarán al próximo presidente o presidenta que el “espacio fiscal” será muy estrecho y que al llegar al Ministerio de Economía encontraron la caja más vacía de lo que pensaban y montones de recursos comprometidos que no esperaban hallar.
Siempre sucede así, sea o no cierto.
Casi todos los candidatos hoy reconocen que la pobreza infantil es un gravísimo problema en nuestra sociedad.
Unos hablan de la pobreza infantil alarmados y otros sólo la mencionan como una luz amarilla a la que hay que poner atención. Algunos pocos miran para otro lado.
La pobreza no es sólo un problema del futuro gobierno, aunque es una prioridad insoslayable. No sólo se trata de decir en un programa político o en una promesa electoral que la pobreza infantil debe ser encarada con políticas de Estado. Tampoco advertir que no es algo que se pueda corregir en un solo período de gobierno, abriendo el paraguas para cubrir las eventuales incapacidades o la cobardía para asumir costos políticos y riesgos económicos.
Debe decirse sin vacilaciones que la solución al problema de la pobreza infantil es una necesidad impostergable aunque tenga un costo político y, sobre todo económico, elevado. Me dirán con razón que la desigual distribución de la riqueza es causada por las relaciones de producción capitalista y que, fatalmente, si hay ricos, hay pobres.
La pobreza infantil depende en mayor o menor grado de los modelos económicos de los gobiernos, de las relaciones de producción capitalista, de la sensibilidad social de las diferentes administraciones y de la amplitud y eficiencia de las acciones sanitarias y de seguridad social implementadas por el Estado para reducir la pobreza.
No obstante, no es una fatalidad que la pobreza se concentre en los niños. La pobreza infantil es una obligación inexcusable del próximo gobierno y debe asumirse en sus multicausalidad de manera que podamos aspirar a ser una sociedad más justa, pacífica, orgullosa y, por qué no, próspera.
Es unánimemente aceptado que la pobreza en Uruguay tiene cara de niño y de mujer.
La sociedad toda, pero sobre todo los que más tienen, es la principal responsable de solucionar este problema que constituye una rémora que impide o dificulta en gran manera abordar la tarea de construir un futuro mejor.
Dicen que hay 160.000 niños menores de 18 años que viven en situación de pobreza en nuestro país o, como se dice ahora, con necesidades mínimas insatisfechas. 30.000 de ellos están aún peor. Esto ocurre con un fuerte deterioro de la natalidad. La mitad de los uruguayos pobres son niños.
Tal vez otros doscientos mil están en el borde de la pobreza. Si los miramos atentamente, vemos que ahí en esa suma de pobres, pobrísimos y casi pobres está hipotecado el futuro.
Si de aspiraciones se tratara, creo que casi todos los uruguayos de todos los partidos políticos desearíamos que todos los niños de nuestro país se puedan preparar para la vida en una sociedad de hombres libres, igualitaria, equilibrada, justa y tolerante. Desde las más diversas vertientes ideológicas y políticas se menciona la necesidad de impulsar la educación, de conseguir que los niños salgan de la escuela sabiendo leer y escribir, con conocimientos de las operaciones matemáticas más simples, con una cultura apropiada a su edad y valores que le permitan convivir en una sociedad constructiva y republicana.
Para la enseñanza secundaria hay ideas distintas en diferentes actores, pero quiero creer que todos quisiéramos que los adolescentes, niñas y varones, al menos terminaran el ciclo y que estén preparados para una vida en donde deberán compartir con sus semejantes, adaptarse a los cambios que sobrevendrán y preservar nuestras características culturales, sociales y nacionales de las que estamos más o menos orgullosos.
Obviamente, adquiriendo contenidos culturales, recursos para la construcción de un pensamiento crítico y competencias para incorporarse a la actividad laboral.
Hablar de cambios en la educación, discutir en ámbitos académicos, presumir de reformas y transformaciones y elaborar programas de gobierno sobre educación sin abordar el tema de la pobreza infantil es poco menos que una farsa.
Los diagnósticos están todos hechos. El problema es implementar o al menos encarar con eficiencia y decisión las soluciones. Mejor aún si son debatidas, negociadas y consensuadas. En estos días, el profesor Ricardo Pascale ha editado su segundo libro, en el que trata sobre el énfasis que necesariamente tiene que hacer nuestro país en la ciencia y la innovación para satisfacer las aspiraciones de prosperidad que todos los uruguayos soñamos.
Este llamado de atención de Pascale ha calado muy profundamente en ámbitos académicos y empresariales y también en todos los actores políticos. Pero el propio Pascale reconoce que sin resolver la inclusión de esos centenares de miles de niños en la sociedad, hablar de un Uruguay innovador es poco menos que hipocresía. Curiosamente, algunos de esos encuentros académicos se hacen en Punta del Este con la presencia de muchos empresarios que se deslumbran con la brillantez expositiva, la cultura poco menos que renacentista de Pascale, su experiencia docente, su simpatía y su don de gente. Todos están prestos a levantar las manos si se trata de votar por la innovación y la educación, pero me temo que no están tan dispuestos a asumir el costo, el esfuerzo y el sacrificio de sacar al 10 por ciento de nuestros compatriotas de la miseria, la droga, la violencia, el hambre y la postergación social. Ojalá me equivoque, mejor aún, probablemente me equivoque. La autoridad académica y política de Pascale tal vez ayude y acerque a mucha gente a esta idea que no va ni puede ser gratis.
Yo no hablo como una autoridad política, ni puedo aportar mucho a imaginar políticas de Estado, ni siquiera me propongo diseñar el abordaje multidisciplinario del problema.
Solo llamo la atención sobre un problema impostergable y necesario que no admite menciones demagógicas ni postergaciones ni excusas.
No hay cómo obtener rendimientos aceptables en la educación y el aprendizaje con 160.000 niños si no tienen un hogar digno donde vivir, salud garantizada, cuatro comidas todos los días, leche, vegetales, carne y ropa apropiada. Quizás debamos incluir la aspiración de que se formen en una familia integrada al mundo del trabajo en barrios y comunidades inclusivas con servicios públicos y presencia del Estado.
No hay cómo sacarle la cola a la jeringa. Así que sin hipocresía asumamos que si queremos un país próspero y dormir tranquilos, queremos seguridad, libertad y democracia, hay que ponerse las pilas y asumir que hay que hacer un shock contra la pobreza infantil en su diversas dimensiones y sobre las múltiples causas. Esto no es para los próximos veinticinco años, es para el próximo gobierno.
Hay cosas que ya se saben. Hay 700 asentamientos y en promedio realojarlos ha costado 5.000.000 de dólares cada uno. La inmensa mayoría están en Montevideo, Canelones, San José, Artigas, Rivera y Cerro Largo. En ellos viven la mayoría de esos niños, en hogares monoparentales donde la cabeza de familia es una mujer sola y desocupada o muy parcialmente ocupada. Tal vez, treinta o cuarenta mil de esos niños son hijos de alguno de los 16.000 jóvenes que están presos hacinados en condiciones deplorables, inhumanas e ilegales.
Se lo escuché a Tabaré Hackenbruch, subsecretario de Industria, pero alcanza con hacer la cuenta del almacenero. El Uruguay debe disponer de 3.000.000.000 de dólares para realojar esos 700 asentamientos con servicios básicos. Eso es el 5 % del PBI. Alguien se tendrá que apretar el cinturón, o tal vez todos. No es que le hagamos el favor a nadie, nos estaremos favoreciendo como sociedad. Tal vez esto no lo pueda hacer ni un gobierno ni un partido, pero obligatoriamente hay que ponerse de acuerdo para financiarlo y ejecutarlo. Obviamente no hay que esperar que los recursos sobren. Nunca habrá recursos de sobra porque los mismos son por definición escasos. Tampoco hacerlo de a poquito porque si realojamos un asentamiento se nos produce otro.
Con ser mucho, no alcanza con esto. Habrá que asegurar un salario mínimo a esas 75.000 madres que crían esos hijos y habrá que duplicar, tras vez triplicar las asignaciones familiares de los 460.000 compatriotas, la mayoría niños, que hoy están en condiciones de recibirlas. Probablemente se necesiten 1.000.000.000 de dólares anuales para estas erogaciones que, por otra parte, tal vez se estén hoy parcialmente otorgando por diversas prestaciones. Más o menos el 1.4 % del PBI.
Naturalmente, tendrá que haber contraprestaciones. Los chicos deberán estar integrados a la educación formal y el Estado deberá proporcionar trabajo a esas madres en operadores estatales o en empresas privadas que reciban estímulos para incorporarlas al trabajo formal. Habrá que hacer 6 modernas cárceles para 500 personas como he oído que reclaman los técnicos. Y he escuchado que el costo de las mismas se estima en 130.000.000 de dólares. Domenech -sí, el mismísimo Domenech- dice que destinar este dinero en cárceles es sólo una trigésima parte de los que se paga anualmente por amortización de capital e intereses de la deuda externa. Yo agrego que cada preso le cuesta al Estado $40.000 pesos mensuales, casi dos salarios mínimos. Tal vez sería más económico, para los que quieren bajar el costo del Estado, revisar las legislación y hacerlo de manera menos punitiva para que se puedan usar menos recursos en manutención de presos y más en rehabilitación, incluyendo acceso al trabajo formal y tratamientos contra las adicciones.
Pascale nos podría sugerir de dónde se puede sacar el dinero para poder enfrentar esta proeza. No le pidamos consejos a las calificadoras de riesgo, por favor.
Quizás los organismos internacionales puedan otorgar créditos destinados a infraestructura a pagar a largo plazo, y tal vez podamos incluir la construcción de viviendas y el reasentamiento entre los proyectos de infraestructura prioritarios para el desarrollo, y en inversiones en “capital físico” que todos los economistas consideran prioritarias para apuntalar el desarrollo. Tal vez se puedan renegociar las exoneraciones impositivas y ser más exigentes en las futuras exoneraciones a inversiones.
Si el abatimiento de la pobreza infantil se trata de una inversión y no un gasto, tal vez otras inversiones deban priorizarse para apuntalar la economía, como ser la inversión en innovación e investigación científica que el propio profesor Pascale estima en el 1.5 % del PBI (un incremento de otros 1.000.000 millones de dólares que podría ir incrementándose anualmente) y el shock de riego que proponen algunos actores vinculados a la producción agropecuaria, que algunos voceros de las agremiaciones rurales he oído que dicen que tiene financiamiento, y el propio Indio de Aparicio Saravia, Sebastián Da Silva, afirma que aumentará el PBI en 2.000.000.000 de dólares al año.
Algún impuesto quizás haya que pagar si todos queremos vivir mejor y sentirnos orgullosos del país en que vivimos. Al fin de cuentas, pagamos 3.000.000.000 de dólares por año de intereses y amortización de la deuda externa que ha crecido bastante en estos años de ajuste y austeridad fiscal, tanto o más que la pobreza infantil. En la pandemia, Astori, seguramente el más prudente y competente de los economistas de la izquierda, propuso gravar los depósitos de uruguayos en el exterior. Dijo haberlo estudiado en profundidad y recalcó que era perfectamente posible y justo. La propuesta cayó en el olvido porque de lo que se trataba era de proteger a los “malla oro”, pero tal vez ahora sería un buen homenaje para Danilo.
A mí me resulta por demás hipócrita cuando hablamos de un país de maravilla en donde hay estabilidad institucional, seguridad jurídica, democracia estable, regla fiscal y macroeconomía equilibrada, donde tenemos reservas en el Banco Central en la zona de “confort” y estamos a salvo de todas las crisis posible aisladas y combinadas.
¿Es que podemos ignorar esa catástrofe social que se está incubando? ¿Podemos olvidar a esos 30.000 niños en situación de pobreza crítica, a las madres que cargan esa pesada carga de criar solas a sus hijos, a los 16.000 presos y a los otros 9.000 que están en situación de libertad vigilada o de prisión domiciliaria? ¿Podemos olvidar que se calcula que a fin de año habrá 6.000 presos más? ¿Se pueden olvidar los 700 asentamientos, los 350.000 pobres, los 400 homicidios y seguir proclamando que vivimos en la Isla de Jauja?
Estoy seguro que esta situación merece un diálogo entre académicos, políticos, empresarios, organizaciones sindicales, sociales y estudiantiles para procurar negociar o consensuar una mirada común. Habrá naturalmente diferencias, aunque quizás sería deseable que quedara por fuera de las disputas electorales. La diputada Cristina Lustemberg hizo una proeza y logró crear cierta zona de consenso que será aún mayor si pasa de las promesas a los hechos. La pelota está en la cancha esperando que haya gente que la patee, con nuevas propuestas, descartando alguna de estas y proponiendo otras, pero siempre contribuyendo a poner en hechos lo que presento como ideas a “vuela pluma”.