Justo después del arresto del activista, al que también se le retiró la ciudadanía ecuatoriana, Washington anunció una acusación criminal en su contra por presunta conspiración, y el pasado 23 de mayo le imputó 17 nuevos cargos que incluyen, entre otros, la violación de la Ley de Espionaje.
De ser encontrado culpable de estas acusaciones, y en caso de que fuera extraditado al país norteamericano, el activista podría enfrentar hasta 175 años tras las rejas.
Por otro lado, el Departamento de Justicia no persiguió a Assange por la filtración en 2017 de miles de documentos bajo la denominación ‘Vault 7’, que puso al descubierto el arsenal de ‘hackeo’ de la CIA, ante la preocupación de que ello causaría más daño a la seguridad nacional, según funcionarios gubernamentales citados por Post.