A raíz de una auditoría interna de la Cancillería, en 2008 se inició la causa de los autos truchos y rápidamente saltó que la de Uruguay era una de las embajadas que más había hecho uso de las franquicias diplomáticas, con 18 vehículos ingresados de manera irregular. El régimen permitía importar autos destinados a las embajadas sin impuestos, que se podían comercializar apenas 90 días después de ingresados. Mucho aprovecharon para hacer negocios particulares. Los arreglos implicaban al jefe de Franquicias de la Cancillería, a dueños de concesionarias, diplomáticos y a los compradores finales, algunos de ellos famosos como el folklorista Chaqueño Palavecino y el polista Adolfo Cambiaso.
Bustillo fue convocado por el entonces canciller uruguayo Reinaldo Gargano para que diera explicaciones sobre el entuerto y allí quedó el asunto. Pero luego ocurrió que Bustillo intentó recuperar los dos Porsche que había comprado a su nombre en 2007, valuados en alrededor de 100 mil dólares cada uno, que se sumarían a su patrimonio que ya contaba con un Mercedes-Benz. Ante una consulta del sector jurídico de la Cancillería argentina, la fiscal Rivas Diez emitió un duro dictamen en el que detalló las maniobras delictivas incurridas en el trámite de Bustillo, como presentación de documentos falsos y el otorgamiento anticipado de patentes a vehículos que todavía no habían ingresado al país. Además, en los formularios se modificó que se trataba de autos sedán y no cupé, dado que hasta en las convenciones internacionales se explica que no se pueden importar autos deportivos para uso diplomático.
El pedido de indagatoria de la fiscal fue desestimado porque los embajadores gozan de inmunidad diplomática. Por ese motivo, ni Bustillo ni el resto de los diplomáticos involucrados en el escándalo fueron procesados.
