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Una delegación de senadores del Frente Amplio (FA) presentó en la tarde de este miércoles una denuncia penal ante la Fiscalía por el acuerdo por el cual el gobierno extendió la concesión de la terminal de contenedores.
“Hoy culminamos un proceso de investigación y trabajo a nivel del Frente Amplio y venimos a presentar una denuncia penal”, dijo el senador Charles Carrera (MPP) en una improvisada rueda de prensa. Para el FA “aquí se han configurado una serie de delitos muy graves en perjuicio del país y de la administración pública. Delitos y formas de actuar que son ilegítimas”. Entre estas destacó abuso de las formas jurídicas, incumplimiento de la Constitución y de la Ley de Puerto.
“Nosotros consideramos que acá hay varias figuras penales, hay un perjuicio económico enorme para el país”, subrayó. Y agregó: “Acá se benefició a una empresa privada en más de mil millones de dólares, se asumieron compromisos en más de dos millones de dólares”.
Además consideró que “hay usurpación de funciones o sea que hay una serie de decisiones que se deberían haber tomado en el ámbito del directorio de la Administración Nacional de Puertos y que se apropiaron el presidente de la ANP y el ministro del momento Luis Alberto Heber. Se apropiaron y tomaron decisiones sin pasar por el directorio”.
Sostuvo que además hubo “falsificación ideológica. Lo podemos comprobar documentalmente. Hay decretos en los cuales se dijo que se habían tomado los recaudos como marca la ley, haberle preguntado previamente a la ANP, y nosotros podemos comprobar que la consulta se realizó luego que fue presentado públicamente ese decreto”.
Cuatro involucrados
“Lo que hizo el Frente Amplio es dar cuenta a la Justicia para que actúe y laude”, sentenció Carreras.
Finalmente sostuvo que la denuncia compromete a cuatro funcionarios: el ministro de entonces Luis Alberto Heber, el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, Juan Curbelo presidente de la ANP y el subsecretario de Transporte Juan José Olaizola.
Ahora la denuncia seguirá su curso y seguramente derivará, en opinión de Carreras, en la Fiscalía de Delitos Económicos.