“Los registros financieros de Donald Trump son la Piedra de Rosetta para comprender la magnitud de su corrupción y sus delitos”, ha asegurado en Yahoo News Michael Cohen, quien ha ejercido durante años como abogado personal de Trump. “Cuanto más se desvele, más al descubierto quedará él. Por eso se ha esforzado tanto en ocultarlo”.
El reportaje del New York Times también señala que existe la posibilidad de que la auditoría a Trump haya quedado “en pausa” por el hecho de ser presidente, lo que implicaría que todo este asunto no se resolvería hasta que Trump dejara el cargo.
El Servicio de Impuestos Internos no ha querido confirmar ni desmentir que haya puesto en pausa la auditoría a Trump y tampoco existen pruebas todavía de que Trump haya intervenido en esa presunta pausa. (Incluso la persona designada por Trump para dirigir el Servicio de Impuestos Internos ha rebatido la afirmación del presidente de que no puede publicar sus declaraciones de la renta por la auditoría).
Sin embargo, el hecho de que presuntamente esté en pausa respalda una de las tendencias más firmes de la presidencia de Trump: sus esfuerzos por utilizar su autoridad para esquivar el escrutinio legal y sacar provecho financiero, como si la Casa Blanca fuera la baza que le queda para no ir a la cárcel.
Según opinan desde la Oficina del Asesor Jurídico del Departamento de Justicia, Trump y sus abogados han afirmado en reiteradas ocasiones que no le pueden acusar judicialmente porque es el presidente, lo que, según ellos, le escuda ante cualquier litigio federal, estatal e incluso civil. Gracias a ello, hasta ahora ha escapado de sus acusaciones de agresión sexual, presunta difamación y otras preguntas sobre sus finanzas.
Todo esto hace que el presidente tenga un buen incentivo para mantenerse en el cargo.
Las cifras publicadas en el reportaje del New York Times “coinciden con lo que hemos visto durante su presidencia, y es que Trump ha hecho todo lo posible por doblar o romper la ley para su beneficio financiero y personal”, sostiene Donald Sherman, director adjunto del grupo de vigilancia civil Citizens for Responsibility and Ethics in Washington.
“Creo que esto confirma que seguirá utilizando las herramientas del Gobierno y su cargo de presidente para evitar el escrutinio legal”, añade.
Los abogados de Trump han esgrimido ese argumento de forma reiterada en casos que giraban en torno a sus impuestos, sobre todo en Nueva York, donde el fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr., lleva un tiempo solicitando registros como los publicados en el New York Times.
Los expertos legales consideran discutible la estrategia de defensa de Trump. De hecho, en julio, el Tribunal Supremo rechazó en dos ocasiones el argumento de que es inmune ante citaciones legales o parlamentarias que podrían haberle forzado a publicar las declaraciones de la renta y que habrían mostrado pruebas de su evasión de impuestos y otros delitos.