Yo lo he tomado como algo común y corriente dijo el fiscal Perciballe, porque la Fiscalía actúa con varios jueces, y no todos vivieron esa época. Perciballe precisó que, “por ejemplo, en la causa que tenemos en Bella Unión, el racconto en ese caso debió comenzar a mediados de los años 60 porque la causa es del 72 y tenemos que explicar cómo se llegó a la guerrilla, a las medidas prontas de seguridad y cómo se suspendieron las garantías individuales, para que luego se comprenda el marco de la represión contra las personas”. Según la experiencia del fiscal frente a los jueces de todo el país, “se sabe, sí, que hubo un golpe de Estado, saben que hubo represión y desaparecidos, pero en muchos casos existe, diríamos, poca profundidad sobre los hechos ocurridos”.
En cuanto a las causas, en proceso hay unas 110 causas que se tramitan por el viejo Código de Proceso Penal, y de ellas 49 que ya tienen sentencia definitiva, en tanto que desde 2018 se registran 34 procesamientos. Además, también por el Código viejo existen unas 20 causas que se encuentran en la siguiente situación: en unas 10 hay pedido de procesamiento y en otras 15 no llegamos aún a la etapa definitoria de la investigación en sí. En tanto, por el nuevo Código de Proceso Penal se tramitan unas 10 causas, y entre ellas 5 se encuentran en el siguiente estado: tres de ellas ya tienen condena y en otras dos causas ya están los imputados formalizados. El resto de las causas que se tramitan por el actual sistema penal también ya están finalizadas en cuanto a su investigación.
Según conoció Caras y Caretas, en la causa que investiga torturas en Bella Unión falta que declare un persona; en Maldonado, por la muerte de Francisco Chocho, seguramente habrá otra imputación; también sobrevendrán imputaciones de tres exoficiales de la Fuerza Aérea por la desaparición José Arpino Vega, detenido en 1974 en la Base Aérea de Boiso Lanza junto a Ubagésner Cháves Sosa.
Como otro punto, el marco de la investigación por las torturas en esa base aérea, el fiscal Perciballe encontró un documento que podría contribuir a conocer la situación de Arpino Vega, “y en la medida de que nunca hubo una causa pedí a la jueza que se hiciera una pieza aparte para investigar, por ello se tramita bajo el nuevo CPP”. De todas formas siguió Perciballe, aunque no es explícito el dato, obtuvimos una información primaria que ya pasamos a la INDDHH sobre la posibilidad de encontrar la tumba clandestina de Arpino Vega.
Los hechos que marcaron el golpe de Estado
Aun cuando la crisis económico-social antecedió en casi dos décadas al quiebre final de las instituciones en 1973, como relató Benjamín Nahum, ya a partir de 1968 podía perfilarse con nitidez la perspectiva dictatorial en el sistema político uruguayo.[Salto de ajuste de texto]A la semana de asumir la Presidencia, en 1967, Jorge Pacheco Areco decretó la disolución del Partido Socialista, la Federación Anarquista Uruguaya, el Movimiento Revolucionario Oriental, el Movimiento de Izquierda Revolucionario y el Grupo de Independientes de "Época", así como la clausura del diario de ese nombre y del semanario socialista "El Sol". En el texto del decreto se indicaba a estos grupos como vinculados a las acciones armadas que habían comenzado a producirse en Uruguay. Se aplicaron medidas Prontas de Seguridad en circunstancias que no habilitaban para ello, al punto que entre el 13 de junio de 1968 y el año 1971 se vivió bajo el régimen de Medidas Prontas de Seguridad.
En el Partido Colorado, la oposición al pachequismo se integraba por cuatro grupos liderados respectivamente por Amílcar Vasconcellos, Manuel Flores Mora, Zelmar Michelini y Alba Roballo, quienes llegaron a un acuerdo para coordinar su acción parlamentaria. En el Partido Nacional, la Alianza Nacionalista con Martín Echegoyen al frente, brindaba su apoyo al Gobierno, mientras que en el Movimiento Nacional de Rocha, dirigido por Carlos Julio Pereyra, el alineamiento fue claro en contra del avance autoritario.
El 31 de julio de 1971 apareció el cadáver mutilado y acribillado del estudiante Manuel Ramos Filippini, muerte que se atribuyó el "Comando Caza Tupamaros" y los casos de los jóvenes Héctor Castagnetto, desaparecido el 17 de agosto de 1970, e Ibero Gutiérrez, cuyo cadáver apareció acribillado el 28 de febrero de 1972, que no fueron investigados a profundidad, indicó el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, en la acusación al expolicía Ricardo Zabala, responsable del homicidio muy especialmente agravado de Cecilia Fontana de Heber. En el campo de la izquierda, la principal organización armada fue el Movimiento de Liberación Nacional–Tupamaros (M.L.N.). A partir de 1971 las Fuerzas Armadas asumieron la conducción de la lucha antisubversiva.
En noviembre de 1971 inició su administración el presidente electo, Juan María Bordaberry, y el 14 de abril de 1972 se registró la muerte del exsubsecretario del Interior, Armando Acosta y Lara; el capitán de la Armada, Ernesto Motto; el subcomisario Óscar Delega y su chófer, Carlos Leites, fueron ametrallados por los tupamaros en base a la información que había brindado fotógrafo de la Policía, Nelson Bardesio. Ese mismo día, en represalia, fueron allanados varios escondites tupamaros ya detectados con anterioridad, y muertos ocho de sus ocupantes por las Fuerzas Conjuntas (FF.AA. y Policía). Al día siguiente, la Asamblea General aprobó la suspensión de las garantías individuales y declaró el "Estado de Guerra Interno". Esto dio curso libre a la represión de los opositores de cualquier signo y se hizo cada vez más notorio el proceso de autonomización castrense.
En la madrugada del 27 de junio, el presidente Bordaberry anunció por Cadena Nacional de Radio el Decreto 464, por el cual disolvía las Cámaras, las que serían sustituidas por un Consejo de Estado a conformarse posteriormente, convirtiéndose así en dictador con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
El 30 de junio siguiente, el Gobierno decretó la disolución de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT), considerándola como una asociación ilegal; fueron clausurados sus locales y se dispuso la captura y arresto de sus dirigentes; se suspendieron los cursos de enseñanza primaria. En febrero de 1974, el Consejo de Estado aprobó una nueva Ley Orgánica Militar que sintetizó los objetivos de las Fuerzas Armadas y el concepto de seguridad y defensa nacional. Además, institucionalizaba el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), el Estado Mayor Conjunto (ESMACO) y la Junta de Comandantes en Jefe. En noviembre, el decreto 1026/1973 del Poder Ejecutivo ilegalizó 14 agrupaciones políticas y estudiantiles.
Dentro de esta categoría se enmarcó el sistema policíaco de detenciones arbitrarias, torturas, desaparición forzosa o asesinatos. El derecho a la libertad no solo fue violado con la detención de personas y la prohibición de reuniones o agrupaciones, también la libertad de expresión fue desconocida por el Gobierno. En relación a los medios de comunicación, el Gobierno decretó que las agencias internacionales de noticias debían entregar al Ministerio del Interior una copia de los cables enviados al exterior, ya que se consideraba que estas agencias transmitían información que "no se ajustaba a la realidad".
A fines de 1973, las declaraciones del ministro del Interior, coronel Néstor Bolentini, confirmaron las intenciones de permanencia de la dictadura. El ministro anunciaba que las elecciones de 1976 estaban "condicionadas a la seguridad nacional". Al año siguiente, el presidente Bordaberry sostuvo que "las elecciones de 1976 estaban subordinadas a la culminación del proceso iniciado en 1973 y que no podrían participar candidatos marxistas ni políticos profesionales". El año 1975 fue importante para algunas definiciones del régimen que denominó a 1975 como "Año de la Orientalidad".
Desde finales del 1975 comenzó a perseguirse y detener masivamente a militantes del Partido Comunista del Uruguay y, a comienzos del año 1976, en el marco de una publicitada campaña de denuncia de un aparato armado, cientos de sus afiliados fueron reprimidos. Después de un período incierto en que permanecían en cuarteles, incomunicados y desaparecidos para familiares, en donde eran sometidos a torturas físicas y psicológicas, pasaban a ser procesados por la Justicia Militar.
La Justicia Militar en su origen una institución interna de las Fuerzas Armadas se utilizó para juzgar a civiles. Existió un Supremo Tribunal Militar que condenaba a penas variables y también defensores militares "de oficio" que los presos políticos tenían que aceptar. Tras la inevitable condena eran alojados en centros de reclusión. Para los hombres, el Penal de Punta Carretas o el de Libertad, y para las mujeres el Penal de Punta de Rieles y la Escuela de Enfermería "Carlos Nery", en Ciudad Vieja.
El grupo de militares constitucionalistas, que fueron detenidos después del golpe de Estado, permaneció durante todo el período de gobierno militar en Cárcel Central. Los partidos políticos apenas pudieron organizarse de forma clandestina, en tanto 1976 hubiera sido año electoral. El sector más aperturista de los militares había intentado establecer negociaciones con los políticos exiliados en Buenos Aires: Wilson Ferreira Aldunate, Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini. Las negociaciones se vieron frustradas, no solo porque el sector castrense más duro impuso su voluntad, sino porque el 20 de mayo de 1976 se produjo el asesinato de Zelmar Michelini (senador del Frente Amplio) y de Héctor Gutiérrez Ruiz (último presidente de la Cámara de Representantes del Partido Nacional). Sus cadáveres fueron encontrados en la ciudad de Buenos Aires junto a los de dos exmilitantes del MLN, Rosario Barredo y William Whitelaw, mientras que Ferreira Aldunate salvó su vida por azar y debió salir de Argentina, iniciando un largo exilio en Europa, desde donde denunció a la dictadura uruguaya.
La respuesta inmediata al golpe militar del 27 de junio de 1973 fue la huelga general que llevaron adelante los trabajadores nucleados en la CNT.
