Si, a partir de una documentación que no sé cómo llega a Búsqueda en febrero del 2020 y nos pone en alerta más allá de quién era la persona, porque no importa quién era la persona. Había una realidad de una sociedad anónima que tenía campos en padrones afectados por el Instituto. En ningún momento se está cuestionando la propiedad, la propiedad es de los propietarios pero esas tierras están afectadas a la ley Nº11.029 de Colonización.
Empezamos a investigar de qué se trataba esto luego de un intercambio por la prensa con la Ministra Moreira que en determinado momento me dice “andá a estudiar”, me botijea diciendo anda a estudiar y fuimos a estudiar, y estuvimos meses estudiando, recabando información y encontramos algo que ni siquiera lo teníamos en el radar y era que el Senador Maniní también estaba en ese campo.
Como no me interesa “vedettear”, no salí por todos los medios de prensa a dar la información que tenía y armar un escándalo público, pero no era ese fin; nuestro fin era cumplir nuestra responsabilidad como director del INC.
No tenía esa información cuando fui Presidente del Instituto y hubiéramos obrado igual si nos hubiera llegado.
Lo que hicimos fue investigar que pasaba con ese inmueble Nº 511 allá en Artigas en la punta más norte del país, y mandamos una inspección del INC que es una suerte de auditoría y dijimos: “queremos que haga una inspección no a Moreira, no a Maniní, sino al inmueble 511, vaya al inmueble y vea que es lo que hay” y partir de eso se institucionalizó el proceso que es lo que debía pasar.
Como director tengo la potestad de solicitar una inspección específica y además comuniqué al resto de los cuatro directores y ninguno me dijo que no, nadie me dijo no lo hagas, nadie me pidió que lo sometiera a votación, ahí ya estábamos en setiembre del 2021.
Y cuando otros directores habían pedido inspecciones a otros inmuebles todos dijimos que sí, era una práctica común.
La inspección va desde octubre hasta febrero, pero en ese mes la inspectora se agarra Covid, y en marzo sale el informe de la inspección que dice que el Palomar S.A. integrado por Roque Moreira, Irene Moreira, Guido Maniní Ríos y la sucesión Artola Pereyra están en un inmueble del son propietarios y el inmueble está en campo afectado a colonización, y se inspeccionó todo, lo de roque Moreira, lo de Maniní y también lo de Artola Pereyra, que no aparece en la discusión.
Cuando este informe se conoce ante la conmoción pública que causa decide primero declarar todos los obrados vinculados a esto en reserva y en segundo lugar elevar el informe de la inspección antes de dárselo a los involucrados, a la asesora letrada, abogada de confianza y nombrada por los directores coaligados del oficialismo, porque no es un cargo de carrera, sino de confianza política.
La asesora letrada tiene el expediente unos tres o cuatro meses y en junio del 2022 saca su informe que ratifica lo dicho por la inspección.
Ese informe se entrega a los involucrados y el Dr. Curbelo que los representa presenta una serie de descargos y se adjunta un informe contratado del Dr. Guerra, un antiguo abogado agrarista de la UDELAR que sostiene que Maniní no es colono, haciendo énfasis no en la lógica de lo que se venía diciendo sino en la omisión de INC durante muchos años pero eso no tiene validez para levantar la habilitación.
Si al INC le cabe responsabilidad es a partir de 1985 donde viene una larga noche de inacción, pero desde 1971 a 1985 el Instituto si tuvo acción sobre esa situación.
Pero justamente, al tener una denuncia, para no seguir siendo omisos hay que obrar y fue lo que hicimos.
(Casco de la Estancia de los Manini Moreira)
Así que por un lado está el informe de la inspección ratificada por la asesora letrada y los descargos de los propietarios. ¿Qué acción se sigue?
El directorio decide pasar todo a la Sala de abogados del INC, integrada por la Asesora Letrada, la Jefa de Jurídica, la Jefa de Inspección y la Jefa de Notarial, trabajan un montón de meses y en noviembre concluyen ratificando el informe de inspección y el informe de la asesora letrada y responden a los descargos presentados por Maniní a través de Curbelo.
Previo a la entrega del informe de la Sala de Abogados del INC, los productores Artola Pereyra presentan los títulos en reconocimiento que el Instituto tenía razón y ponen al día los asuntos notariales.
Ahí entonces los directores del oficialismo plantean contratar a un experto neutral; nosotros pensamos en un grado 5 de la Udelar como por ejemplo Fernández Reyes que se excusó de hacerlo por ser el esposo de la vice presidenta, pensamos en Saavedra que ha escrito libros sobre el Instituto, pero no, contratan a un conocido de ellos (el Dr. Horacio de Brum militante del Partido Colorado y suplente en su momento al senado de Germán Coitinho) y le dicen que tiene que hacer un informe, que yo no sé quién lo contrató ni porque se le pagó diez mil dólares, plata que pagan todos los colonos.
Se decide ese contrato con mi voto en contra y se realiza un informe en cinco o seis días, cuando a nosotros nos llevó más de un año; lo primero que dice el informe es que no pudo acceder a todos los materiales requeridos por lo que ya quedaba invalidado percé, porque es imposible con falta de todo el material llegar a una conclusión definitiva y definitoria.
¿Nadie le dio toda la información?
Yo propuse darle toda la información aunque terminara diciendo lo mismo, démosle un mes más de tiempo para que pueda estudiar y me dijeron: “no, hay un compromiso, esto se vota ya”.
¿Esa resolución que implica?
La resolución no está clara pero lo menos claro es que el directorio con cuatro de los cinco votos, pueda definir que el inmueble deje de pertenecer al INC, hay mecanismo pero no es éste, necesita de los cinco votos, así que se puede estar cometiendo una ilegalidad.
Alguna vez que se ha debido definir desafectar del INC un inmueble siempre se hizo porque así lo establece la ley, con los cinco votos del directorio. Suponiendo que tuvieran razón en sus fundamentos, cometieron un error de procedimiento.
¿En qué situación queda el servicio jurídico del INC luego de ésta suerte de ninguneo de su rol?
Este es un antecedente gravísimo, los servicios jurídicos nos asesoran todos los días y tienen una capacidad técnica que han ganado pleitos a prestigiosos bufete de abogados y tienen una independencia técnica indiscutible, no se puede decir que no saben y contratar un grado 2 de la Católica que además dice no contó con toda la información, una demencia.
Esto ha generado problemas y el sindicato (AFINCO) ha sacado una declaración en defensa del prestigio de los funcionarios, porque además es un desconocimiento de la función pública, donde yo no puedo ningunear al servicio jurídico del INC cuando no está de acuerdo conmigo, eso es un disparate es un abuso de funciones.
(Mil cabezas de ganado explotan en sus campos la empresa El Palomar S.A.)
¿En que afecta que Maniní sea declarado No colono?
Esto tiene dos implicancias; la primera que la tierra afectada a colonización tiene un 20 % menos del valor de mercado.
Entonces de pique Maniní aumenta en un 20% su patrimonio en la tierra.
Exacto, pero además está todo el tema vinculado a la LUC pero a mí me trasciende y no me corresponde, mi responsabilidad es defender la aplicación de la ley de colonización y los intereses de los colonos.
¿Esto no abre la puerta a nuevas acciones de colonos que quieran verse desafectados?
Y si, pueden hacerlo, como precedente abrimos una puerta que no sabemos qué va a pasar, es el caos mismo. Yo aprendí que en el Derecho Privado uno no puede hacer lo que está prohibido, todo lo demás lo puede hacer, pero en el Derecho Público uno solo puede hacer lo que le está permitido y en la ley 11.029 no está habilitado que cuatro de cinco directores decidan desafectar una tierra, se necesitan cinco votos y mi voto no está.
¿Hay mecanismos legales para anteponer un recurso a la definición?
Por el lado del TCA no pero estoy convencido que es una medida ilegal, pero no sé si me corresponde a mi hacerlo como individuo. Lo que sí está claro es que el Dr. De Brum como consultor hace una interpretación de que posiblemente el directorio compro un terreno que luego no quería quedárselo, pero eso no surge de ningún lugar, es una interpretación traída de los pelos.
Por ley por ejemplo si se puede que un colono solicite ser desafectado, pero esto tiene un costo que es el 10% de la tasa de valor del campo, tiene que pagarlo, está en la ley, no es una interpretación.
Tengo 52 documentos sobre el tema Maniní que lo demuestran, sin contar las Actas del Tribunal de Honor del Ejército a Roque Moreira de donde también surge claro la afectación de esos campos al INC.
¿Este antecedente junto a algunas definiciones en el plano presupuestal parece existir una voluntad de debilitar el rol del INC?
En breve el Instituto cumple 75 años de existencia que a pesar de todo esto es la mejor herramienta de desarrollo rural que tiene el Uruguay, hay que preservar la herramienta pero si hay una voluntad de debilitarlo pero no desde los directores sino de los partidos de la coalición de gobierno.
En este periodo cuando cumplamos tres años se deben haber comprado mil hectáreas de tierras; en el año que yo fui presidente se compraron once mil.
Y no es comprar por comprar; en el basalto del norte tenemos 140 familias esperando y con suerte se le va a poder a dar a una, o sea quedan 139 familias fuera de las posibilidades de colonizar, que tienen ganado, que tienen experiencia que tienen perfil, que pueden ser excelentes productores y mientras tanto discutimos estas cosas de tipos que deberían estar orgullosos de estar en campos afectados por la ley, ya que se dicen artiguistas, porque no hay nada más artiguista que el INC.
