El astillero español Cardama no recurrió en su momento la rescisión del contrato para la construcción de dos patrulleras oceánicas (OPV) por 82 millones de euros, pero en los últimos días inició un proceso de arbitraje internacional contra Uruguay. El Ejecutivo trabaja en la defensa y estima que el Estado sea representado por el estudio español Uría Menéndez.
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Cardama contra el Estado uruguayo.
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Según informó el semanario Búsqueda en su página web, el Poder Ejecutivo fue notificado el pasado lunes 11 de mayo. La demanda se presentó ante el tribunal de la Cámara Internacional de Comercio (CIC) con sede en París.
Cardama se basó en el artículo 39 del contrato, referido a aspectos técnicos constructivos, y no especificó en su reclamo el monto económico que pretenderá cobrar. Dicho artículo, establece que "si se presentase cualquier diferencia de opinión entre las partes con relación a asuntos técnicos" que no pudieran ser decididas por la sociedad de clasificación –Lloyd's Register–, el asunto "será sometido a la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional y se resolverán finalmente conforme a las Reglas de Arbitraje" de dicho organismo.
Por otro lado, para "cuanto litigio y controversias se deriven de la interpretación, aplicación y ejecución" del contrato, el caso será sometido "a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de la ciudad de Montevideo".
Cardama no recurrió
Cardama no recurrió la rescisión del contrato, lo cual había llevado al prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, a afirmar que el acto quedaba "firme" y la rescisión era "definitiva".
Esto habilitaba al Estado a continuar en su reclamo por daños y perjuicios, demanda que el Ministerio de Defensa Nacional está redactando por estas horas, informaron desde el gobierno.
Rescisión del contrato
En el pasado mes de febrero, el presidente Yamandú Orsi anunció la rescisión del contrato por incumplimientos graves en la construcción de las patrulleras oceánicas. Indicó que el gobierno iniciará acciones por daños y perjuicios, buscará recuperar el patrimonio invertido y definir responsabilidades, al tiempo que procurará avanzar por otra vía para adquirir los buques.
Se desprende de lo informado por Díaz en esa ocasión que el Estado cumplió con todas sus obligaciones y señaló que hubo dos garantías inválidas presentadas por la empresa. Además, prosiguió, no había ninguna garantía vigente, lo que habilitó la rescisión.
Las posibles implicancias políticas se encuentran a estudio de una comisión especial bicameral.
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