En rigor, la nota se concentra en los gastos observados hasta 2016, porque en 2017, de acuerdo a los datos que obran en el ministerio, las observaciones se redujeron a la mitad (46%) luego de que se mejoraran aspectos de procedimiento que explicaban la mayoría de las observaciones. Es que del total de los gastos observados en 2016, la mayoría son por principio de ejecución o porque se realizan compras antes de que termine todo el proceso licitatorio, que implica la firma de la ministra o del presidente en expedientes que demoran varios meses, y por eso el gasto se reitera para evitar que en el interín cierren refugios o se suspendan los contratos de trabajadores que atienden a miles de familias, niños y jóvenes en el marco de programas como Uruguay Crece Contigo, Jóvenes en Red o programas de Atención a Familias que trabajan con jóvenes desempleados, desvinculados de la educación, mujeres embarazadas, niños y niñas menores de cuatro años, en hogares de altísima vulnerabilidad. Muchas veces las únicas opciones son o bien atenerse a la observación y cerrar refugios, centros de cuidados y algunos centros de atención a personas con discapacidad psiquiátrica o realizar el gasto pese a la observación para que no se suspendan servicios de refugios, puertas de entrada y los contratos de personas que atienden a las familias más humildes en el marco de los programas del ministerio. Con todo, año a año se han ido mejorado los procedimientos y los expedientes se comienzan con más tiempo y modificando el procedimiento observado, por lo que el número de observaciones ha ido disminuyendo hasta alcanzar 14% del total ejecutado en 2017.
De las denuncias que menciona la nota, la única que ha alcanzado la categoría de denuncia judicial y que podría considerarse una verdadera acusación de corrupción es la que involucra los gastos observados por la compra de boletos de transporte por el ministerio a personas que no figuran en su plantilla. La denuncia fue presentada por el doctor Diego Durand el año pasado y afirma que el ministerio autorizó pagos de boletos de ómnibus interdepartamentales a personas que no figuran como funcionarios del Mides. La secretaría de Estado se presentó ante la Justicia y aportó los documentos que prueban que esos boletos fueron comprados para jóvenes entre 14 y 24 años del programa Jóvenes en Red para traslados motivados por actividades educativas, laborales o de asistencia a la salud en nueve departamentos del país, y para trabajadores de los programas que deben viajar al interior con independencia de la forma de contratación, que podía ser directamente una relación funcionarial o a través de organizaciones de la sociedad civil, tomando en cuenta que el ministerio desempeña funciones en todo el territorio y no sólo en Montevideo.
La denuncia del doctor Durand, que era el asesor de seguridad de Lacalle, el abogado del “criminal más peligroso de Uruguay”, Alberto Betito Suárez, y quien una vez fue denunciado por el recientemente retirado inspector Guarteche por haber pedido el traslado de presos narcos para beneficiarlos, fue rechazada por el fiscal y por la jueza de crimen organizado porque a juicio de la Fiscalía “de la prueba incorporada a la causa no surgen elementos que permitan concluir que nos encontramos ante hechos de apariencia delictiva” y el fiscal se permite recordar en el dictamen que “no todo gasto observado por el Tribunal de Cuentas configura per se un delito, sino que es necesario que la conducta se encuadre en alguna de las figuras delictivas contra la administración. Tan es así -agrega el fiscal- que el artículo 211 literal B de la Constitución de la República prevé un mecanismo de reiteración del gasto por parte del ordenador”. La jueza, conteste, resolvió el 23 de noviembre del año pasado clausurar todas las actuaciones presumariales en este caso.
Si Graciela Bianchi está en conocimiento de algún hecho de corrupción que refiera a algo concreto y no a una postura filosófica generalista e injuriante que imputa como corrupción a los actos de gobierno que no le gustan, debería ir a denunciarlo ante la Justicia. A eso obliga la ley a todos los funcionarios públicos, incluyendo a los legisladores.
Como hemos advertido varias veces, se viene una campaña electoral feroz, en la que habrá que estar muy atento a las denuncias que se hagan en el marco de operaciones políticas de deslegitimización de la izquierda y el enchastre de sus dirigentes y jerarcas. Esta acusación difusa sobre Marina Arismendi, sugiriendo a través de fuentes y voceros de la oposición que el ministerio es un descontrol, pese a que los documentos sobre los gastos del Mides están todos registrados, controlados y además son públicos, tiene esa tónica e incluye sutilezas que no siempre son fáciles de discernir para el lector inadvertido. Como ejemplo, llama la atención la cartera que lleva la ministra en la foto elegida para tapa. Una cartera de cuero teñido de un rojo furioso que o bien sugiere que el ministerio (usualmente la “cartera”) está al rojo vivo o que el ministerio del despilfarro es rojo, comunista. Usted dirá que estoy siendo rebuscado. Pero lo cierto es que el color verdadero de la cartera de Marina es negro y ese rojo furioso se lo pusieron con Photoshop. ¿Por qué será? Fue la única cosa que alteraron de la foto.
