Por su parte Toma reiteró a Radio Sarandí que el Poder Ejecutivo “me persigue como funcionario de carrera por acciones ocurridas mientras tenía ese cargo en situación legal de reserva y desempeñaba otro de confianza, la secretaría de la Presidencia”.
En un texto enviado a la emisora el exsecretario de la Presidencia señaló que pidió la carta al Dr. Reichler porque a su criterio “se trastocó la antigua garantía liberal de que el imputado goza de una presunción de inocencia”.
“Entre setiembre y octubre se filtró información de la investigación todos los días. Se ocasionó un daño enorme a mi familia, a mis colaboradores y sus entornos familiares. Se dejó circular una terrible versión sugerida según la cual todo era un turismo de ocio decadente”, agrega.
Precisa en su texto enviado a Radio Sarandí señala que “la investigación debe ser secreta según las normas». «Por eso peticioné que se investigue si hubo filtración atribuible a la administración, lo que sería una falta grave y delito penal”.
Agrego que “antes de decretarse el sumario, (Lacalle Pou) habló en varios medios afirmando textualmente que si fuera por él, yo ya no era funcionario, pero que había que hacer un sumario”.
“El presidente afirmó que había llamado dos veces por teléfono al sumariante”. Y ante esta situación se pregunta: “¿alguien se sentiría juzgado con ecuanimidad en un caso donde el presidente de la República sale a los medios a decir esas cosas de quien, a ese momento, ni siquiera era sumariado? ¿Cuándo en Uruguay se dio que el presidente de la República informe a los medios que se comunicó por teléfono dos veces con el instructor de una investigación administrativa? ¿Cuándo pasó que el presidente haya dicho que modificó el procedimiento administrativo para evitar que un funcionario determinado informe sobre él?».
Para el ex jerarca finaliza diciendo: “Todos tenemos un derecho constitucional a que nuestro asunto sea decidido por funcionarios imparciales”.
