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Ex jerarcas del FA iniciaron juicio contra la directora de Secundaria

Celsa Puente y Javier Landoni iniciaron juicio contra Jenifer Cherro, por “acusaciones falsas y opiniones denostativas, difamantes y agraviantes».
07 de diciembre de 2021 - 07:23

Los ex jerarcas del Consejo de Educación Secundaria (CES) Celsa Puente -directora general entre 2014 y 2018- y Javier Landoni -consejero del organismo de 2015 a 2020- presentaron este lunes un escrito para iniciar un juicio civil contra la actual titular de la Dirección General de Educación Secundaria (DGES), Jenifer Cherro, la exdirectora del liceo 1 de San José, Miriam Arnejo, y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Los denunciantes entienden que sufrieron daños y perjuicios morales a raíz de “acusaciones falsas y opiniones denostativas, difamantes y agraviantes” que Cherro y Arnejo expusieron públicamente “de forma reiterada, intencional y contumaz”.

Puente y Landoni entienden que las declaraciones que la jerarca y la ex directora hicieron a la prensa sobre licencias sindicales supuestamente concedidas durante su gestión en el CES no se ajustan a la verdad: “Jamás justificamos licencias sindicales al amparo del artículo 70.10 del Estatuto del Funcionario Docente” de la ANEP, afirman. En el marco de dichas acusaciones, Cherro dispuso la apertura de una investigación administrativa y, en paralelo, la Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión investigadora para estudiar el tema.

Además en la demanda civil resaltaron especialmente que los dichos públicos de Cherro sobre el tema, realizados en julio de este año en varios medios periodísticos, representan una “violación del artículo 171 de la Ordenanza 10 de la ANEP”. Dicho artículo plantea que la actuación de este tipo de investigaciones administrativas es reservada y que la violación de esa disposición implica una “falta grave”.

La ex directora de Secundaria dijo que en las últimas semanas los demandantes estuvieron analizando el caso y se definieron por iniciar acciones civiles, por las que piden una indemnización de 50.000 dólares cada uno. También están analizando iniciar acciones penales.

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