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La bancada de legisladores del Frente Amplio (FA) (tanto diputados como senadores) recibió en las últimas horas a los directores de Ancap, Antel, UTE y OSE que responden a su partido, para que informen sobre la política de “desmantelamiento de los entes públicos” y “la judicialización de una serie de aspectos”, dijo en conferencia de prensa Ricardo Ehrlich, coordinador de la fuerza política.
Tras la reunión, Ehrlich, las senadoras Liliam Kechichian y Silvia Nane, y el diputado Gustavo Olmos brindaron una conferencia de prensa.
OSE
Los parlamentarios denunciaron que en OSE el gobierno eliminó los 240 millones de dólares que el Frente Amplio dejó para invertir en el suministro de agua potable y saneamiento.
Cuestionaron que no se realizará la represa de Solís chico para el suministro de agua potable, y se anularon tanto la represa de Casupá como las obras de saneamiento en Pando norte.
Con respecto a Antel, indicaron que la empresa tiene una restricción del 30% en inversión, y de 20% en sus gastos, lo cual se suma al aumento récord de egresos y se acumulan en caja unos 180 millones de dólares.
Desde el FA denunciaron que “no hay un plan estratégico” en Antel y es el peor semestre de desempeño en inversión. Indicaron que sólo se instalaron 28 kilómetros de fibra óptica en tendidos nuevos, hubo un incremento de 1% de las radio base de 4G y LT para transmisión de datos, y se ha frenado la tecnología 5G.
Sobre Ancap, el FA cuestionó que la actual administración encargó auditorías sobre el horno de Paysandú y los pagos a Petróleos de Venezuela (PDVSA), las cuales han sido archivadas por falta de méritos.
Se insistió en la necesidad de discutir la promesa electoral del actual presidente Luis Lacalle de bajar los combustibles.
Finalmente, el Frente Amplio rechazó la decisión del gobierno de no reponer el capital humano de las empresas públicas, porque ello determina una caída en la calidad de los servicios, y genera un impulso para imponer una estrategia de sustitución de la actividad pública por empresas privadas.
