Con respecto a las modificación de la ley urgente en materia de violencia de género, se manifiestan en contra de la creación de la Dirección General de Violencia de Género «dirigida por un cargo de confianza política, sin que se prevean requisitos de capacidad en el tema y experiencia». Ademas, cuestionan que se trata de una Dirección que pasará de 326 a 56 lugares de denuncia en todo el país alejando más aún la posibilidad de denuncia que ya hoy es precaria».
La alerta es también ante «un estado exacerbadamente punitivista, cuya única respuesta a la violencia sexista es el aumento de las penas y donde ni la prevención ni la reparación están contempladas», argumentan.
También se pronuncian en contra de los «desalojos express» que afectan en primer lugar a las madres solas y con hijas o hijos a cargo.
Otros de los motivos de esta movilización son «la liberación de la bancarización obligatoria que permite a los empleadores safar del control del Estado, y acentuar la precarización laboral en la que estamos mayoritariamente las mujeres y disidencias».
«Alerta ante esta ley que aumenta la feminización de la pobreza y que amenaza nuestra libre expresión y nuestro derecho a la denuncia y la protesta».
