«Considero que el análisis realizado por los denunciantes es verosímil y lógico, por lo que entiendo atinado formalizar el impulso de la acción penal y realizar las medidas de prueba que resulten útiles para esclarecer lo sucedido», explica el fiscal Di Lello en su resolución, divulgada por los denunciantes.
En concreto, Claudio Lozano y Jonatan Baldivieza señalan en su querella que la conducta del Gobierno para acordar el pasado junio con el FMI un crédito de 50.000 millones de dólares es «violatorio a la Constitución» .
Según disposiciones legales a las que hacen referencia, el Poder Ejecutivo tenía que haber sometido el acuerdo al estudio del Legislativo, algo que no ocurrió al interpretar el oficialismo que se trata de un asunto sobre el que el Congreso no tiene competencia.
«El acuerdo con el FMI no cuenta con aprobación del Congreso. Por lo tanto, el presidente de la Nación y los funcionarios y ministros que han operativizado su firma y ejecución se está arrogando facultades del Congreso» añaden los denunciantes.
Asimismo, exigen que cautelarmente se suspenda la ejecución del acuerdo y que el Gobierno se abstenga de «futuros retiros o solicitud de fondos» de ese plan y del uso de los fondos de dinero ya transferidos (15.000 millones de dólares» .
«Ahora está en manos del juez federal Ercolini frenar el acuerdo y proseguir con la investigación de este endeudamiento unilateral firmado por el Gobierno de Cambiemos sin el acompañamiento de los representantes de la ciudadanía Argentina», señalaron los denunciantes en un comunicado.
Fuente: EFE
