El gobierno de Lacalle Pou y el opaco proceso de selección de Cardama
Un exjerarca de Defensa confirmó lo que se sospechaba. El proceso de compra de 2023 no fue competitivo y siempre estuvo direccionado hacia el astillero Cardama.
Con el contrato ya rescindido por un cúmulo de incumplimientos e irregularidades por parte de Cardama, el foco vuelve a centrarse en la polémica decisión del gobierno de Luis Lacalle Pou, de seleccionar para la imprescindible adquisición de dos patrulleras oceánicas (OPV) para la Armada Nacional a un desfinanciado e inexperto varadero, en un falso proceso competitivo.
Actualmente existen tres líneas de investigación sobre el caso Cardama. Fiscalíade Delitos Económicos investiga un presunto fraude denunciado por el Estado uruguayo relativo a garantías apócrifas presentadas por la empresa; el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) investiga a exfuncionarios por su proceder presuntamente benefactor hacia Cardama (y en contra del interés nacional); y una comisión parlamentaria investiga todo el proceso de compra de dos OPV, aunque el período más caliente irá desde la elección de Cardama por parte del gobierno de Lacalle Pou, en abril de 2023, hasta la rescisión del contrato con el varadero español por parte de la Administración de Yamandú Orsi el pasado 13 febrero, que abrió una nueva instancia legal, en la que el Estado uruguayo reclamará lo pagado.
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En el ámbito parlamentario, esta semana finalizó la primera etapa de la comisión bicameral de comparecencias vinculadas a autoridades de los gobiernos del Frente Amplio (2010-2020) en el marco del análisis del proceso de adquisición de dos OPV; con el objetivo de reconstruir las decisiones políticas iniciales sobre el asunto.
La responsabilidad política detrás del Cardamagate
Tras la comparecencia del excomandante de la Armada, almirante (r) Leonardo Alonso, el presidente de la comisión investigadora, el senador Nicolás Viera, sostuvo que los testimonios recogidos hasta el momento refuerzan la idea en los mandos militares nunca tuvieron potestad para decidir compras, sino que su función siempre se limitó a asesorar técnicamente a los jerarcas del Gobierno.
“La decisión siempre es política y le corresponde a quien ejerce el mando del ministerio”, subrayó. En ese sentido, el legislador del Frente Amplio marcó una contradicción en el discurso esgrimido oportunamente por el exministro de Defensa Javier García, quien minimizó el peso político en la selección de Cardama, al enfatizar en que lo determinante fue la votación de los almirantes de la Armada.
Según Viera, esa interpretación intenta “desdibujar la responsabilidad política” de seleccionar a un astillero sin experiencia para la construcción de las dos OPV. “Uruguay se embarcó en comprar un prototipo a un astillero que no tenía experiencia en este tipo de patrulleras, cuando ese nunca fue el criterio técnico”, recordó. Para el senador, este punto refuerza la idea de que la decisión no estuvo guiada exclusivamente por recomendaciones técnicas planteadas por la Armada.
Este aspecto, es clave estimó Viera, para entender el proceso que llevó al gobierno de Lacalle Pou a concretar la compra con el astillero Cardama, a su entender, una selección final que responde a una decisión política que debe ser analizada en profundidad. En ese sentido, la próxima semana está previsto que comiencen a ser citados los jerarcas del gobierno pasado (2020-2025). Viera propuso que, en primera instancia sea citado el excomandante en jefe de la Armada, contralmirante Jorge Wilson, pero la convocatoria quedó en suspenso a partir de una moción presentada por legisladores de la coalición, que fue argumentada por el senador nacionalista Gabriel Gianoli durante la última sesión de la comisión investigadora.
“Para abordar la presencia del comandante Wilson hay información sensible que entendemos que no está”, disponible explicó Gianoli, en referencia a una serie de pedidos de informes, “entre otras cosas, investigaciones del grupo de trabajo que se encomendó específicamente para seguir el proceso de construcción de las patrulleras”, que a entender del legislador contiene información “fundamental”.
La dilatación de la comparecencia de Wilson pretende evitar que las autoridades políticas y de la Armada del gobierno anterior no concuerden al explicar qué peso específico tuvo la parte política en la decisión final de la elección de Cardama.
Lacalle-Javier-Garcia
Para eso, es menester rememorar cuando en enero de 2023, el entonces ministro de Defensa García anunciaba que la licitación internacional en la que participaron astilleros con experiencia probada en la construcción de OPV había quedado desierta, debido a que el monto de la oferta de la empresa china CSTC (que cumplía con todos los requerimientos técnicos) excedía el presupuesto disponible, aunque también fue determinante una carta que el Gobierno de EEUU envió al senador nacionalista Carlos Camy (entonces presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Senadores), transmitiendo al Gobierno uruguayo su "preocupación" por la compra de insumos militares a la República Popular China.
El opaco y direccionado proceso de 2023
Tras quedar por el camino el proceso licitatorio, el Gobierno de Lacalle Pou comenzó una nueva etapa exploratoria para la compra de dos OPV que satisficiera las demandas de la Armada. A principios de abril, el gobierno descartó comprar dos buques usados de la Armada de Noruega, por lo que, a principios de mayo de 2023, el MDN lanzó un nuevo proceso de compra esta vez directa por excepción aparentemente competitivo, cuya especificidad técnica distaba mucho del pliego de 90 páginas (con 80 requisitos) establecidas en la licitación realizada en 2022.
Esta vez serían solo tres los requerimientos exigidos: un desplazamiento de más de 1.500 toneladas, una cubierta de vuelo y un hangar para alojar a un helicóptero.
Fue el capitán de navío Marcelo Da Silva —el hombre de confianza del excomandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson— quien se comunicó telefónicamente con los representantes de distintos astilleros que ya habían participado en proceso anterior y también con el varadero Cardama (que no había concursado en la licitación y no tenía experiencia en construir buques tipo OPV) para pedirles que presenten ofertas a partir de esos escasos requisitos técnicos.
Varios de los encumbrados astilleros, sorprendidos por la informalidad del nuevo concurso, pidieron recibir por escrito las pautas del nuevo procedimiento para poder discutir los términos con la empresa. También cuestionaron que el plazo establecido era extrañamente acotado, puesto que las propuestas debían ser entregadas al comando antes de que terminara la tercera semana de mayo de 2023.
Finalmente se presentaron siete astilleros de varios países: Francisco Cardama y Gondán (España), Hyundai (Corea del Sur), Cotecmar (Colombia), CSTC (China), Damen (Países Bajos) y Kership (Francia). Las ofertas fueron distribuidas el 22 de mayo a los siete almirantes que tuvieron solo tres días para definir su selección.
La votación de la Junta de Comandantes de la Armada
El viernes 26 de mayo de 2023, se realizó la famosa votación para seleccionar un astillero. La decisión no fue unánime. Cardama resultó ganadora tras ser elegida solamente por tres de los siete almirantes: el entonces jefe de la Armada Jorge Wilson, Héctor Magliocca y José Luis Elizondo (actual comandante en jefe).
Quien era el jefe del Estado Mayor de la Armada, Gustavo Musso, fue el único que presentó un informe técnico y financiero de los astilleros concursantes, ubicando como mejor opción a Gondán y, como peor, la del astillero Francisco Cardama S.A., justificada por su situación financiera, insuficientes capacidades (lo confirmó la auditoría de Bureau Veritas) e inexperiencia en la construcción de OPV.
Los contralmirantes Miguel de Souza, Gustavo Luciani y Mario Vizcay tampoco eligieron a Cardama como la mejor opción para construir dos OPV para la Armada. De Souza se inclinó por la colombiana Cotecmar (que en este período ya entregó OPV como las que pretendía Uruguay); Luciani por la oferta de la china CSTC, aduciendo que ya había sido aprobada por una comisión asesora y otra técnica; mientras que Viscay se abstuvo, según supo Caras y Caretas, porque advirtió que “la mano venía direccionada". Acontecimientos posteriores terminaron confirmando esta sospecha.
El viaje del Elgue y Da Silva a Vigo
Diez días antes de la votación de la Junta de Comandantes de la Armada, el subsecretario de Defensa, Rivera Elgue, junto a Marcelo Da Silva —jefe de gabinete de Wilson que realizó los llamados a los representantes de las empresas— aprovecharon un viaje oficial a España que incluía una feria naval en Madrid para hacer una visita al astillero Cardama en Vigo.
Sospechosamente, fue la única visita a las instalaciones de una de las empresas participantes, lo que causó desconfianza de varios de los representantes de los otros astilleros interesados que también habían cursado invitaciones similares sin obtener respuestas del gobierno uruguayo, por lo que sintieron que se estaba manifestando preferencia por uno de los competidores.
En la Armada es un secreto a voces que Wilson, entonces comandante en jefe de la fuerza de mar, les explicó a algunos de sus súbditos que "el ministro (Javier García) les dijo claramente: es esto, o nada", en referencia a la oferta del astillero Cardama.
"No era un proceso competitivo"; oferta de Cardama fue elegida en Presidencia
Declaraciones realizadas por el exsubsecretario de Defensa, al ser entrevistado el 31 de octubre del año pasado en el programa Desayunos Informales de Canal 12, despejaron todo tipo de especulaciones sobre la decisión direccionada a Cardama. Elgue, explicó que cuando fue en misión oficial al astillero de Cardama en Vigo, entre el 14 y el 16 de mayo, la decisión ya estaba tomada por el Poder Ejecutivo.
Recordó una reunión en Torre Ejecutiva el 11 de abril donde el ministro García y el presidente Lacalle Pou firmaron varios acuerdos, entre los cuales estaba la definición de aceptar una oferta presentada por Cardama, que Elgue se excusó de conocer ese día y advirtió que era la única oferta sobre la mesa en ese momento.
Según explicó Musso -el exjefe del Estado Mayor de la Armada- en su declaración en la investigación administrativa, consignada por La Diaria, más tarde se enteraría que la primera propuesta de Cardama fue recibida por el ministro García (e inmediatamente trasladada a Wilson) el 2 de abril, cuando aún “no se había llamado a un nuevo proceso licitatorio para la adquisición de los patrulleros”.
Embed - Informe sobre Cardama "no representaba el pensamiento de la armada", dijo exsubsecretario de Defensa
El exdirigente de Cabildo Abierto y ex número dos de Defensa deslizó que el posterior llamado a los demás astilleros fue una puesta en escena para mostrar “transparencia”. Reveló que “no era un proceso competitivo”, sino un proceso “comparativo”, para cotejar las demás ofertas con la recibida previamente de Cardama, que ya había sido aceptada por el poder político, puesto que dicha decisión fue acordada entre el ministro Javier García y el presidente Lacalle Pou en la Torre Ejecutiva, con la anuencia del jefe la Armada Jorge Wilson y tres contraalmirantes que luego prestaron su voto en una votación falsa e inocua.
Acerca de cómo llegó la oferta, algunas fuentes advirtieron a Caras y Caretas respecto a la cercanía del expiloto de la Armada, Gerardo “Bocha” Moreira, quien ofició de representante de Cardama en Uruguay y cobró una jugosa comisión por la venta de las OPV tras la caída en prisión de su anterior lobbista Alberto Iglesias (expresidente de Casa de Galicia condenado por apropiación indebida en 2023), con el contralmirante Héctor Magliocca (que votó a favor de Cardama y pocos meses después fue ascendido) y con el edecán del Lacalle Pou, CN Gonzalo de Ocampo, ambos excompañeros de promoción de Moreira.
Tal vez esto explique la desesperación de Gianoli de contener las citaciones de exautoridades hasta que no reciba el informe pedido a la comisión asesora del MDN para la compra de las OPV integrada por los dos que habían visitado Cardama (Elgue y Da Silva), el director general de la secretaría del MDN, Fabián Martínez (según afirmaban en la interna militar, el “verdadero ministro de Defensa”, porque todo acuerdo económico del ministerio debía pasar antes por su oficina), el ya mencionado contralmirante Magliocca y el director de Recursos Financieros del Ministerio, el contador Damián Galó, quien junto a Martínez está en pase a comisión en el despacho del senador Javier García (todos de la Lista 40 del PN), y que por ahora es el único sumariado en la investigación administrativa del MDN.