La abogada dijo que la fiscal comentó que “está dispuesta a formalizar luego de la feria judicial mayor a algún jerarca policial”. El homicidio de Olivera insumió 2 años y tres meses de investigación e involucra a varios policías -quienes presenciaron el operativo y quienes estaban en la guardia ese día-, que registraron en el sistema informático un hecho absolutamente distinto del ocurrido. En tanto la fiscal del caso “alega no tener tiempo para armar la formalización porque es la única fiscal para los dos turnos y tiene mucho trabajo”, respondió la abogada de Oliveira. Biscarra agregó que “hace tres meses pudo haber solicitado la formalización de los policías involucrados y, si no lo hace, que archive el caso que usaremos las herramientas que ofrece el Código de Proceso Penal para que otro fiscal lo reexamine”.
El homicidio de Olivera ocurrió el 22 de setiembre de 2020, dos meses después de aprobada la Ley de Urgente Consideración que introdujo dos variantes en el antiguo artículo 26 del Código Penal que establece la legítima defensa. Para su configuración se mantienen los elementos agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para repelerla o impedir el daño y falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Pero establece que “cuando la defensa deba ser ejercida respecto de cualquier derecho de contenido patrimonial, la racionalidad deberá ser apreciada con prescindencia de que no haya existido o ya hubiera cesado una agresión física a la persona que se defiende”. Y aunque en este caso los jóvenes se desplazaban en la moto con las ovejas faenadas y la única arma que portaban estaba dentro de la mochila que nadie podía visualizar, también la LUC incorporó expresamente que se presume legítima defensa de funcionarios del Ministerio del Interior o del Ministerio de Defensa que en ocasión o con motivo del cumplimiento de sus funciones repelen una agresión física o armada contra un tercero, empleando las armas o cualquier otro medio de defensa en forma racional, proporcional y progresiva, en cuanto eso sea posible, y en las mismas circunstancias agote previamente los medios disuasivos que tenga a su alcance sin perjuicio de la prueba en contrario”.
La lentitud de la investigación llegó a extremos: El resultado del análisis balístico ya estaba listo en noviembre de 2020, es decir, dos meses luego del homicidio. El informe de Policía Científica concluyó que dos de las tres armas incautadas a los tres efectivos policiales que intervinieron en la detención de los dos jóvenes involucrados en el abigeato fueron disparadas. En tanto, además de haber registrado un hecho falso en el sistema informático para dar cuenta a la Fiscalía, en el primer llamado que realizó el coordinador Ruben Olivera al fiscal Iglesias luego del disparo al joven, se describió que había un joven herido y luego, casi inmediatamente al primer llamado, se comunicaron nuevamente con el fiscal Iglesias para decirle que en realidad había un joven herido de bala. El joven que recibió el disparo en la cabeza por parte del policía murió cuatro días después del disparo en el Hospital de Artigas.
