Fiscalía y los embates de la política partidaria
Así como asistimos a la judicialización de la política, asistimos al intento de partidización de la Fiscalía.
02 de febrero de 2024 - 15:07
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Así como asistimos a la judicialización de la política, asistimos al intento de partidización de la Fiscalía.
Los fiscales, integran una institución (la fiscalía) que ha logrado su autonomía pero que no es ajena a la fuerte partidocracia uruguaya. Sobre las perspectivas de este fundamental órgano de justicia hablamos con el fiscal adscripto y presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, Willian Rosa.
Empecemos hablando de lo más general, que es esta seguidilla de cuestionamientos al funcionamiento de la Fiscalía y si está relacionado a que haya logrado su autonomía a nivel institucional.
Lo mejor para analizar estas cosas es verlas más en abstracto que verlas como inmersas dentro de la misma dinámica. Y si uno analiza lo que dicen, por ejemplo, en el CEJA (Centro de Estudios de Justicia de las Américas), de cómo se implementaron las reformas acusatorias y el trabajo de otros institutos a nivel regional que analiza también cómo han sido los cambios de los acusatorios, el diagnóstico es el mismo; a partir de que el Ministerio Público pasó de estar a la sombra del Poder Judicial y adquiere una relevancia por el proceso acusatorio, ahí le empezaron a echar mano atacándolo, ya sea por temas de seguridad, ese discurso general que hay de que “los policías lo agarran y los fiscales lo sueltan”, o diciendo que “los índices de inseguridad se dan porque los fiscales son muy benignos”.
Por otro lado, también está agarrar a la Fiscalía un poco de la solapa para que no tenga tanta independencia o tanta autonomía, sobre todo para no investigar a cabalidad aquellos delitos que afectan determinadas esferas del poder.
Vos vas a ver que en hurtos, rapiñas, violencia privada y delitos comunes la Fiscalía no va a tener problema en desempeñar su función. Ahora, cuando tienes a la Fiscalía investigando la corrupción, el crimen organizado, ahí ya empiezan los problemas, y así como hablan de la judicialización de la política, después se acusa de politización de la Justicia.
Son estas lógicas del lawfare que utiliza al sistema de justicia con miradas electorales o de política partidaria. Entonces en toda esa dinámica hay algo transversal, sobre todo a nivel regional, de apelar a la Fiscalía, y nosotros, como venimos en la cola de los que han implementado el proceso acusatorio, recién ahora estamos experimentando todo esto que a nivel regional ya se ha venido experimentando. Entonces, cuando vos tenés la experiencia en lo comparado, es una calamidad que no lo alertes y trates de evitarlo.
Nosotros tratamos de apelar al diálogo, pero llega un momento en que te llueven los palos, y no es que te critiquen en el sentido decir que la Fiscalía actúa mal, sino que es la mera crítica y de querer achacarte una intencionalidad, de que estás permeado por la lógica de determinada fuerza política o por la ideología de género, o se dice que los fiscales tienen animosidad respecto de determinados actores políticos.
En el año 2013 hubo un fiscal que después terminó siendo fiscal de Corte subrogante, Juan Gómez, que pidió el procesamiento del ministro de Economía y del presidente del Banco de la República en el año 2017. Hay un fiscal que pidió el procesamiento de quien fuera vicepresidente de la República (Sendic) y no se generó tanto ruido.
¿Cuándo cambia esa lógica?
El ruido se genera cuando cambia la lógica del sistema y aparece la Fiscalía como un actor relevante.
El primer hecho tal vez fue cuando el diputado Mujica (del Partido Nacional) aparece criticando al fiscal Pacheco, diciendo que ese fiscal estaba al servicio de Díaz (fiscal de Corte en ese momento), puesto para proteger al Frente Amplio para que tengan una campaña electoral tranquila sin juicio en el horizonte. Y ahí te das cuenta de que la Fiscalía va a ser una institución a la que le van a pegar de esta forma por lo bajo; te pegan en la zona de flotación, tratando de generar en la población un descrédito en la institución.
Flaco favor se hace a lo institucional, porque después, si vos sembrás desconfianza en una institución, no la podés recuperar.
Ahora la Fiscalía tiene credibilidad, pero si vos machacás y machacás esa desconfianza en la institución, después vas a recoger que la gente va a empezar a no creer en el valor y en el trabajo de la Justicia.
¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades institucionales en su funcionamiento mismo?
Creo que una fortaleza que tiene la Fiscalía es una trayectoria de fiscales que tienen una cultura de desapego de lo político partidario con la Justicia; o sea, hay un una cultura clara que viene inyectada mismo desde la Facultad de Derecho.
Obviamente, los fiscales son personas y eligen en cada elección quién es su candidato de preferencia, su partido de preferencia, pero después se hará celoso de que eso no se traslade al momento de trabajar.
Creo que es una fortaleza, porque es una cultura que es sostenida en nuestro país, respecto de otros países que no están claros en eso.
Otra fortaleza es el hecho de que los fiscales ingresan a la institución por concurso de oposición y méritos y ascienden por concurso de oposición y mérito; esa cristalinidad o transparencia en los procesos de hacer selección de fiscales disminuye la posibilidad de que haya una mano artera tratando de digitar un fiscal para determinada causa.
Obviamente, si vos tenés una manera en la asignación de casos, lo mejor es que los procesos sean lo más objetivos posible, justamente para eliminar la suspicacia.
Las debilidades tienen que ver con lo estructural; o sea, la Fiscalía está siempre acogotada en materia de presupuesto desde el momento de su creación, porque la crearon en el período anterior de gobierno y no le dieron recursos, y cuando arrancó el código tampoco se le dio recursos, y bueno, el “arrancar como puedas” fue un error tremendo.
En mi humilde análisis y en el análisis de la asociación de fiscales es que ahí el que pecó de creer que estaban dadas las condiciones, o lo hizo adrede para que el código saliera, fue el doctor Díaz. Eso fue reconocido a nosotros por el presidente de la República de aquel momento, el doctor Tabaré Vázquez, que una reunión que nosotros hicimos en 2019, reclamándole, obviamente, por los perjuicios a la interna de la institución por el cambio que había significado en lo que tiene que ver la implementación, él nos decía: “Tal vez nos apuramos en sacar el código en ese momento”.
Tal vez no estaban dadas las condiciones por todo eso que estaba pasando con la Fiscalía y nunca hubo un refuerzo institucional, un refuerzo de recursos pensado estratégicamente; cuando hablo de pensar estratégicamente, no es hacer lo que quiere la asociación de fiscales o hacer lo que quiere el fiscal de Corte, o hacer lo que quiere el sector político X, sino hacer lo que estratégicamente necesita la institución Fiscalía.
Falta visión a largo plazo que también es una debilidad, y la falta de visión a largo plazo está atada con la falta de consolidación en el cargo de fiscal de Corte. Hace dos años y medio que estamos en interinatos y el fiscal, que es interino, que es subrogante, no puede proyectar a diez años esta institución.
La visión a largo plazo reitero que es absolutamente necesaria para una institución que tiene como cometido la persecución criminal. Lo peor que le puede pasar en términos de fortaleza a una institución como esta es ir sorteando la coyuntura, porque quedás a merced de los intereses coyunturales.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, si el oficialismo está interesado en que se ataque a tal o cual delito, entonces el diseño del trabajo de la Fiscalía viene dado a veces desde afuera y no desde la propia institución.
Por eso aparece después esto del Ministerio del Interior tratando de señalarle a la Fiscalía cómo tiene que funcionar, que en la lógica del sistema es totalmente contrario. El nuevo código le impuso a la Fiscalía la dirección de las investigaciones penales y también la posibilidad de decirle a la policía, a través de una instrucción de instrucciones generales, cómo tiene que actuar en su rol de auxiliar de la Fiscalía.
La paradoja es que hoy es el Ministerio del Interior el que le quiere decir a la Fiscalía cómo tiene que funcionar.
¿Esas expresiones de las nuevas autoridades del Ministerio del Interior son por falta de experiencia o forman parte de una concepción política general dentro del sistema político?
Es opción B y tiene que ver con una mirada de seguridad policiaca, donde lo policial siempre quiere tener preeminencia; o sea, si las partes de la seguridad son prevención, represión, conjuración y persecución penal, incluso en la parte de persecución penal, que es el rol de la Fiscalía según la lógica del sistema, incluso ahí, lo policial quiere imponerse y es una concepción que tiene muy acendrado en lo político creer que si nosotros le decimos a la Fiscalía qué es lo que tiene que hacer y no lo hace, vamos a tener falla en la seguridad, porque en realidad hay una institución que no le hace caso a la lógica policial.
Lógica fortalecida en este periodo.
Hay eventos que ocurren en el plano criminal que hay que seleccionar y llevar a judicializar para que tengan una consecuencia jurídica, pero como todo sigue en la lógica de que se puede perseguir todo y hay que ir a una guerra frontal contra toda la delincuencia, pasa que cuando la Fiscalía primero tenía la posibilidad de aplicar el principio de oportunidad, se lo retrasaron; donde la Fiscalía tenía la posibilidad de ir a una suspensión condicional del proceso en donde la persona era responsabilizada, asumía obligaciones y si cumplía con esas obligaciones quedaba sin antecedentes, lo eliminaron; y ahora lo mínimo que queda, que es la libertad a prueba, también. O sea, las medidas alternativas a la prisión también lo limitaron y ahora, en lo que la Fiscalía puede resolver, que es llegar a un acuerdo con un imputado para que a esa persona que se haga cargo del hecho que cometió se le aplique una pena disminuida, también lo modificaron.
Ante estos nuevos desafíos ¿la capacitación técnica y profesional de los fiscales es suficiente para lograr moverse con independencia o para dar respuesta?
Creo que nosotros jamás pensamos en la posibilidad de que realmente haya centros de interés (y no simplemente hay que pensar en la política, sino también en el crimen organizado) que tengan pensado ingresar dentro de la Fiscalía. Hoy en día el trámite de ingreso a la Fiscalía es que un abogado con dos años de haber jurado el título puede concursar para la Fiscalía; no existe la posibilidad de que a alguien, desde un centro de interés, le digan: “Vos vas a ser nuestra persona dentro de la Fiscalía, entonces presentate al concurso”. Acá alguien va a dar un concurso de oposición y méritos, hay entrevistas, un diagnóstico psicotécnico, psicolaboral y una evaluación de méritos. Pero bueno, tranquilamente una persona podría pasar el examen y procurar ingresar a la Fiscalía, creo que es algo a pensar. Pero hoy no creo que pase por ahí el riesgo.
Yo creo que el riesgo mayor es una concepción de parte de quienes la emprenden contra la Fiscalía y se juega con algo que no necesariamente tiene repuesto.
Hablando de suspicacias, y no te estoy pidiendo un juicio de valor sobre la persona, pero la pregunta iba dirigida también al caso de actuación de fiscales en temas estrictamente políticos. Llama mucho la atención cómo esa independencia técnica es reivindicada por parte de algunos fiscales que luego terminan integrando partidos políticos, y el ejemplo es el de la exfiscal Fossati.
La gente puede sacar conclusiones sin que uno le tenga que bajar línea, creo que cada cual es lo suficientemente inteligente como para ver las situaciones y separar la arena de los guijarros.
La actuación de los fiscales al momento de tener un caso debe ser separada absolutamente de cualquier cuestión político-partidaria y es una actuación que tiene que ver con el plano del derecho.
Esto no inhibe a que haya fiscales que actúen de forma espuria. Alguien puede pensar, “mirá William, vos tuviste tal caso y a mí me parece que actuaste mal porque en realidad vos sos una persona afrodescendiente, y en tal caso tuviste una mirada condescendiente con el delincuente porque era afrodescendiente”.
Yo tendré una explicación para eso, argumentando que la persona no había cometido el delito porque las evidencias que vos tenés así lo prueban.
Luego hay que tener en cuenta lo excepcional, que es que un fiscal pase de la Fiscalía al plano de la política. Son contados con los dedos los casos en que eso ha ocurrido.
No podemos tampoco horadar el valor política diciendo como que es algo horrendo; hacer política es una actividad fundamental para la democracia, entonces no es que una persona no pueda hacer política después.
¿La Asociación ha realizado una valoración de la propuesta de allanamientos nocturnos?
Las evaluaciones que nosotros hemos hecho primariamente y sin analizar el fondo es en cuanto a lo que tiene que ver con la participación de fiscales, de que el fiscal tendría que estar presente mientras se hace el allanamiento. Lo vamos a evaluar con una mirada de defensa del trabajo de los fiscales y si eso en términos de seguridad es favorable o no, si en términos de política criminal es favorable o no; obviamente no al grito de la tribuna ni a boca de jarro, sino un análisis.
¿Hay recursos humanos en Fiscalía si se aprueba la propuesta?
Y la realidad es clara de que no hay recursos humanos para la normativa que tenemos, o sea que implica sobrecarga de trabajo. Hay infinidad de actores quejándose de las demoras que existen en Fiscalía y es una demora que, nosotros sostenidamente lo hemos reafirmado, es por falta de recursos, pero obviamente es algo a valorar, a analizar.
Más allá de los avatares con el mando político del Ministerio del Interior, ¿cómo es el funcionamiento de la fiscalía policía?
Es un relacionamiento que ha ido puliéndose y hoy son engranajes que se han ido ensamblando. En el caso de una fiscalía de flagrancia, habla con los oficiales de la zona. Si esto salió bien, si esto salió mal, qué es lo que se puede mejorar… Hay un ida y vuelta permanente y eso pasa en fiscalías especializadas y con las brigadas, etcétera. Y en el interior de la República también es así.
Con las direcciones políticas o las cabezas políticas del Ministerio del Interior y las jerarquías de la Fiscalía hay determinados ruidos, pero desde el primer momento del nuevo código; lo había con el ministro Eduardo Bonomi, lo había con el ministro Heber y ahora se dio este último.
Falta a veces diálogo interinstitucional o no canalizar las problemáticas en los ámbitos que corresponden, en Fiscalía de Corte, Ministerio del Interior, de ir al Consejo de Instrucciones Generales y plantear los temas, y a veces se hace mediáticamente. Creo que también el hecho de no tener un fiscal de Corte designado puede entorpecer.
Como gremio, esta forma de designación del fiscal de Corte, ¿cómo la evalúan?
Lo que nosotros vemos es que ni siquiera se puede cumplir con lo que establece la Constitución. Tal vez se proponen otras modificaciones, pero el problema lo tenemos ahora, entonces activemos el mecanismo que está previsto constitucionalmente.
Lo que sí vamos a decir es que estamos en contra de aquellas propuestas que sugieren una partidización de la Fiscalía y han habido propuestas en esto de designar un director que responda a los intereses del partido y dos directores que respondan a la mayoría, como en las empresas públicas.
Creemos que esa lógica en la Fiscalía no puede estar, justamente porque hay que alejar lo máximo posible la vida político-partidaria de la Fiscalía.